El terror no tuvo límites en la Argentina de Jorge Rafael Videla. Entre 1976 y 1983, la apropiación de bebés se convirtió en una cruel política de Estado que se aplicó de forma sistemática. Siguiendo las líneas de ese plan siniestro, las mujeres embarazadas eran secuestradas y mantenidas con vida hasta que daban a luz. Luego les quitaban a sus hijos y las mataban. Las criaturas serían así condenadas a crecer bajo la mentira.

Abuelas de Plaza de Mayo lleva casi cuatro décadas buscando a esos bebés, hoy mujeres y hombres de entre 40 y 45 años aproximadamente. Gracias a su incesante trabajo han encontrado a 130, pero se estima que hay otros 350 casos por aclarar. Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno de Argentina ha decidido dar un impulso a esa búsqueda más allá de sus fronteras. 

La campaña internacional #ArgentinaTeBusca, con información disponible en seis idiomas, ha sido lanzada por el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país junto a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y Abuelas de Plaza de Mayo, dos entidades con gran experiencia en esa titánica tarea de encontrar a quienes fueron arrancados de sus verdaderos padres en el marco del plan de exterminio que implementó Videla.  

"Cualquier persona que viva en Argentina conoce a Abuelas y sabe que hay una política de Estado en torno a la búsqueda de nietas y nietos, pero en el exterior pueden existir personas que no tengan ni idea que pueden ser víctimas, o también que al estar fuera del país hayan intentado decir 'ya está, esto no lo quiero abordar'. En procesos tan difíciles, es fácil querer olvidar", resume desde Buenos Aires Josefina Nacif, coordinadora de esta campaña en la Cancillería argentina.

La iniciativa buscará precisamente "interpelar" a quienes tienen dudas sobre sus orígenes y viven en el extranjero, así como a aquellas personas que tengan datos o sospechas, por mínimas que sean, sobre posibles casos de hijos robados por el régimen de Videla. Con ese fin, la Cancillería argentina ha ofrecido formación a su personal diplomático esparcido por el mundo, de forma que tengan las herramientas necesarias para afrontar la llegada de posibles casos. 

"No apuntamos solamente a la comunidad de argentinos. Hay casos comprobados de restituciones de chicos que fueron dados en adopción sin que los adoptantes conociesen el origen de esos niños y que se los llevaron del país siendo bebés", explica Nacif, quien incide precisamente en esa "delgada línea" que separa la apropiación y el tráfico de criaturas. 

España está entre los focos de esta campaña. "Pueden llevar aquí 40 o 45 años, estar insertados en la sociedad española y para nada tener dudas", señala a Público la cónsul de Argentina en Madrid, Mónica García. Se trataría de personas que fueron sustraídas de sus madres "e inmediatamente sacadas al exterior".

Por su parte, Nacif apunta que también ha habido casos de apropiadores de niñas o o niños que decidieron marcharse del país en los años noventa, por temor a que se impulsaran investigaciones sobre este tipo de casos. Otros podrían haber emigrado a España por voluntad propia cuando ya eran mayores de edad. En definitiva, los perfiles son tan diferentes como cada una de las historias que les rodean.

En el consulado de Argentina en Madrid se han tomado muestras de sangre a personas que se acercaron con dudas y que, tras completar un proceso inicial de acompañamiento y asesoramiento a través de la CONADI, pasan a esa siguiente fase en la que se recogen datos de ADN para posteriormente cruzarlos con los existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina. "Es un proceso que lleva su tiempo", relata García. 

Investigaciones en  España

En abril de 2019, Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo de la hija de Norma Síntora, una mujer que fue secuestrada en marzo de 1977 cuando se encontraba embarazada de ocho meses. Su hija, robada por la dictadura, fue localizada en València.

Las sospechas sobre posibles casos en España se remontan a finales de los noventa. En el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los criminales del régimen argentino, el juez Baltasar Garzón impulsó una pieza separada que iba dirigida precisamente a investigar la posible existencia de casos de hijos de desaparecidos que viviesen en este país sin conocer su verdadera identidad.

De acuerdo a distintos documentos a los que accedió Público, efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil diseñaron en octubre de 1996 un plan conjunto de investigación que incluía la "solicitud a los Servicios de Información e Inteligencia españoles de cuantos datos obren en su poder sobre la llegada a este país de personas de nacionalidad argentina vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de ese país, o de aquellas que se tenga referencia de su ideología ultraderechista".

A lo largo de los tres años siguientes, el grupo de trabajo conformado por policías y guardias civiles realizó distintas indagaciones en varias ciudades de España. El expediente con los resultados de esas averiguaciones fue declarado secreto y posteriormente archivado junto al resto de la causa.