El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Los objetivos principales son dos: obligar a los medios de comunicación públicos a celebrar debates electorales y exigir que las encuestas y sondeos difundidos durante las campañas electorales publiquen también los ficheros de microdatos. 

Se trata de dos medidas incluidas en el Plan de Acción por la Democracia presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre e ideado tras los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. 

El anteproyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de abril. Ahora llega de nuevo en segunda vuelta y pasa al Congreso de los Diputados para que se inicien los trámites parlamentarios y su aprobación definitiva. El texto, según destacan fuentes gubernamentales, prácticamente no ha sufrido cambios sustanciales en estos meses. 

La reforma fija la obligación de celebrar al menos un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública. Las fuerzas políticas que compiten en esos comicios estarán obligadas a concurrir salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente.

La reforma introduce en el artículo 66 de la LOREG fija por tanto la participación en los debates electorales de todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes y abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina "grupos políticos significativos". 

Estos son "aquellas formaciones políticas que concurren a las elecciones y que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 por 100 de los votos válidos emitidos". 

La obligatoriedad de celebrar debates no se aplicará en los medios de titularidad privada. La reforma señala que si estos deciden organizar debates electorales deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: "pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad".

La principal novedad en la reforma respecto al ya presentado anteproyecto de ley, según señalan fuentes gubernamentales a Público, es la inclusión de un punto que establece que los medios de comunicación públicos deberán avisar a los partidos para los debates con cinco días de antelación como mínimo. 

Las encuestas electorales 

La otra medida que incluye la reforma tiene que ver con las encuestas electorales que aparecen en los medios de comunicación. Especialmente durante la campaña de las elecciones generales del 23J de 2023 cundía la sensación en las filas socialistas de que muchas de ellas inflaban los resultados de la derecha. 

Según destacan desde Interior, la legislación vigente regula que las encuestas deben ir acompañadas de una ficha que especifique la entidad que realiza el trabajo demoscópico, las características técnicas del sondeo, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que han contestado a cada una de ellas.

La reforma de este martes añade al artículo 69 de la LOREG la obligación de dar publicidad también a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información.

"Acceder en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones", señalan desde el Gobierno. 

Marlaska, durante la rueda de prensa ofrecida en Moncloa, ha destacado que esta reforma persigue "el fortalecimiento de nuestra democracia" en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea para "mejorar la transparencia del poder legislativo y sistema electoral".