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El Gobierno abre la puerta a la reforma del delito de malversación 

Esquerra Republicana de Catalunya pide derogar la reforma que el gobierno del PP acometió en 2015 para poder procesar a los líderes independentistas que planearan destinar fondos públicos para las consultas soberanistas.

EL presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
EL presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Pau Barrena / AFP

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha abierto la puerta este lunes a reformar el delito de malversación, una de las principales reivindicaciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), una vez planteada la derogación del delito de sedición. El ministro ha explicado en una entrevista en La Ser que habrá que esperar a la tramitación parlamentaria de proyecto de ley de modificación del delito de sedición para comprobar qué enmiendas relacionadas con la malversación puede presentar ERC.

Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, ya ha confirmado en diversas entrevistas este fin de semana en la prensa catalana que ERC presentará una enmienda para reformar el delito de malversación, por el que fueron condenados varios de los líderes del 'procés', entre ellos, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. 

Aragonés quiere revertir la reforma del Código Penal que acometió el Partido Popular en 2015 para poder procesar a los líderes soberanistas que quisieran destinar fondos públicos para la celebración de un referéndum independentista. 

La reforma del Gobierno de Rajoy introdujo una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos (artículos 432 y siguientes). De esta manera, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Basa y Jordi Turull fueron condenados por sedición en concurso medial con un delito de malversación. 

Hay que recordar que el expresidente catalán Artur Mas no fue juzgado por malversación por la consulta del 9-N, ya que la suspensión de aquel proceso de consulta de noviembre de 2014 ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) fue cautelar, por lo que no se había resuelto aún la ilicitud de los fondos destinados.

En el caso del vicepresidente de la Generalitat, fue condenado a 13 años de inhabilitación, es decir, que no podrá presentarse a unos comicios hasta 2031. Ahora, al desaparecer el delito de sedición, el Supremo debe aclarar a qué delito, si a la sedición o a la malversación, iba aparejada esa pena accesoria. 

El Código Penal incluye un supuesto agravado del delito de malversación para cuando el perjuicio público sea superior a los 50.000 euros, y se prevé una agravación mayor de la pena, de hasta doce años de prisión, en los casos de especial gravedad. 

La Sala Segunda del Supremo en su sentencia sobre el 'procés' indicó a este respecto: "La disposición de fondos públicos que damos por acreditada supera
ampliamente la cantidad de 250.000 euros. Y fue ejecutada por quienes tenían la
condición de autoridad. Lo hicieron para conseguir la celebración de un
referéndum ilegal, respecto del cual carecían absolutamente de competencias y
que, con en el ropaje constituyente con el que fue presentado, implicaba una
conculcación flagrante de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía
catalán".

Según el president Aragonés, la reforma de la malversación beneficiará a quienes ya fueron condenados por ese delito en el juicio del 'procés' y a quienes están pendientes de otras causas en la que están implicados una treintena de cargos de segunda fila de la Generalitat. 

La hipotética reforma del delito de malversación, que ahora pena con entre dos y seis años de prisión y entre seis y doce de inhabilitación, podría ser tan sencilla, a tenor de las declaraciones de Pere Aragonés, como derogar la reforma de 2015 pero habrá que esperar a la enmienda de ERC para conocer los detalles.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado en una entrevista con El Periódico que "para pactar presupuestos (catalanes) con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación", un delito que ERC reclama también "adecuar" a la realidad actual. 

Junqueras opina que el delito por malversación actual ampara "la malversación por pensamiento, solo pensada". "Lo que se nos imputa no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum. Lo que se debe evitar es que alguien sea condenado por pensar en una malversación".

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