Emergencia por el coronavirusUnos correos destapan el escándalo de la gestión de Ayuso en las residencias y desatan una tormenta en su Gobierno

Una tormenta política de consecuencias aún imprevisibles se cierne sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus, cuando las muertes en los geriátricos madrileños superaban el centenar cada día. 

En ese sentido, esta semana ha sido nefasta para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: ha terminado por confirmarse, si no lo estaba ya, lo que empezó siendo una sospecha, la de que desde su Gobierno se dio una orden para que no ingresaran en los hospitales todos los ancianos enfermos por coronavirus. Ahora esa sospecha se ha convertido en una certeza y el Gobierno de Ayuso se ha visto obligado a dar una versión que suena a excusa, la socorrida de que todo fue "un error".

Esta semana también ha quedado claro que esa decisión de no derivar a los ancianos enfermos provocó una guerra, soterrada en un principio, en el seno del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso entre los consejeros de Ciudadanos y los del PP. Una guerra que a día de hoy ya es abierta y amenaza con provocar un auténtico cisma. 

El origen de este conflicto reside en las órdenes –"protocolos" lo llaman desde el Gobierno madrileño– que se dictaron en los primeros días del confinamiento, cuando el virus circulaba libremente y se cebaba especialmente en las residencias madrileñas, donde ya han muerto más de 6.000 ancianos desde el inicio de la pandemia. Entonces se elaboraron unos protocolos de derivación de personas mayores con la covid-19 de residencias a centros hospitalarios. El que finalmente llegó a los geriátricos fue el que desaconsejaba derivar a los ancianos enfermos a los hospitales en función de varios criterios, entre ellos el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual de la persona enferma.

La Comunidad de Madrid asegura ahora que "ese protocolo" se difundió "por error". Sin embargo, las cifras parecen desmentir esa versión de los hechos: según Infolibre, "entre el 25 y el 30 de marzo fallecieron 1.364 residentes en Madrid y sólo el 13% fue trasladado previamente a un hospital". Un porcentaje de ingresos tan bajo no puede deberse a un error.

Lo que sí parece incuestionable es que ese protocolo se distribuyó en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales, responsable de la gestión de las residencias, según reveló el pasado lunes su titular, Alberto Reyero, miembro de Ciudadanos. 

En ese sentido, el diario El País desvela este viernes los dos correos electrónicos que Alberto Reyero envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, el pasado 22 de marzo, advirtiéndole de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales, tal y como indicaba el "borrador" de ese protocolo. 

Según 'Infolibre', "entre el 25 y el 30 de marzo fallecieron 1.364 residentes en Madrid y sólo el 13% fue trasladado previamente a un hospital"

Según esta información, Reyero le escribió entonces a Ruiz Escudero que sin colaboración "muchos residentes" podrían "fallecer de forma indigna". También le advertía de que se incurriría "en una discriminación de graves consecuencias legales" si se negaba ese traslado a las personas con discapacidad de cualquier edad. Ruiz Escudero entonces optó por el silencio y dio la callada por respuesta.

El consejero de Sanidad también calló cuando el pasado lunes 1 de junio, Reyero, esta vez públicamente, volvió a mostrarse "radicalmente en contra" de las órdenes el Gobierno de Ayuso por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores en pleno pico de la pandemia del coronavirus. "La derivación [a hospitales] debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", dijo el pasado lunes. 

Este viernes, sin embargo, el consejero de Sanidad ha saltado como un resorte para responder a su compañero de Gabinete: Ruiz Escudero acusa a Reyero de filtrar los correos electrónicos a la prensa y de practicar un "faraseísmo político sorprendente".

Más allá del enfrentamiento político, lo que subyace es una negligente gestión de las residencias de ancianos por parte de la Comunidad de Madrid:  impedir el ingreso de ancianos enfermos a los hospitales es ilegal.

Acerca del protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos a los hospitales, Ruiz Escudero ha vuelto a repetir este viernes la versión a la que parece agarrarse definitivamente el Gobierno de Ayuso, la de que "ese protocolo" se envió por "error" a los centros sociosanitarios. Ruiz Escudero lo dijo este pasado jueves en la Asamblea de Madrid y lo ha repetido como un mantra este viernes. Según el consejero de Sanidad, el Gobierno de Díaz Ayuso trabajó en hasta seis borradores distintos "hasta el documento definitivo, que fue el del 25 de marzo".

Sin embago, una información de Infolibre firmada por Manuel Rico, desmiente de principio a fin esa versión oficial. El periodista asegura que no es verdad que haya un solo un documento, sino que existen dos protocolos diferentes, uno de ellos más político, en el que se fijan los criterios, y de otro de carácter más técnico. Hubo varias versiones de cada uno de ellos. Rico, además, destaca una segunda falsedad de la versión del Gobierno madrileño: asegura tener pruebas documentales de que el primer protocolo se envió a hospitales y residencias el 18 y el 20 de marzo, antes de lo que dice el Gobierno de Ayuso. Por último, Rico denuncia una tercera mentira del Ejecutivo madrileño y así lo escribe: "No es verdad que del 'documento' existan 'hasta seis versiones y todas ellas fueron borradores', antes de que se aprobase la 'versión definitiva'. La manipulación del Gobierno Ayuso consiste nuevamente en reducir los dos Protocolos a uno".

El 'comodín' de Pablo Iglesias

Pero lo peor para Ayuso, su Gobierno y el PP –con Vox haciendo bulto– es que las palabras del consejero de Políticas Sociales han dinamitado su estrategia para tapar su gestión en las residencias de mayores: echar la culpa a otro, en concreto a Pablo Iglesias.

Hace ya semanas que la derecha y la ultraderecha acusan sin disimulo a Iglesias de eludir su "responsabilidad" sobre estos centros. Y para ello no tienen ningún empacho en utilizar descalificaciones de grueso calibre: la última ha sido la de una diputada del PP, que ayer mismo dijo que Iglesias había convertido las residencias de mayores "en una cárcel y en una tumba colectiva". 

La propia Isabel Díaz Ayuso ha sido muy activa en señalar al vicepresidente del Gobierno, en lo que es un claro intento de desviar la atención en este asunto, algo que la presidenta madrileña lleva haciendo casi desde el primer minuto de la emergencia sanitaria. Pero la verdad es que cada vez está más acorralada por la realidad.

Las palabras de su  consejero de Políticas Sociales han dinamitado la estrategia de Ayuso para tapar su gestión en las residencias de mayores: echar la culpa a otro, en concreto a Pablo Iglesias

Y la participación de Pablo Iglesias en la polémica tampoco le ayuda demasiado; más bien enreda aún más la madeja política. Aunque Iglesias es un comodín para la derecha, lo cierto es que al vicepresidente no le cuesta mucho desmontar los argumentos en su contra, poniendo así en evidencia la estrategia de Ayuso y su Gobierno con relativa facilidad. Volvió a ocurrir ayer, jueves, en el Congreso, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Iglesias tuvo un nuevo rifirrafe con PP y Vox por las residencias de ancianos y volvió a defender la necesidad de abordar la situación de un "modelo de residencias precarizado y privatizado".

A Iglesias le acusan de ser el responsable político de las residencias de ancianos pero no lo es. Es cierto que el pasado 19 de marzo, en una rueda de prensa,  anunció un paquete de medidas  que incluía 300 millones de euros para reducir el impacto del coronavirus en las residencias de ancianos. También anunció una orden para "reforzar a la única autoridad que tiene competencia en las residencias de ancianos que son las comunidades autónomas". Pero él en ningún momento asumió las competencias, en contra de lo que la derecha y la ultraderecha quieren hacer creer desde hace semanas. 

Pablo Iglesias responde continuamente que las residencias de los mayores, así como de los hospitales, son competencia de las comunidades autónomas. Pero ayer, al defenderse una vez más de los furibundos ataques de la ultraderecha, fue cristalino y dejo en evidencia a sus críticos: "Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. ¿Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio Gobierno como de posiblemente ilegal?".

Esa es la pregunta a la que Ayuso no puede encontrar una respuesta.