La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este jueves que pronto comenzarán los trabajos de exhumación e identificación de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos porque ya han recibido el permiso correspondiente del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

"El Ayuntamiento nos ha dado la licencia de obras para el Valle de los Caídos. Próximamente comenzarán los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura reclamadas por sus familias. Es de justicia que puedan recuperar su dignidad", ha afirmado la también ministra de Memoria Democrática en un mensaje en Twitter.

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó el pasado mes de abril en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

Esa solicitud se presentó después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de marzo un Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para regular la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos. El proyecto incluye las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas.

Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas -casi la mitad sin identificar- que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.

Dos de esas víctimas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás que, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, aunque en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos. Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se habían ido demorado desde entonces.