El Gobierno aprobará una reforma limitada de la malversación que dejará fuera los casos de corrupción

El anuncio sobre la derogación del delito de sedición, plasmado por PSOE y Unidas Podemos en una iniciativa parlamentaria tras un pacto con ERC, concitó en un principio un amplio consenso entre los grupos del Congreso. Poco después, surgieron críticas desde algunos colectivos y movimientos sociales sobre la sustitución del concepto de sedición por el de desórdenes públicos agravados, un cambio que, a su entender, puede abrir la puerta a que se castiguen actos de protesta pacíficos. Una situación parecida se ha dado ahora con la reforma del delito de malversación. El Gobierno abre la puerta a aprobarla pero con ciertos límites claros. 

Sobre la sedición, Unidas Podemos ha deslizado la posibilidad de presentar una enmienda a su propio texto para salvaguardar, si hiciera falta, la movilización social al mismo tiempo que otras formaciones de izquierdas han avisado de que estarán pendientes para que esta modificación "no contribuya a recortar derechos".

Pero más allá de esta cuestión, ha habido otro asunto que ha despertado ampollas entre los grupos del Congreso, y también entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo: la reforma del delito de malversación a través de una eventual enmienda de ERC en el marco de la derogación del delito de sedición. 

En esencia, y después de que el Gobierno, concretamente la parte socialista, no cerrara la propuesta a retocar la malversación, varias fuerzas políticas, incluido Podemos, han planteado serias dudas ante un "tema delicado" con muchas "aristas" que puede dar pie al beneficio de personas penadas por casos de corrupción. Si bien, en este debate, Moncloa asegura que de acometerse una reforma en este sentido, se acotaría para que no afecte a las prácticas de corrupción.

Moncloa aclara que acotaría la reforma

En el Gobierno de Pedro Sánchez la cautela es una de las máximas principales. Son conscientes de que es un tema difícil de comunicar y por ello en público han esquivado dar pistas al respecto. No lo hizo este lunes Pilar Alegría desde Ferraz ni tampoco Isabel Rodríguez en Moncloa pese a las insistentes preguntas de los medios de comunicación. 

La ministra portavoz se limitó a apuntalar la idea de que el compromiso del Gobierno se ceñía únicamente a la reforma del delito de sedición. Algo que a su juicio, en la única concesión que hizo al respecto del tema, "no es incompatible con que los grupos planteen sus enmiendas". Además, preguntada sobre cómo podría afectar una reforma de este delito a los casos de corrupción, Rodríguez quiso transmitir un mensaje claro: "La lucha contra la corrupción, la ejemplaridad de la vida pública es una seña de identidad de este Gobierno", dijo. 

Desde Moncloa destacan varias claves en estos momentos. La primera, que no se está negociando todavía nada de forma oficial con ERC. Pero que hay disposición a ello, como en cualquier otro trámite parlamentario. El Ejecutivo tiene claro que si sale adelante una reforma así tiene que haber ciertos límites para que no afecte a casos de corrupción claros. Y que el primer paso, en todo caso, es estudiar las propuestas que lleguen en el ámbito del Congreso. 

Sí que dejó caer alguna reflexión importante la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza de profesión. "La regulación del delito de malversación es muy desigual, porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo", dijo en una entrevista en Antena 3. 

ERC apuesta por reformar el delito de forma "quirúrgica"

En esta línea, los republicanos aseguran que negocian con el PSOE una reforma en estos términos. Esto es, modificar el delito de malversación de forma "quirúrgica" para ligarlo a la derogación del delito de sedición. "No tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción, a Junqueras se le juzgue por malversación", ha señalado su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.

Consciente de los recelos que pueda suscitar la propuesta, ha insistido en que en ningún caso puede vincularse a las prácticas de corrupción. "Hay que intentar definir y acotar el Código Penal para modernizarlo y no dar lugar a interpretaciones capciosas, interesadas o ideológicas por parte de los jueces", ha señalado sin dar más detalles sobre cómo se articulará la enmienda que presenten en esta dirección y que el PSOE se abre a estudiar. Si bien, fuentes del grupo republicano aseguran que intentarán pactar con los socialistas este asunto antes de presentar su propuesta para que haya garantías de que no se tumbe.

La reforma del delito de malversación pasa por volver al texto anterior a la reforma que introdujo el PP en 2015, después del 9-N, para procesar a los líderes independentistas que usaran fondos públicos para las consultas soberanistas. La modificación consistió en cambiar el término "quien sustraiga o ayude a sustraer" por "quien administre fondos públicos de manera desleal".

Diferencias también en Unidas Podemos

Pero esta idea, cuyo equilibrio jurídico se tercia complicado, ha suscitado serias dudas y no solo por parte de la oposición. Dentro del espacio confederal de Unidas Podemos, la formación de Ione Belarra se ha mostrado reticente a reformar la malversación, mientras que IU y los comunes sí son partidarios.

En este sentido, el portavoz del grupo morado, Pablo Echenique, ha avanzado que el equipo jurídico de la formación morada estudiará "con mucho cuidado" este asunto. También, ha confirmado que aún no se ha compartido este debate con el resto de formaciones que integran el espacio confederal en el Congreso.

Echenique ha hecho esta afirmación en referencia a las palabras del presidente parlamentario de Unidas Podemos y representante de los comunes, Jaume Asens, quien se mostró a favor de rebajar las penas previstas para el delito de malversación en el caso de que no haya enriquecimiento personal. Asimismo, este mismo martes, el portavoz adjunto y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha defendido que, en el marco de la reforma del delito de sedición, le parece "bastante conveniente adaptar otros tipos penales" que no están debidamente adecuados a la realidad actual.

PNV y EH Bildu no entran a valorar de momento la propuesta a la espera de que se concrete, pero otros socios del Gobierno, como el diputado Joan Baldoví, ha asegurado que esta reforma le genera "problemas" ante el riesgo de que se puedan ver beneficiadas personas condenadas por casos de corrupción, como los vinculados al PP. 

Por su parte, desde el PDeCAT han adelantado su predisposición a examinar la reforma de la malversación para que beneficie a los líderes del procés y que se distinga entre los tipos de corrupción. "Debe haber un diferente trato en la pena", ha aseverado su portavoz parlamentario, Ferran Bel.