Gobierno y grupos progresistas siguen sin acordar los puntos clave de la reforma de la 'ley mordaza' tras casi dos años de retraso

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, sigue sin acometerse. Fue a finales de septiembre de 2020 cuando 203 diputados admitieron a trámite la propuesta del PNV para modificar una de las normas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada con el único apoyo del PP en marzo de 2015.

La medida, criticada duramente por organizaciones sociales y organismos internacionales, ha estado a punto de ser reformada en el Congreso a petición del grupo vasco en otras dos ocasiones desde que recibió luz verde, pero los adelantos electorales abocaron estos intentos al fracaso.

En lo que a este tercer intento se refiere, los trabajos en esta dirección han funcionado a ralentí a lo largo de los últimos 17 meses. Y es que, tras dormir en el sueño de los justos durante poco más de un año ante la continua ampliación del plazo de enmiendas parciales, la norma se encuentra de nuevo encallada en el seno de la ponencia (encargada de elaborar un dictamen), por lo que requiere más margen de negociación entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y los grupos progresistas, imprescindibles para que salga adelante dado el torpedeo de PP, Vox y Cs a su reforma.

Tres meses después de que el Gobierno (más concretamente, la parte socialista) aceptara cerrar el plazo de enmiendas al articulado, las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario no han conseguido cerrar un pacto satisfactorio que de cumplimiento al mandado de la sociedad civil, que ha exigido cambios más profundos de los expuestos por los partidos que sostienen el Ejecutivo a través de las modificaciones presentadas.

Las dos primeras reuniones celebradas dentro del grupo de trabajo de la Comisión de Interior finalizaron con la revisión de una treintena de artículos, esto es, gran parte de la reforma, dejando para una sesión definitiva la discusión de los puntos donde existe mayor fricción entre la propuesta del Gobierno y sus aliados parlamentarios.

Tal como resume a Público un portavoz de uno de estos grupos, los flecos que separan "el maquillaje de la derogación", como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

Se pospone la fecha de la última ponencia

No obstante, PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y el Grupo Plural han decidido posponer la reunión prevista para el próximo martes 1 de marzo para precisamente encontrar un mayor consenso antes de retomar este debate definitivo, que después tendrá que ser ratificado en la comisión y más tarde en el Pleno.

El PP también ha apoyado este aplazamiento, aunque por otros motivos: torpedear los acuerdos alcanzados en otras legislaturas y "paralizar de manera temporal" la actual tramitación de dicha modificación. Pese a celebrar la "paralización" de la misma, como ha señalado su portavoz de Interior, Ana Vázquez, tanto los partidos del Gobierno como sus socios parlamentarios han mostrado su disposición a no dejar pasar la oportunidad que brinda la legislatura para acometer dicha modificación.

Avances en la reforma de la 'ley mordaza'

En cuanto a los avances constatados en esta materia, los grupos avalaron que la identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrá superar en ningún caso las dos horas "salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada".

Asimismo, se introduce el derecho de la persona conducida a identificación a "ser de vuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial" cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

También, mediante estos cambios, se ha regulado de manera "más garantista" lo relativo a la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.

En lo relativo a los registros corporales fuera de dependencias policiales, se realizarán cuando existan indicios "fundamentados racional y objetivamente". En ese caso, "no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó".

Asimismo, los grupos acordaron, entre otras medidas, dotar de mayores garantías el uso de cámaras de videovigilancia móviles, que "deberá hacerse costar en cada atestado por actuación en la vía pública". En esta línea, dichas grabaciones deberán ser "custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser recabadas por la autoridad judicial".