El Gobierno convoca a Feijóo a una reunión para abordar la devolución al Estado del Pazo de Meirás

Los Franco tienen que entregar el Pazo de Meirás y todos "los bienes muebles y elementos accesorios" este jueves. Así lo ha dictado la juez de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, en un auto este viernes. Por ello, según informan fuentes del Ejecutivo, la vicepresidenta Carmen Calvo ha convocado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; al alcalde de Sada, Benito Portela; y al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, a una reunión el próximo miércoles día 9 de diciembre. 

El objeto de esta reunión, según señalan las citadas fuentes, es comenzar a abordar el futuro de este palacete que en su día perteneció a Emilia Pardo Bazán y que con la dictadura franquista se convirtió en la residencia de verano de la familia Franco llegándose a celebrar varios consejos de ministros en su interior. Ahora, 45 años después de la muerte del dictador, la justicia ha reconocido al Estado la titularidad pública del Pazo y ha obligado a los Franco a abandonar el edificio y también los bienes de su interior.

La reunión convocada por el Gobierno y que ya han recibido tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como el resto de administraciones convocadas, se celebrará el miércoles por la tarde, después del Consejo de Ministros. Será la primera toma de contacto formal entre el Gobierno central y el resto de autoridades para tratar el futuro del Pazo de Meirás una vez devuelto por los descendiente del dictador. La sentencia todavía no es firme, pero hasta ese momento, la jueza ha decidido que sea el Estado el que tutele el espacio. 

Los Franco han intentado evitar en los tribunales la entrega del Pazo de Meirás, que llegaron a tener a la venta por ocho millones de euros. Una vez conocida la sentencia, también intentaron trasladar el contenido del interior con decenas de camiones de mudanza. La jueza ordenó inventariar todo lo que estuviera dentro del palacete y prohibió a los descendientes del dictador llevarse nada que no fuera de uso estrictamente personal.