El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos y sostenido por los apoyos parlamentarios de Vox, ha reducido al mínimo el importe de las subvenciones que tenía previstas para investigaciones sobre la represión franquista en Andalucía. Así, de 260.000 euros que había presupuestados para la convocatoria del año 2019, se pasa ahora a apenas 75.000.

Además, por el momento, esa convocatoria sigue sin resolverse casi un año después de haberse publicado, por lo que, en este momento, hay de hecho un parón en las líneas de ayudas destinadas a la investigación memorialista. Desde el presupuesto de 2018, el último año en que gobernaron los socialistas, cuando se abonaron 195.000 euros para estas políticas, no se ha dado ni un solo euro más para estudio y divulgación.

La peripecia de esta convocatoria de subvenciones arranca tras la aprobación en el mes de julio del año pasado de los presupuestos para el año 2019, que votan  Vox, PP y Ciudadanos. 

A finales de octubre, Cultura, donde residen las competencias de memoria histórica y democrática, saca la convocatoria de subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes terminó en noviembre pasado, hace casi un año. En marzo de 2020, después de cuatro meses sin resolver la convocatoria, llegan los decretos-Ley de la covid-19, que provocan recortes presupuestarios en diversas materias. Y ahora, el Gobierno publica en BOJA esta rebaja.

Uno de los caballos de batalla del socio ultra de PP y Ciudadanos ha sido precisamente este: liquidar o minimizar las ayudas a entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades para investigar la represión de los años de la guerra, que en Andalucía fue particularmente dura, como se puede comprobar, por ejemplo, en el libro del historiador Francisco Espinosa, La justicia de Queipo.

En Andalucía, según el mapa de fosas de la Junta, hay al menos 708 fosas con 45.566 personas asesinadas por el régimen militar, de las que se han exhumado hasta ahora 186. 

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), ha puesto algún énfasis hasta ahora en las exhumaciones de fosas comunes y en las identificaciones a través de las pruebas de ADN por razones de humanidad, como no se cansa de repetir, pero no le ha puesto interés real a las subvenciones a las asociaciones memorialistas.

Falta de crédito suficiente

En una resolución del viceconsejero, Alejandro Romero, el Gobierno afirma que la rebaja se debe a la falta de "crédito suficiente" para las políticas de "investigación, estudio y divulgación" de la represión franquista debido a las reasignaciones presupuestarias llevadas a cabo para dotar lo que el Ejecutivo ha dado en llamar un Fondo de Emergencia Social y Económica para afrontar la covid-19.

En lo concreto, la resolución del viceconsejero reduce de 70.000 euros a 20.000 las subvenciones para las entidades memorialistas; de 120.000 a 35.000 las ayudas que iban a los municipios, y de 70.000 a 20.000 las destinadas a las universidades.

Además de la memoria histórica, las políticas de inmigración y de atención a las mujeres y al movimiento feminista también han sufrido recortes, todos ellos muy del gusto del socio parlamentario, Vox, con quien PP y Cs necesitan pactar ahora un nuevo presupuesto para el año 2021. "Este recorte solo responde a la necesidad del Gobierno de atender sus compromisos con la ultraderecha", afirmó Ana Naranjo, diputada de Adelante Andalucía. "Se trata de una nueva humillación a las víctimas del franquismo" que "utiliza la pandemia como excusa", agregó la parlamentaria.

Naranjo comparó los 75.000 euros para estas políticas con "los 350.000 euros que Juanma Moreno ha destinado este año al fomento de la tauromaquia mediante ayudas a escuelas taurinas" y con los 750.000 euros que la Consejería de Cultura "destina a subvenciones para arte sacro a entidades religiosas".

Para la parlamentaria, es una "humillación al movimiento memorialista, que ya tenía que hacer malabares para sacar adelante su actividad en favor de los derechos de verdad, justicia y reparación con un presupuesto raquítico" y ahora se ve "totalmente traicionado" por la Administración autonómica, que demuestra así su "nulo compromiso" con la recuperación de la Memoria Democrática.

Para poder asumir el Gobierno, Moreno cerró con Vox, entre otras cosas, la sustitución de la Ley de Memoria por otra de Concordia. Por el momento, el PP no ha dado detalles sobre si va en serio con este asunto o no. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, manifestó en su momento que quería un consenso mayor que la anterior, que se aprobó sin votos en contra.