Una fundación del Gobierno de Castilla y León incumple la ley y pasa sin publicar contratos más de dos años
La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que depende de la Consejería de Cultura, no publica ninguna licitación desde julio de 2022, a pesar de estar obligada por ley. Ha estado dos años y medio ocultando también los contratos menores, de los que abusa.
Madrid--Actualizado a
La ley de transparencia indica que las fundaciones del sector público deben difundir todos los contratos que adjudican, incluyendo, entre otros datos, el objeto del mismo, la duración, el importe o la identidad de la persona o empresa que gana el contrato. Por su parte, la ley de contratos va incluso más allá y establece que también se deben publicar otros documentos, como la memoria justificativa del contrato o los pliegos del mismo.
A pesar de ello, hay fundaciones públicas que no están cumpliendo ni con una norma ni con la otra. Parece ser el caso del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que, según ha podido comprobar Público, no publica contratos ordinarios desde hace dos años y medio. La última vez que publicó una licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público fue el 11 de julio de 2022, cuando se formalizó la adjudicación de los servicios de producción, montaje museográfico, mantenimiento y desmontaje de una exposición itinerante a la cooperativa Brumbeck Comunicación y Publicidad.
Desde entonces, el instituto, que está constituido como una fundación y que depende principalmente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, no ha vuelto a publicar ningún otro contrato. El pasado 15 de enero Público contactó con la fundación para saber por qué no está publicando contratos. Dos semanas después, el instituto sigue sin responder esa pregunta.
La falta de explicaciones por parte del instituto deja dos posibilidades. La primera es que la fundación está adjudicando contratos pero está incumpliendo la ley al no hacerlos públicos. La otra opción es que está abusando de adjudicaciones a dedo a través de contratos menores sin suscribir ningún contrato ordinario. Esto permitiría que la fundación no licitara a través de procesos abiertos, en los que cualquier empresa se puede presentar al concurso para ganar la adjudicación del contrato.
"Que no publiquen ningún contrato ordinario puede ser realmente un indicio de que no han hecho contratos de este tipo. Puede ser que la fundación no haya tenido necesidad de hacer un contrato ordinario, pero lo que sucede muchas veces es que se dividen en muchos contratos menores, para que no se presente gente y evitar las normas de transparencia e igualdad de oportunidades, cuando se deberían de haber licitado realmente como uno ordinario", explica Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia.
Ocultación también de los menores
De todos modos, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que asegura trabajar "por la promoción y la difusión de la lengua española y la literatura de Castilla y León", también ha estado más de dos años ocultando sus contratos menores. La ley permite difundir menos información sobre estos y hacerlo de forma agrupada cada trimestre —los contratos ordinarios, en cambio, se tienen que publicar uno a uno cuando se anuncia la licitación y también cuando se adjudican—, pero, en cualquier caso, también existe la obligación de publicarlos.
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua llevaba sin publicar la información de este tipo de contratos desde junio de 2022, cuando difundió los contratos menores adjudicados en los dos últimos trimestres de 2021 y en el primero de 2022. Tras las consultas de Público, la institución ha vuelto a publicar, dos años y medio después, información sobre estos procedimientos.
La fundación, este viernes 31 de enero, ha publicado de golpe, en la Plataforma de Contratación, los datos de los contratos menores que ha adjudicado en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022, en el primero, segundo, tercero y cuarto de 2023 y en el primero, segundo, tercero y cuarto de 2024.
En cualquier caso, la información llevaba años oculta. Los contratos menores del segundo trimestre de 2022, por ejemplo, hacía casi tres años que se habían adjudicado y no se han hecho públicos hasta este viernes y después de que Público preguntara en múltiples ocasiones por este asunto.
"Publicar los contratos menores con tanto retraso es una grave irregularidad"
"Publicar los contratos menores con tanto retraso es una grave irregularidad. La ley dice que los contratos menores se deben publicar trimestralmente. Es decir, que se tienen que publicar dentro del plazo máximo de tres meses desde que se celebran. No tiene sentido publicarlos más de dos años después", explica Blanes.
Abuso de los contratos menores
Por ahora, el resto de contratos —los que se tienen que adjudicar a través de un procedimiento abierto que permite a cualquiera presentarse— siguen sin publicarse o simplemente no se están llevando a cabo.
La institución maneja un presupuesto anual de unos 800.000 euros. El del año pasado fue exactamente de 801.900 euros, de los cuales 600.000 los aportó directamente la Junta de Castilla y León. Pero, debido al oscurantismo del instituto, era imposible conocer qué contratos adjudicaba gracias a ese dinero.
En 2024 la fundación gastó más de la mitad de su presupuesto en contratos menores, un procedimiento que permite adjudicar a dedo
Con los datos publicados este mismo viernes se apunta ya a un abuso de los contratos menores, un tipo de procedimiento que permite adjudicar a dedo sin realizar un concurso público y sin los controles que tiene un contrato ordinario. El instituto gastó en contratos menores el año pasado un total de 475.947,86 euros, más de la mitad de todo su presupuesto.
Dos semanas sin respuesta
Público ha estado dos semanas haciendo llegar consultas al instituto sobre sus contratos. Este medio llamó y mandó un correo electrónico a la fundación por primera vez el pasado 15 de enero.
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El equipo de comunicación aseguraba que no podía dar respuesta porque la misma tenía que ser aprobada por el director del instituto pero también por el patronato de la fundación. Finalmente este viernes 31 de enero entre las 10.40 y 11.20 de la mañana el instituto ha publicado la información sobre sus contratos menores en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Pasadas las 19.00 horas, el director del instituto ha remitido un correo electrónico a Público en el que indica que ya han publicado esa información sobre los contratos, pero en el mismo no se da respuesta a por qué no se estaba publicando hasta ahora ni por qué sigue sin publicarse sobre los contratos ordinarios, consultas que este medio había realizado.
Polémica gestión
El director del instituto, quien firma ese correo, es Andrés Abajo, que ocupa el cargo desde el pasado mes de diciembre. Antes trabajaba como técnico de promoción cultural en la misma institución. Su nombramiento se realizó a propuesta de Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León y quien ostenta el cargo de presidenta del patronato de la fundación. El anterior director era Gonzalo Santonja, que fue cesado en 2021 tras veinte años en el cargo. Desde entonces la fundación estuvo tres años sin director.
El anterior director del instituto, Gonzalo Santonja, es desde 2022 el consejero de Cultura de la Junta, departamento del que depende la fundación
Santonja es precisamente hoy consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. Fue nombrado en abril de 2022, cuando PP y Vox conformaron un Gobierno de coalición. Aunque independiente, su nombramiento se produjo a propuesta de Vox. El partido de extrema derecha abandonó el Gobierno autonómico en julio del año pasado, pero Santonja se ha mantenido en el puesto.
El consejero, debido a su cargo en el Gobierno autonómico, debería ejercer como presidente del patronato de la fundación, pero al haber sido director del instituto se decidió nombrar en su lugar, por una posible incompatibillidad, a la viceconsejera Mar Sancho.
La gestión del instituto en estos años no ha estado exenta de polémica. Al incumplimiento de la ley tras años ocultando contratos y al abuso de los contratos menores que permiten adjudicar el dinero público a dedo, informaciones que revela ahora Público, se suman, entre otras cuestiones, los tres años que el instituto pasó sin director entre la destitución de Santonja y el nombramiento de Abajo, la decisión de que se encargara del mismo un consejo asesor que nunca se llegó a nombrar o la polémica porque el ahora consejero Gonzalo Santonja cobró por asesorar al instituto cuando era el director de la institución.
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