El Govern ha encargado al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau hacer "pedagogía" dentro y fuera de Catalunya para ganar apoyos en favor del referéndum. "Queremos que lo hagan para ganar apoyos para el referéndum. Su experiencia y testigo puede ser útil dentro y fuera de Cataluña", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Neus Munté, tras la reunión del Consell Executiu.

Los tres han manifestado su voluntad de desempeñar esta función después de que hayan asistido excepcionalmente al Consell Executiu invitados por el Govern después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les inhabilitara por la consulta del 9-N.

Mas, Ortega y Rigau simbolizan "en primera persona la situación que se vive en Catalunya, las demandas democráticas, los mandatos parlamentarios que se han realizado durante los últimos años y la falta de repuesta política del Gobierno".

Sobre las críticas de Cs y PP a la presencia del expresidente y las exconselleras en la reunión, Munté considera que así evidencian no entender nada, y ha añadido que "la falta de respeto hacia una mayoría social y parlamentaria es negarse a abordar lo plantea esta mayoría". "Negarse a sentarse en una mesa de diálogo y estar permanentemente sentados en la judicialización, las amenazas y las querellas sí que es una gran falta de respeto", ha dicho.

Recursos en el Supremo

Las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que recurrirán al Tribunal Supremo la condena por la consulta sobre la independencia del 9-N al considerar que, entre otras cuestiones, la sentencia vulneró varios artículos de la Constitución.

Según han explicado fuentes de la defensa, los abogados de los tres acusados (Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina) han entregado al TSJCat sus respectivos escritos, prácticamente idénticos, que anuncian el recurso de casación ante el Supremo al concluir, entre otras cosas, que el fallo supone una "manifiesta vulneración de varios artículos" de la Carta Magna.

El tribunal condenó a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, a Ortega a un año y nueve meses y a Rigau a un año y seis meses, en el caso de las exconselleras como colaboradoras necesarias.

La Fiscalía ya anunció que recurrirá ante el Supremo la sentencia, en su caso por no haberles condenado también por prevaricación, tal como el Ministerio Público reclamaba en su acusación, y que hubiese supuesto una condena de inhabilitación mucho mayor.