MADRID.- El Ministerio de Defensa ha admitido su participación en el proceso de repatriación de los restos de los españoles que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon en la División Azul del lado de la Alemania de Hitler y su colaboración, para ese fin, con la Asociación de Españoles desaparecidos en Rusia. Sin embargo, no dedica ni un euro desde el año 2012 a financiar la exhumación de republicanos fallecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Esta se la respuesta que ha remitido el Ejecutivo al diputado de Amaiur Sabino Cuadra, quien interrogó al Gobierno sobre las repatriaciones de los restos de los voluntarios españoles que lucharon en el frente ruso con las tropas de Hitler.

Según detalla en su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Pedro Morenés participa en este proceso mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, la identificación personalizada de los mismos, el apoyo a la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto de Barajas y su posterior entrega a los familiares.

El legítimo esfuerzo del Gobierno en este aspecto contrasta con la política del Gobierno de Rajoy para localizar las fosas de republicanos asesinados durante la Guerra Civil. El Ejecutivo no ha dedicado ni un euro desde el año 2012 a financiar exhumaciones de víctimas de la guerra y de la dictadura de Franco en España. 

La justificación aportada desde el Gobierno para explicar este desequilibrio es que entre 2002 y 2011 se han realizado "importantes actividades de localización y exhumación" gracias a los 8,2 millones de euros destinados a las asociaciones de memoria que se dedicaban a localizar fosas.

Centenar de pensiones a homosexuales

En otras respuestas sobre preguntas relativas a estas cuestiones formuladas por el diputado del PSOE Odón Elorza, el Gobierno reitera su compromiso con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y apunta como dato que hasta la fecha se han reconocido más de un centenar pensiones a homosexuales que fueron encarcelados en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social.

Asimismo, el Ejecutivo deja claro que no cree necesario reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura porque las funciones que ésta tenía asignadas las realiza igualmente la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia.

Y para demostrar que ahora hay una menor "demanda ciudadana" sobre estas cuestiones que la que había tras la aprobación de la Ley de Memoria en 2007 aporta el número de llamadas relacionadas con esta norma que se reciben en el Ministerio de Justicia. Así, detalla que si en los primeros años de vigencia de la ley rondaban las 10.000 anuales, en 2012 fueron 4.295 y en 2013 descendieron a 1.316.