El Gobierno busca desbloquear medidas sociales ante el difícil calendario judicial que afronta

No son días fáciles para el Gobierno de coalición progresista que forman PSOE y Sumar. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez afronta su defensa de una serie de informaciones que le acusan de maniobrar contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se suman a otros frente abiertos como los de Begoña Gómez, esposa de Sánchez; David Sánchez, hermano del presidente; el caso Koldo en general o un supuesto informe de la UCO contra el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. 

En este contexto, Moncloa busca la manera de cambiar el foco a la vez que ejerce su defensa ante lo que consideran maniobras y una campaña de acoso y derribo impulsada por la derecha y ultraderecha. Las fuentes consultadas en el equipo de Sánchez destacan que "seguirán con su hoja de ruta". Es decir, desplegarán medidas relacionadas con la regeneración democrática, la agenda social y dando mucha visibilidad a los datos económicos positivos que tiene nuestro país.

Se espera, por ejemplo, que se apruebe en las próximas semanas la reforma de la ley sobre el derecho al honor, según anunció esta semana el propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Es una de las medidas pendientes que el Gobierno incluyó en su Plan de Acción por la Democracia. Una iniciativa que, precisamente, impulsó Sánchez después de que, hace un año, se tomara cinco días de reflexión por la apertura del proceso judicial contra su esposa.

Por su parte, Sumar defiende desde incluso antes de su llegada al Gobierno la necesidad de desplegar una agenda social potente como condición indispensable para sostener la legislatura. Cuando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz negociaban el acuerdo de investidura del líder socialista (que posteriormente dio origen al Gobierno de coalición), en el espacio de la izquierda alternativa denunciaron que su futuro socio aspiraba a una "legislatura de mantenimiento" que se centrara en recoger "los frutos" de la legislatura anterior y en la que apenas se aprobaran medidas de calado (atendiendo a la compleja aritmética parlamentaria que dejaron las elecciones del 23J).

Sin embargo, finalmente ambos partidos cerraron un acuerdo con medidas como la reducción de la jornada laboral, más permisos de cuidados y el impulso de una reforma fiscal. En Sumar asumen que en la actualidad el Ejecutivo no ha logrado impulsar medidas sociales de calado con la capacidad de dinamizar a la sociedad y construir "un horizonte de futuro".

"El reto era construir con un horizonte para el futuro, que ante tanto ruido y polarización nosotros dejáramos claro que este Gobierno tenía un proyecto de país. La reducción de la jornada no es sólo una medida del presente para trabajar menos horas, es un ejemplo del país que viene, un país en el que se vive mejor, en el que se respetan e impulsan los cuidados", trasladan voces de este espacio.

Sin embargo, a juicio de estas mismas voces, "el ruido va ganando, es cada vez más ensordecedor e insoportable y la agenda destructiva de las derechas se impone en demasiadas ocasiones". En Sumar han intentado desplegar esta agenda social en varias ocasiones con medidas concretas, medidas que se mantienen hoy en la agenda del Ejecutivo y que los de Yolanda Díaz aspiran a reactivar para aprobarlas.

En la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, los de Díaz abrieron una negociación con los de Sánchez para aprobar más permisos retribuidos (con la remuneración de, al menos, cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados que se aprobó en 2023, y la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso de maternidad y paternidad) e implementar una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años.

Muchas de estas medidas precisan de una elevada inversión, de ahí que las cuentas fueran el elemento que permitía desatascarlas. Sin embargo, el PSOE parece haber renunciado a aprobar unos Presupuestos para este año, ya que los números en el Congreso no garantizan a día de hoy una mayoría suficiente para aprobarlos. Esto no significa, no obstante, que los de Díaz hayan renunciado a estas medidas sociales y presionan a día de hoy a sus socios de Gobierno para que puedan ver la luz.

Recientemente, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente, Pedro Sánchez, anunciaron el despliegue de una ayuda de 100 euros para que los menores de 16 años puedan adquirir gafas y lentillas, el denominado Plan Veo. Esta medida, trasladan desde este espacio político, es fruto de esta presión. Voces de la coalición insisten en que Sánchez estaría viendo cada vez más clara esa necesidad de apostar por la agenda social en un ambiente de ruido y polarización que impide dinamizar a una ciudadanía progresista un tanto aletargada.

"Aunque no lo parezca, seguimos haciendo cosas, trabajando sin parar", reflexionan fuentes socialistas. Reconocen, eso sí, que asuntos como el plan para financiar gafas y lentillas no tuvieron la repercusión que se merecía un asunto de tanto calado. "Queremos seguir avanzando en medidas pendientes", destacan fuentes de Moncloa. Eso sí, recuerdan que muchas de ellas deben contar con una mayoría parlamentaria suficiente para poder salir adelante, algo que "no siempre es fácil" porque "los números son los que son". 

"Hay que darle horizonte a la gente, hay que darle motivos para la continuidad del Gobierno de coalición progresista, que es una excepción hoy en una Europa asolada por la ola reaccionaria", explican por su parte fuentes de Sumar. Para este espacio la ampliación de los permisos retribuidos, la prestación universal por crianza y, también, el desbloqueo del denominado Estatuto del Becario (una norma que aspira a acabar con los "falsos becarios", estudiantes en prácticas extracurriculares que realizan la labor de un trabajador contratado en una empresa sin percibir un salario por ello) son medidas urgentes.

Se reabre la amnistía 

También muestran su preocupación los de Díaz por el complejo calendario que podría tener que afrontar el Ejecutivo en los próximos meses y durante el verano. A las informaciones que relacionan al ala socialista del Gobierno con algunos escándalos (el asunto de la UCO, el caso Ábalos, las acusaciones contra el entorno de Sánchez…) se suma la reactivación de la ley de amnistía con el pleno que el Tribunal Constitucional (TC) celebrará a finales de junio para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.

"Es un asunto complicado para el Gobierno. Hay un compromiso firme con la amnistía, que fue piedra angular de la legislatura, pero es un tema que hace crecer a las derechas y que al Ejecutivo le ha producido desgaste en otras ocasiones", trasladan voces de la izquierda alternativa. "Impulsar la agenda social nos pondría a la ofensiva en este contexto, sería un revulsivo claro", concluyen estas fuentes.

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La visión del entorno de Sánchez es diferente en este punto. Reiteran, al igual que Sumar, que su compromiso por la "normalización" de la vida política en Catalunya ha sido un "compromiso" claro desde el inicio de la legislatura. "Creemos que todo lo que sea que se resuelva la situación va a ser positivo y creemos que es un tema amortizado y asumido", afirman. Es decir, no creen que pueda suponer un desgaste más en estos momentos. "Con todo lo que hay encima de la mesa y los ataques que recibimos, la amnistía hasta nos puede venir bien", comentan en Moncloa.