El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos de las tres leyes clave para agilizar la Justicia y hacerla más accesible a los ciudadanos. Se trata de los proyectos de eficiencia organizativa y procesal, con los que el Ejecutivo busca "acercar las instituciones judiciales" y "construir" un servicio público "eficiente y ágil".

Esta leyes, que este martes han sido enviadas al Congreso para su tramitación, son, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, "elementos fundamentales en los ejes de cohesión social y territorial" para que cualquier ciudadano en cualquier lugar del país "pueda acceder de manera sencilla al servicio público de Justicia".

Junto a la ley de eficiencia digital, que todavía no se ha aprobado en segunda vuelta, estas dos iniciativas legislativas suponen "la esencia" del denominado plan Justicia 2030, "cogobernado" con las comunidades autónomas e "institucionalmente" con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los profesionales de la Justicia, ha destacado la ministra.

Con estos proyectos, el Ministerio quiere "superar brechas" o "barreras" de acceso a la Justicia y reforzar "el derecho fundamental de tutela judicial" de los ciudadanos mediante un servicio público "universal, eficiente, ágil y sostenible". "Las instituciones son de las personas", ha subrayado Llop.

El proyecto de eficiencia organizativa implica la transformación del actual modelo de la Justicia a través de tres figuras: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en los municipios. Un total de 341 tribunales de instancia sustituirán a los más de 3.600 juzgados unipersonales, ha explicado la ministra.

Habrá uno en cada partido judicial y con ellos, indica el Ministerio en un comunicado, se simplifica el acceso a la Justicia al haber un solo tribunal y no juzgados diferentes y se favorece la especialización.

El proyecto persigue también completar la implantación de la denominada Oficina Judicial, una ventanilla de acceso único a la Justicia que busca agilizar el servicio, y transformar los más de 7.000 juzgados de paz en oficinas de justicia en los municipios.

Esta norma, ha precisado Llop, hará que "no haya justicia de distintas velocidades".

El proyecto de ley de eficiencia procesal

Por su parte, el proyecto de ley de eficiencia procesal busca agilizar los procesos con la introducción de los denominados "medios adecuados de solución de controversias" (MASC), con los que se pretende reducir la litigiosidad e impulsar la participación de los ciudadanos, ayudando asimismo a reducir la sobrecarga en los tribunales. 

La norma exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda, bien mediante la negociación entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

Métodos que ayudarán a "descongestionar los juzgados", aunque su "fin principal", ha subrayado Llop, es fomentar un "verdadero instrumento negociador y democratizador de relaciones entre las partes" y dar "más poder a los ciudadanos".