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Ley de seguridad ciudadana La 'ley mordaza' avanza hacia su derogación para garantizar el derecho de reunión, manifestación e información

PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la Mesa del Congreso, acordaron cerrar este miércoles el plazo de presentación de enmiendas a la propuesta de reforma del PNV, que acumula 40 ampliaciones. Si bien, estos grupos ultiman las negociaciones para cerrar los últimos detalles de las correcciones que registrarán conjuntamente al texto.

05/06/2021.- Imagen de archivo de una concentración contra la 'ley Mordaza' en la Plaza del Ayuntamiento de València. Jorge Gil / Europa Press
Imagen de archivo de una concentración contra la 'ley Mordaza' en la Plaza del Ayuntamiento de València. Jorge Gil / Europa Pressc

Los partidos que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, acordaron cerrar este miércoles el plazo de presentación de enmiendas para derogar los aspectos más lesivos de la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, aprobada en solitario por el PP en 2015.

Ambas formaciones, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, ultiman las negociaciones para cerrar los últimos detalles de las correcciones que registrarán conjuntamente a la proposición de ley que impulsa PNV después de que el plazo de enmiendas se haya ampliado hasta en 40 ocasiones, precisamente, por la falta de acuerdo entre estos grupos.

Durante las negociaciones capitaneadas por los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos) se han consensuado varias modificaciones al texto, en la línea de lo avanzado hace dos legislaturas, cuando la propuesta de reforma, también del PNV, se tramitaba en la Comisión de Interior (aunque no pudo ver la luz por el adelanto electoral). Y todo, según estas formaciones, en aras de volver a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación e información.

De esta manera, estos grupos plantean que no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. "Las grabaciones de las intervenciones de policías con videovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la ley de protección de datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial", sostienen fuentes del grupo confederal.

Respecto a la garantía del derecho de manifestación, estos grupos proponen que solo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles, como la manifestación del 1 de mayo, mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por "imprevistos que provoquen su inmediatez", como ocurrió con la manifestación por la condena por abuso sexual a La Manada (convocada horas después de conocerse la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra) y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Asimismo, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve.

Cambios en la cuantía económica de las multas

Estas fuentes señalan que otro de los acuerdos alcanzados va destinado a garantizar la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de Reunión, sin que en ningún caso "la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica".

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos, "deberá quedar constancia escrita de la motivación del agente de la autoridad que lleve a cabo registros y comprobaciones en la vía pública". En esta línea, los registros "limitarán los desnudos parciales" y, en caso de que estos deban realizarse de forma inmediata, serán en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".

Los partidos que sostienen el acuerdo de coalición han pactado reducir las multas que son excesivas y, en todo caso, aplicarse siguiendo unos criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado, así como a su edad, en el caso de personas menores de edad. Este criterio, según dichas fuentes, será un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada.

A su vez, las sanciones serán de "índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida". En este sentido, en el expediente sancionador se propone la "resocialización por encima de la sanción, de modo que se eliminará la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez".

También se ha acordado que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas (de las seis actuales), salvo causa excepcional debidamente alegada, verificable y limitada estrictamente. "La identificación en comisaría se tratará de una situación excepcional y una vez concluida la persona identificada deberá ser devuelta al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad".

PSOE y Unidas Podemos han decidido sacar de las negociaciones de dicha norma las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, "remitiéndose esta materia a la legislación sobre extranjería, siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos por España", explican estas fuentes del grupo confederal.

Se busca prohibir el uso de las pelotas de goma

Fuentes próximas a la negociación que mantienen abierta los responsables del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en esta materia señalan que el borrador de las enmiendas todavía no ha sido redactado. Y es que, se trabaja sobre una propuesta que incluya la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en las manifestaciones, una práctica que ha ocasionado multitud de incidentes sobre la integridad de los participantes a estos eventos. 

Asimismo, estas fuentes sostienen que en el nuevo artículo 19.2 se busca que especifique que cada atestado policial tendrá presunción de veracidad sobre los hechos a los que hace referencia siempre que su redacción "resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario".

El PNV, por su parte, ha confirmado a este medio que solo ha mantenido una reunión con representantes del PSOE y del Ministerio del Interior, un encuentro (el pasado jueves) en el que solo fue informado de las líneas generales del acuerdo entre los partidos del Gobierno y de su intención de cerrar el periodo de enmiendas y de empezar, "de manera inminente", con la ponencia.

Si bien, el portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha criticado este lunes en una entrevista que ambas formaciones prioricen la "propaganda a los contenidos", y ha recordado que los asuntos objeto de ese acuerdo "fueron ya pactados por distintas formaciones en la XII Legislatura"

"Veremos finalmente qué proponen", ha añadido Esteban en referencia a las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos tienen previsto presentar en los próximos días, toda vez que cierren los flecos de un acuerdo que pondrá fin al plazo de enmiendas a esta reforma bloqueada desde hace más de un año.

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