El Gobierno de Moreno abre nuevos frentes ideológicos con el Estado

Uno de los mantras políticos a los que el Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, que depende de Vox para aprobar cualquier cosa de relevancia, se agarra cada vez que tiene ocasión son las supuestas agresiones a las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez somete a la Comunidad Autónoma cada dos por tres. Esta es una estrategia que le dio buenos réditos políticos y electorales al PSOE durante años, el encapsulamiento de la autonomía frente a los vientos de Madrid y, cuando gobernaba el PP, la confrontación marcaba la pauta. La bandera de Andalucía siempre ha dado votos.

Esta semana, más que en una defensa de Andalucía, la batalla la han dado, sin embargo, el presidente Juanma Moreno y sus lugartenientes en el terreno ideológico. Por un lado, han criticado con dureza unos Presupuestos Generales del Estado votados por Bildu –"negociados con los herederos de ETA" en expresión usada por el PP–, una coartada que le ha permitido al Ejecutivo que preside Juanma Moreno, sacudirse la presión de depender de la ultraderecha y de blanquearla, normalizarla, una operación en la que llevan desde el 2 de diciembre de 2018 y de la que se ha vivido el último episodio la semana pasada con el tercer acuerdo presupuestario en dos años.

Por otro lado, la nueva Ley de Educación ha sacado el lado más conservador del Gobierno y ha llevado a Moreno y a sus consejeros a envolverse en la bandera de la concertada, con el mensaje, falaz por momentos, de que defender la concertada es defender la libertad. El Gobierno andaluz ha vendido que mientras ellos estén en el Gobierno la escuela concertada, la privada financiada con fondos públicos, fundamentalmente católica, no tiene nada que temer.

El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, mano derecha de Moreno, manifestó este viernes que, pese a la aprobación de la nueva Ley de Educación, la Lomloe, la Junta seguirá dando a la concertada "el mismo trato que hasta ahora". Bendodo insistió en que cualquier padre y madre tiene que tener la libertad de elegir dónde quieren que su hijo o hija estudien.

"Son los responsables últimos de la educación de sus hijos y de ellos depende si quieren llevarlos a un colegio público, privado, concertado o de educación especial", manifestó el consejero. La Junta ha encargado un informe jurídico para que el impacto de la llamada Ley Celaá en la comunidad andaluza sea "el mínimo posible".

PP y Ciudadanos han comenzado de hecho en estos dos años a modificar los decretos andaluces para favorecer a la concertada, cuyo peso en Andalucía respecto al total de gasto educativo es de los menores de todo el país, por lo que el margen de actuación de Moreno es muy grande en este terreno.

La fiscalidad

Y el último frente ha sido el de la fiscalidad. Aquí se han mezclado argumentos de tenor político, como las severas críticas de PP y Ciudadanos a ERC, adalid de la armonización fiscal entre Comunidades, y económicos, y, por supuesto, las propias creencias ideológicas de los miembros del Gobierno andaluz, convencidos como están de que con menos impuestos se recauda más.

Haber puesto el foco en el dumping fiscal –competencia desleal fiscal entre territorios, contra la que ya habló la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de Susana Díaz en Andalucía– cuyo principal representante es la Comunidad de Madrid, que lleva años instalando el modelo liberal en el que se miran todos los aprendices de Esperanza Aguirre, ha provocado la reacción furibunda del Ejecutivo de Moreno.

Sus lugartenientes han defendido con uñas y dientes el modelo de impuestos bajos que iniciaron a principios de 2019 con una reducción de impuestos profundamente ideológica, que supuso la primera gran medida aprobada por Moreno y que ha beneficiado sobre todo a quienes más tienen y a quienes más ingresan.

En Andalucía existe un acuerdo sobre la mejor financiación de la Comunidad apoyado por todos los partidos excepto Ciudadanos y Vox. En él se recoge precisamente la importancia de la armonización fiscal entre territorios. El presidente Juanma Moreno ha obviado este documento en sus intervenciones y lo ha centrado todo en la autonomía fiscal de Andalucía, y, sobre todo, en destacar las bondades ideológicas de las rebajas fiscales, en las que cree.

Planteado en términos políticos, podría afirmarse que Moreno ha preferido defender el modelo ideológico de su partido antes que plantear un debate en unos términos que le pudieran interesar a Andalucía, una de las Comunidades perjudicadas por el sistema de financiación y el reparto de los impuestos que existe hoy, como en otras ocasiones ha defendido el propio presidente.

Así, Bendodo dijo este viernes que la Junta de Andalucía no se opondrá a una "armonización fiscal" en España si es para "bajar impuestos", pero sí la rechazará si persigue una subida de impuestos a todos los españoles. Andalucía será "hostil con todas las consecuencias si un señor independentista de Cataluña obliga a que en Andalucía se suban los impuestos", agregó la mano derecha del presidente.

Luego, Bendodo insistió en sus creencias liberales que su partido ha implantado en Madrid y afirmó que desde que llegó el nuevo Ejecutivo a Andalucía se había eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones y se han bajado el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. "Ese es el modelo del Gobierno andaluz", según recalcó Bendodo y recoge Europa Press: "Bajando impuestos, se recauda más".