El Gobierno fía la bajada de los alquileres a un enfrentamiento entre ayuntamientos y comunidades del PP

Cómo hacer que las comunidades autónomas gobernadas por el PP apliquen la Ley de Vivienda. Este es uno de los principales retos del Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez desde la entrada en vigor de una ley que costó mucho trabajo aprobar la pasada legislatura. La solución no es fácil por las competencias en la materia que tienen las autonomías; pero la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya ha comenzado a mover ficha.

Desde el Ministerio lanzaron este martes públicamente un mensaje en este sentido. Lo hizo la propia Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se celebra habitualmente en La Moncloa. El Gobierno aprobó, pese a las diferencias mostradas por Sumar, una línea de avales para la compra de viviendas, definida como un "instrumento más" en toda las políticas que pretende desarrollar el Ejecutivo para hacer la vivienda asequible. 

Una de las medidas clave de la ley estatal, sino la que más, para conseguir el objetivo de reducir los precios del alquiler es la publicación de los índices de precios de referencia. Algo que el Ministerio asegura que se va a hacer ya este mes de febrero, aunque inicialmente se había previsto que se hubieran publicado en enero. 

"Ya he podido observar en estos primeros meses que hay ayuntamientos de comunidades autónomas que se están negando o que han verbalizado que no quieren aplicar la ley en lo que al índice de precios se refiere, o que incluso la han llevado al Tribunal Constitucional, que les están reclamando ya a estas comunidades autónomas que pongan en marcha esta previsión para contener estos precios del alquiler", dijo este martes Rodríguez. 

Las palabras de la ministra buscan de alguna manera que sean los propios ayuntamiento de determinadas ciudades relevantes los que presionen a sus gobiernos autonómicos. Especialmente los del PP, un partido que ha recurrido al TC la ley, así como algunas de sus comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Illes Balears. 

Aunque la ministra no lo ha mencionada de manera explícita, hay un caso llamativo. Es el del Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá, donde el PP también gobierna a nivel autonómico con Carlos Mazón. En unas declaraciones realizadas hace unas semanas, la alcaldesa reconoció ante los medios que en su ciudad, la tercera más poblada de España, se podrían aplicar los límites de precios a las zonas tensionadas. 

"Es posible. Vamos a trabajar con el Ministerio. Vamos a aportar todo el conocimiento que tiene el Ayuntamiento también para trabajar sobre esas cuestiones", contestó a preguntas de los medios. A continuación criticó lo que ella denomina "políticas intervencionistas". Pero esa apertura discursiva sobre las zonas tensionadas abre una nueva vía a explorar desde el Ministerio. 

En una situación diferente están las mayores ciudades que gobierna el PSOE, a excepción de Barcelona. Municipios importantes de signo socialista como A Coruña o Las Palmas, así como Getafe o Fuenlabrada, cuentan con gobiernos autonómicos del PP contrarios a aplicar la ley. Pero su presión puede ser también clave.

De hecho, Getafe ya pidió que al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se le declarase zona tensionada. Una solicitud que le fue denegada. Fuenlabrada ha hecho lo mismo. En el Ministerio se preguntan por qué si un ayuntamiento lo pide, la Comunidad decide bloquear esta medida. 

Por su parte, Sumar, como informó este medio, negocia la manera de poder aterrizar la aplicación de estas medidas. No hay más detalles por el momento, precisamente por las dificultades competenciales que esto implica. Una teoría que puso sobre la mesa Unidas Podemos antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo es la de la presión ciudadana, que también va en relación con esta presión de los ayuntamientos. 

Al aprobarse la ley, los socialistas abanderaron esta tesis. El mensaje de La Moncloa fue la confianza en el "contraste" que se puede dar entre comunidades autónomas de lugares con Gobiernos diferentes. Esto haría que los dirigentes del PP "no tengan más remedio" que aplicar medidas que favorezcan rebajas en los alquileres como la de aplicar los precios de referencia. 

Durante la negociación de la ley Unidas Podemos y PSOE concluyeron que, pese a que no se podía obligar a comunidades y ayuntamientos a aplicar la ley, el despliegue de la misma en aquellos lugares que sí se querían acoger a la norma provocaría un agravio comparativo que podría tirar hacia abajo los precios de todo el mercado.

Catalunya como guía 

Catalunya ha mostrado su especial interés en aplicar la ley estatal, pero estos últimos meses ha habido choques entre ambas administraciones precisamente por la ausencia de un índice de precios de referencia. Su aprobación anunciada por el Ministerio debería desbloquear la aplicación completa de la ley en Catalunya. 

"Deseo que en las comunidades autónomas donde existen zonas tensionadas tengan la predisposición que tiene el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que es aplicar la ley de vivienda para contener los precios del alquiler en las ciudades con zonas tensionadas", destacó en este sentido Rodríguez. Precisamente el índice que se realizó en el Govern catalán servirá como guía para el que publique el Ministerio. 

En paralelo a este tipo de medidas, la ministra está desarrollando una serie de reuniones con los consejeros autonómicos del ramo. Ya se reunió con el de Euskadi y en su agenda tiene previsto visitar de forma inminente Asturias y Cantabria.

Desde el Ministerio ponen en valor la celebración de la reciente Conferencia Sectorial, donde están presentes todas las comunidades autónomas. En ella se aprobaron todos los acuerdos por unanimidad para destinar 430 millones de euros a la rehabilitación de viviendas, de edificios públicos y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible y eficiente.