Nadie duda en el PP de que el presidente del Gobierno fue quien apoyó y ordenó al ministro de Justicia que diese luz verde sin más demora (su salida se retrasó, al menos, en cinco ocasiones) al texto de la reforma de la ley del aborto de 2010 el pasado 20 de diciembre. Alberto Ruiz-Gallardón sorprendió a algunos de los dirigentes de su partido -no a todos- con un anteproyecto más conservador aún que la ley de 1985, que incluía el supuesto de malformación del feto para abortar.

El exalcalde de Madrid cumplía así con la previsión que adelantó en julio de 2012 en una entrevista en La Razón ('La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar') y que generó una enorme polémica, también dentro del PP, lo que obligó al Gobierno a retrasar la salida del texto de la reforma al no encontrar suficiente apoyo ni en sus propias filas.

Sin embargo, la reforma ha seguido adelante y, en lo que en el PP califican de 'estrategia electoral para atraerse el voto más a la derecha' de cara a las elecciones europeas de mayo, el Consejo de Ministros le dio luz verde el mes pasado en los términos exactos anunciados por Gallardón y más temidos por el sector más centrado del Partido Popular, por todos los partidos de la oposición y por los movimientos o asociaciones feministas.

Si el texto fracasa, Gallardón queda completamente 'desacreditado' explican en el PPDesde ese 20 de diciembre, el ministro de Justicia inició una defensa moral, sentimental y con implicaciones personales de su ley ('Yo sí tendría un hijo con malformaciones graves', dijo en una entrevista a ABC), pero también dejó claro en su cruzada que 'la ley del aborto es un compromiso del PP y no se modificará en el Congreso'.

Mientras, se inició un incesante goteo de críticas internas al texto, muchas de las cuales salieron a la luz y han continuado hasta hoy: Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid; José Antonio Monago, presidente de Extremadura; Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento vasco; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia; Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León; Ignacio Diego, presidente de Cantabria; Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora; Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña, o Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso. El propio Mariano Rajoy despachó el tema en la última rueda de prensa que dio en La Moncloa en 2013, el 27 de diciembre, con evidente incomodidad y dedicándole apenas diez segundos: es una ley 'equilibrada' y las 'diferencias' de opinión en el PP son normales. El presidente apoya la ley Gallardón, pero si el proyecto inicial fracasa, su distanciamiento del asunto deja al ministro en la peor situación posible, explican en el Partido Popular: completamente 'desacreditado'.

En Navidad, lejos de apaciguarse las críticas, arreciaron las discrepancias y del miércoles a ayer, la firme posición de Gallardón se quebró ante las indicaciones semi-públicas que le hizo el presidente en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del día 8, que se celebra a puerta cerrada, pero que fue filtrado prácticamente en su totalidad a los medios. Mariano Rajoy garantizó a los dirigentes críticos que trasladaron al Comité sus deseos de cambio de la ley Gallardón que se hablaría sobre ella y dio instrucciones al ministro de Justicia para que tuviese en cuenta la opinión de los barones, alarmados por el rechazo suscitado en las autonomías que gobiernan. Más allá de las europeas, argumentan los conservadores, hay autonómicas y municipales el año próximo.

También los diputados del PP, por boca de su número uno, el portavoz Alfonso Alonso y uno de los dirigentes con más peso del entorno de Rajoy, manifestaron ayer jueves su intención de que, en el trámite parlamentario, haya modificaciones que permitan a los aforados votar la ley del Gobierno con comodidad, algo que en estos momentos, no existe. 'Del anteproyecto al BOE siempre hay cambios. Sería la única ley que no cambiara en esa fase', advirtió Alonso, aunque descartó la libertad de voto que pidió Villalobos a Rajoy en el Comité Ejecutivo y de lo que no obtuvo respuesta.

Por ahora, desde el Ministerio de Justicia, se habla más de enriquecer el texto con distintas aportaciones que de cambios, mucho menos, sustanciales. El departamento de Gallardón ha pedido informes sobre el anteproyecto -que ha de volver al Consejo de Ministros antes de iniciar el proceso en las Cortes- al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, a los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Educación, a los consejos generales del Colegios de Médicos y de Enfermería, al Consejo Nacional de la Discapacidad, a la Agencia de Protección de Datos, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al conjunto de las comunidades autónomas.