La crisis institucional en España, con Gobiernos que no se formaban y presidentes que no resultaban investidos, ha tenido efecto en un asunto polémico: el lucrativo negocio de la venta de armas a países involucrados en guerras, entre los que se encuentra Arabia Saudí. Amparándose en esa situación de interinidad que ha dominado durante varios meses la política española, el Ejecutivo se resiste a publicar los datos sobre el negocio armamentístico durante 2018 y la primera mitad de 2019.

"Excusas", dice Sara del Río, responsable de Desarme en Greenpeace. "Lo que aquí hace falta es más transparencia", añade Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI). Ambas organizaciones no gubernamentales forman parte –junto a Intermón Oxfam y FundiPau– de Armas Bajo Control, una iniciativa creada precisamente para hacer un seguimiento de las exportaciones de armas a "países en conflicto o que violan los derechos humanos".

No es una tarea sencilla, o al menos no lo ha sido durante los dos últimos años. "Hemos preguntado en innumerables ocasiones. La última, ayer", cuenta Estévez en plena polémica sobre la visita del barco Bahri Yanbu al puerto de Bilbao, donde ha cargado explosivos.

La esperanza del portavoz de AI es que "durante el mes de febrero" se conozca, por fin, el informe de la Secretaría de Estado de Comercio sobre la venta de armas durante todo 2018 –el último presentado hace referencia al primer semestre de ese año– y los primeros seis meses de 2019. Tales documentos deben ser presentados ante la Comisión de Defensa del Congreso, que se acaba de constituir.

Según destacan las organizaciones que siguen este asunto de cerca, el informe anual sobre el comercio de armas se suele hacer público en el mes de mayo, mientras que el relativo al primer semestre llega normalmente a finales de noviembre o comienzos de diciembre de cada año. Una vez presentados en la Comisión de Defensa del Congreso, dichos documentos son publicados en la web del ministerio de Comercio.

Estos pasos están fijados por la Ley 53/2007 sobre el "control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso". En su artículo 16 se establece que "el Gobierno enviará semestralmente al Congreso de los Diputados la información pertinente sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso, del último período de referencia, con indicación, al menos, del valor de las exportaciones por países de destino y categorías descriptivas de los productos, las asistencias técnicas, el uso final del producto, la naturaleza pública o privada del usuario final, así como las denegaciones efectuadas".

Según ha podido confirmar Público, la última presentación de un informe sobre este asunto tuvo lugar el 21 de diciembre de 2018. Ese día, la Secretaría de Estado de Comercio remitió a la comisión de Defensa el informe sobre "exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2018". Siete días después, el informe se hizo público en la web del ministerio. Fueron las últimas noticias: desde entonces ha habido un apagón estadístico sobre el comercio armamentístico.

"El Gobierno se aferraba a que estaba en funciones y, por tanto, aguardaría a la creación de un nuevo Ejecutivo para responder", señala Estévez, quien en cualquier caso cree que "podrían haberlo hecho perfectamente" aun estando en funciones. "Es una decisión política", apunta.

Solicitud rechazada

A la espera de que se presenten esos documentos, la Secretaría de Estado de Comercio tampoco ha querido facilitar datos al respecto vía Ley de Transparencia. Según consta en una resolución de la Secretaría de Estado de Comercio del 26 de julio de 2019, el Ejecutivo rechazó entonces una solicitud de información formulada ante ese organismo para conocer "las autorizaciones de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto entre marzo de 2015 y junio de 2019".

La solicitud de información, cursada el 17 de julio de 2019 y registrada con el número 001-035923, requería concretamente conocer las exportaciones de componentes y repuestos exportados por Airbus Defence y Spain S.A. para el avión Eurofighter Typhoon, así como para la aeronave Tornado. Además, se pedía dato sobre "aviones de reabastecimiento de combustible A-330 MRTT", incluyendo componentes, accesorios y repuestos de dicho aparato.

En su respuesta denegatoria, la Secretaría de Estado de comercio sostiene que "la divulgación de la información a la que se pretende acceder" supondría "un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, el secreto profesional y la propiedad intelectual o industrial", además de vulnerar "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".

El Gobierno se amparaba además en la Ley de Secretos Oficiales del franquismo y en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo de 1987 –con Felipe González a cargo del Ejecutivo– que declaró "materia clasificada con la calificación de secreto" las actas de la JIMMDU.

"Modificar o revocar"

"El secretismo no puede afectar a estar materia", afirma Estévez desde AI. En tal sentido, sostiene que el Gobierno debe "modificar o revocar el acuerdo de 1987 que permite que las actas de la JIMMDU sean secretas". "Se trata de un paso que el Ejecutivo podría dar perfectamente en el próximo Consejo de Ministros", afirma.

El portavoz de AI también considera prioritaria la modificación de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, algo que ha sido llevado al Congreso por el PNV y que deberá ser abordado en la presente legislatura.

"La Ley de Secretos Oficiales de 1968 es una excusa para no ofrecer información, sin tener que justificar cómo amenaza la seguridad nacional", lamenta Sara del Río en las oficinas de Greenpeace. En tal sentido, destaca que aquella norma de la dictadura "impide controlar si el gobierno está concediendo ilegalmente autorizaciones, creando una situación de impunidad excesiva en democracia". El silencio sigue por encima de la verdad.