La XXVIII Conferencia de Presidentes llega este viernes a Barcelona, tal y como ya se anunció después de la última reunión celebrada en Santander. La elección de la capital catalana para celebrar por primera vez en su historia el encuentro de mandatarios autonómicos del Estado no es aleatoria. Entre otras cosas, perseguía visualizar la nueva etapa que afronta Catalunya después de la convulsión del procés independentista, con un presidente socialista como Salvador Illa al frente de la Generalitat, y lejos de la tensión y la movilización social independentista de la última década que habría hecho inviable -o muy complicado de organizar- un evento como éste. Pero paradójicamente, la Conferencia de Presidentes trasladará a esta Catalunya políticamente mucho más estable la extrema tensión que vive la política española, con el crudo enfrentamiento entre el PP y el PSOE.

De esta forma, la XVIII Conferencia de Presidentes desembarca por primera vez en Barcelona marcada por el enfrentamiento entre el Gobierno español de Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos del PP, que ha estado a punto de hacer descarrilar su celebración. Y precedida también por numerosas polémicas. Una de las más sonoras ha tenido que ver con el orden del día y los temas a tratar. Tras un tira y afloja por las exigencias del PP, el Gobierno decidió ceder e incluir todas las peticiones de los populares a pesar de que el amplio número de temas hará seguramente inoperativo el encuentro como señalan desde Moncloa. 

La cita viene marcada también por la convocatoria por parte del PP de una manifestación bajo el lema "Mafia o democracia" contra el Ejecutivo de Sánchez que se celebrará el domingo en Madrid. Con todos estos elementos sobre la mesa, en Moncloa reconocen la "incertidumbre" ante lo que sucederá en Barcelona y la actitud que mostrarán los populares. "Pueden buscar cualquier excusa para movilizar de cara a la manifestación. No descartamos ningún escenario ni movimiento que fomente la crispación aunque confiamos en que pese más la institucionalidad del encuentro", señalan las fuentes consultadas. Esa hipótesis, la de un posible plante o estrategia de torpedear la Conferencia de Presidentes supondría, según Moncloa, "una ruptura institucional absoluta y sin precedentes". 

Por su parte, el PP llega a la Conferencia de Presidentes con el cuchillo entre los dientes. Tras varias amenazas de boicot a la reunión y haber impuesto un extenso orden del día, fuentes del partido ahora mostraban su malestar porque las intervenciones de los presidentes eran de "un solo turno de 10 minutos". "Si se tiene que quedar toda la tarde, que se quede", lamentaba una de las principales líderes del PP. Informa Jose Carmona. 

Por otro lado, una de las últimas polémicas ha sido provocada por el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la utilización de las lenguas cooficiales durante las intervenciones. Tal y como anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está previsto un sistema de traducción simultánea para que los presidentes que quieran puedan expresarse en las lenguas cooficiales como el catalán, el gallego y el euskera, además del castellano.

Ésta fue una petición de los Gobiernos catalán y vasco. Desde la Generalitat no concretaron el jueves, a petición de este diario, cuál sería el uso del catalán por parte del president Illa. Pero este viernes, en una entrevista en RAC1 Illa confirmaba que usaría el catalán. Para Díaz Ayuso "lo que están pretendiendo es una absoluta golfería. Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", amenazando con abandonar el encuentro si se habla cualquier otra lengua que no sea el castellano.

La Conferencia reunirá en el Palacio de Pedralbes a 17 presidentes autonómicos, además de los presidentes de Ceuta y Melilla. Con un peso evidente de los 11 presidentes y presidentas de comunidades autónomas que en estos momentos gobierna el PP. La mesa la completará el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI también estará presente ya que suele presidir la apertura de este tipo de cumbres autonómicas.

La apuesta por la vivienda 

En este contexto, Sánchez decidió mover ficha este miércoles con una propuesta concreta en materia de vivienda. Busca el Gobierno un "acuerdo de Estado 2026-2030" en el que las comunidades accedan a tres compromisos. Uno, triplicar la inversión en vivienda pública hasta 7.000 millones de euros pero con una aportación del 60% del Ejecutivo estatal y un 40% por parte de los gobiernos autonómicos. 

También se quiere blindar la vivienda protegida de manera indefinida para evitar situaciones ocurridas en el pasado y que pasen a manos de la especulación o fondos buitres. El Gobierno ligará esta medida a la financiación en materia de vivienda para las comunidades autónomas. Es decir, si una administración quiere recibir recursos públicos del Estado debe haber un compromiso para que las viviendas que se van a financiar estén protegidas de manera permanente. Si no, no habrá fondos. 

El tercer acuerdo que espera alcanzar el Gobierno de Sánchez tiene que ver con la información sobre vivienda y acabar con el monopolio de portales privados. El objetivo es crear nuevos sistemas de información y bases de datos mediante el intercambio entre las administraciones públicas y en favor de la transparencia en el mercado. En Moncloa abren una pequeña puerta a la esperanza en que pueda haber algún acuerdo en esta materia, por la especial sensibilidad que tiene el mismo para la ciudadanía. Pero reconocen que en la situación actual está complicado. 

El independentismo, más indiferencia que rechazo

Un fuerte dispositivo policial fortificará la zona del Palau de Pedralbes donde se celebrará la reunión, un antiguo palacete de verano actualmente propiedad de la Generalitat, situado en la entrada de Barcelona en plena avenida Diagonal. Una zona de fácil acceso desde el aeropuerto en coche y fácil de custodiar por la poca densidad de viviendas, puesto que ésta es una zona rodeada de edificios universitarios. Aunque el operativo afectará al acceso viario a la capital catalana por esta zona.

Sin embargo, en estos momentos no se prevé ninguna gran protesta contra la celebración de la Conferencia de Presidentes. El independentismo ha recibido la noticia con más indiferencia que rechazo explícito. De hecho, fuentes de la Assemblea Nacional Catalana, entidad que habitualmente organiza este tipo de protestas, confirman a Público que no tienen previsto realizar ninguna convocatoria en torno a este evento.

En cuanto a los partidos independentistas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, concentra sus críticas en el president de la Generalitat, Salvador Illa. Turull considera despectivamente que Illa hará de "mayordomo" de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. El número dos de Junts asegura que el president de la Generalitat actúa "con la lógica de agradar, de no darle problemas a Sánchez, de hacerse perdonar". Y añade que "el hecho de querer hacer la conferencia" en Catalunya ya demuestra ese supuesto "carácter servil" de Illa con Sánchez.

En cuanto a ERC, el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, también critica que, a su juicio, el Gobierno piense que contentará a Catalunya celebrando la Conferencia de Presidentes en Barcelona. Albert apunta que el país necesita el cumplimiento de los acuerdos, y no "escenificaciones ni anuncios vacíos de contenido". Y por parte de la CUP, la diputada Laia Estrada ha acusado al PP de estar "instalado en una realidad paralela" por el intento de boicot a la Conferencia de Presidentes y su choque con el PSOE. "El PSOE es un partido de orden", asegura Estrada, añadiendo que, escuchando al PP, "alguien pensaría que Salvador Illa es la reencarnación de Macià y Sánchez la del Hugo Chávez del Estado español".

Relacionado con este tema

Una veintena de temas en un solo día: las exigencias del PP saturan la Conferencia de Presidentes

Miguel Muñoz / Jose Carmona

La financiación singular de Catalunya, sobre la mesa

Desde el punto de vista catalán, el punto nuclear será la inclusión en el temario de la discusión sobre el sistema de financiación autonómica. Tema que no se preveía en un primer borrador del orden del día, pero que fue forzado también por las comunidades del PP. Todo apunta que con el objetivo de manifestar su rechazo al acuerdo de financiación que pactaron el PSC y ERC para la investidura de un Salvador Illa, que irá al encuentro con toda la disposición a defender el nuevo sistema singular para financiar a Catalunya, según asegura.

Sobre el tema de la financiación, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma tener preferencia por hablar sobre la vivienda. Pero Illa advierte que está "dispuesto a discutir lo que convenga donde convenga, también de la financiación, siempre que no sea para hacer ruido, que es lo que parece que algunos quieren", insinuando que los populares sólo podrían estar buscando la polémica. Además, defiende que puede hablar de la financiación singular para Catalunya con el resto de presidentes porque tiene la "firme convicción" de que supondrá mejorar el sistema catalán sin perjudicar a ninguna otra comunidad.

Otro tema polémico que está previsto tratar por parte de los líderes autonómicos, entre otras cosas, es el control de fronteras y la política migratoria como competencia exclusiva del Estado. Una clara maniobra del PP que quiere visualizar el rechazo al pacto entre Junts y el PSOE para el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya.