MADRID.- Los desahucios han sido el mejor ejemplo de cómo la crisis económica se ha cebado, desde su inicio en 2008, con las clases medias y bajas del país. Sólo entre 2012 y junio de 2014 se han llevado a cabo un total de 97.557 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales en España. Si se abre la horquilla y se elimina la condición de vivienda principal, los procesos de ejecución hipotecaria ascienden a 598.747 entre 2008 y el primer trimestre de 2015.  

Un drama como el descrito debería llevar aparejado un esfuerzo extra desde las Administraciones Públicas para paliar las consecuencias de una crisis que ha elevado la tasa de pobreza entre los residentes en España al 22,2%. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero y, sobre todo, el de Mariano Rajoy, en su concepción suicida del término austeridad han recortado el gasto público en vivienda en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50% desde 2008.

De hecho, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 euros en 2012. La reducción es más insultante si se compara el gasto público en vivienda con la media de los países de la Unión Europa: 134,65 euros por persona en 2012 frente a los 27,29 euros de España en el mismo año. 

Así lo pone de manifiesto el informe de Amnistía Internacional Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, que la ONG ha hecho público este martes para denunciar que "el derecho a la vivienda corre peligro" en el Estado español dejando negro sobre blanco que el insuficiente esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy y de algunas comunidades autónomas, como Madrid y Catalunya, en la lucha contra el drama de los desahucios. 

Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", denuncia AI. 

"El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", ha señalado el director de de Amnistía Internacional España Esteban Beltrán.

Recortes y ventas incomprensibles

Los recortes en materia de vivienda del Gobierno del Partido Popular se hacen más incomprensibles si se tiene en cuenta que España afrontó la crisis con el segundo parque de viviendas públicas más pequeño de Europa.

Amnistía Internacional calcula que el parque de viviendas sociales en España representa el 1-2% de todas las viviendas, un porcentaje obsceno si se compara con el 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido o el 17% de Francia. Solamente Grecia en la UE tiene un parque de viviendas públicas más pequeño que España.

A pesar de ello, y de afrontar la crisis con un famélico parque de viviendas, las administraciones públicas no han tratado de ampliarlo y sí han llevado a cabo medidas de expolio y venta de vivienda social a fondos buitre para obtener financiación rápida.

España afrontó la crisis con el segundo parque de viviendas públicas más pequeño de Europa.

El mejor ejemplo de esta política de expolio de lo público ha sido ejecutada por el Partido Popular en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, vendiendo un total de 4.825 viviendas sociales a fondos buitre y provocando nuevas olas de desahucios entre las capas de población que más están sufriendo las consecuencias de la crisis.  

El 30% de las viviendas vacías de la UE, en España

Pero España no está entre los países de la cola en todo. El Estado español se encuentra entre los líderes de la UE en cuanto a viviendas vacías. Según el censo de 2011, España tiene 3,44 millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa. 

"A pesar de ello, tanto el Gobierno central y las gobiernos de Madrid y Catalunya no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada", denuncia Amnistía, que recuerda que la Sareb o banco malo tiene en su propiedad 80.000 viviendas. 

Según el censo de 2011, España tiene 3,44 millones de viviendas vacías

Por último, Amnistía Internacional también denuncia que el escaso período de calificación social de la vivienda en Madrid, la reducción del mismo en Catalunya y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales han generado "desprotección en las personas". 

El derecho, en peligro de extinción

Amnistía Internacional alerta de esta manera que el "derecho a la vivienda corre peligro en España" y denuncia que "las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo este derecho". "Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis", denuncia el informe. 

La ONG considera que "deben habilitarse mecanismos jurídico y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios".

Asimismo, argumenta que los jueces deben disponer de los medios jurídicos necesarios para evaluar cada caso y solicita el establecimiento de un mecanismo que vigile la negociación entre bancos y familias para garantizar "que el desalojo es realmente el último recurso una vez examinadas todas las alternativas posibles".