La subida del gasto militar destapa una vía para aprobar inversiones sociales sin Presupuestos

Hace apenas unos meses, el PSOE y Sumar negociaban para sacar adelante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Los de Yolanda Díaz aspiraban a impulsar una agenda social con medidas ambiciosas, como la ampliación de los permisos de cuidados, una prestación universal por crianza o una reforma fiscal.

Sin embargo, en este momento parece casi completamente descartado que el Ejecutivo vaya a presentar unos PGE para 2025. En primer lugar, porque desde el propio Gobierno se ha deslizado que sólo llevarían esta iniciativa al Congreso de los Diputados si tuvieran garantizados los apoyos necesarios (un escenario muy lejano a día de hoy); y, en segundo lugar, porque a estas alturas del año la tramitación sería más que ajustada y todo apunta a que los de Pedro Sánchez estarían pensando ya en las cuentas de 2026.

Desde Sumar aseguran que, pese a que parece confirmarse el escenario de un 2025 sin Presupuestos, eso no quiere decir que haya que renunciar también a desplegar buena parte de las medidas sociales que los de Díaz estaban negociando con los socialistas. 

La pregunta es clara: ¿se pueden impulsar y aprobar inversiones en políticas sociales sin la concurrencia de unas cuentas? Las fuentes consultadas defienden que sí, que es posible, aunque coinciden en que el alcance podría ser más limitado o que, en todo caso, la complejidad para llevarlo a cabo sería mayor.

Todas las partes apuntan en este sentido al reciente incremento del gasto en defensa, una subida que ha llevado las inversiones militares a superar el 2% del PIB mediante diferentes partidas (la última validada en el Consejo de Ministros se cifró en casi 10.500 millones de euros), realizadas a través de herramientas como ampliaciones del crédito que reestructuran el presupuesto vigente.

La actualización de las pensiones, por decreto

Este esfuerzo inversor por parte del Estado se ha realizado sin tener unos Presupuestos Generales para 2025, es decir, con las cuentas prorrogadas (las últimas que se aprobaron fueron las del 2023, que en los últimos dos ejercicios se han extendido automáticamente ante la ausencia de un nuevo proyecto).

Desde Sumar, por ejemplo, recuerdan que ya se han acometido reformas como la actualización de las pensiones o el pago de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, con Presupuestos prorrogados, a través de herramientas legislativas como el decreto ley.

"En algún decreto ómnibus aprobamos actualizar las pensiones o hacerles pagos a cuenta a las comunidades autónomas; son transferencias desde el presupuesto público, es crédito nuevo. El requisito es que te lo tiene que aprobar el Parlamento", explican fuentes de este espacio.

Estas mismas fuentes señalan también a otro tipo de herramientas legislativas para casos concretos. Una parte importante de la propuesta presupuestaria que Sumar le trasladó al PSOE en las negociaciones sobre los PGE era la de vivienda, en la que se incluían medidas sin coste económico, como la regulación de los alquileres turísticos, pero también otras con coste que exigían, por ejemplo, dedicar un 1% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta 2035, como la ampliación del parque público de vivienda asequible.

Fuentes de este espacio apuntan al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda como una herramienta para incluir partidas que permitieran desplegar medidas en esta materia. Además, recuerdan desde Sumar, el plan es cuatrienal y vence justo este año (el plan en vigor se extiende entre 2022 y 2025), por lo que habría una oportunidad clara para vehiculizar la inversión en vivienda pública y alquiler asequible a través de esta iniciativa en un contexto sin Presupuestos Generales. 

Además, también hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales en vigor (los del 2023 prorrogados) tienen un techo de gasto muy alto que no maniata al Gobierno a la hora de ajustar su contabilidad con nuevas partidas, lo que refuerza las posiciones que defienden que puede haber inversiones en políticas sociales sin unas nuevas cuentas. Esto no significa, en todo caso, que el margen sea ilimitado, y el gasto en defensa es también un ejemplo de esto: "Una parte de los gastos en defensa están tirando del fondo de contingencia, que no es infinito y que está limitado", recuerdan fuentes cercanas al Gobierno.

Menos margen para medidas sociales por el gasto militar

Más allá de que el incremento del gasto militar pueda abrir la puerta a alternativas para reforzar la agenda social sin necesidad de aprobar unas cuentas, desde Sumar advierten de que la manera en la que se ha elevado la inversión en defensa podría dejar menos margen a aprobar medidas sociales.

Esto tiene que ver con que el Gobierno no ha optado por solicitar a la Comisión Europea el denominado escape fiscal que la propia Comisión puso a disposición de los Estados para “suspender las reglas fiscales” de manera temporal y que el gasto en defensa no compute en el cálculo del déficit público (una medida que ya han solicitado doce países, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría o Portugal, y que forma parte del plan de rearme impulsado desde la UE).

El pasado lunes, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, compareció en el Congreso de los Diputados y explicó que "el gasto en defensa puede hacerse mediante reestructuración del Presupuesto, es probable que quepa en el Presupuesto prorrogado, pero va a tener un impacto completo en gasto, déficit y deuda. El contrafactual es la ejecución que se pensaba hacer de ese Presupuesto, y esas partidas, que iban a aportar cero porque no se iban a ejecutar,  ahora van a aportar dos puntos".

Relacionado con este tema

El PSOE: "Preferimos presupuestos prorrogados que unos sin honra como los de PP y Vox"

Miguel Muñoz

En este sentido, la máxima responsable de la AIReF advirtió de que el Gobierno ya estaba incumpliendo las previsiones (en el denominado procedimiento de déficit excesivo) comprometidas con Bruselas, porque tras la subida del gasto militar se había pasado de un 3,7% (la cifra permitida) a un 4,1% de gasto público, aunque descartó sanciones por parte de Bruselas porque ese desfase entra dentro de la denominada "cuenta de control", la regla que permite elevar en tres décimas el gasto público comprometido sin que ello conlleve sanciones.

En esta línea, desde Sumar advierten de que sería más difícil desplegar una inversión importante en políticas sociales si la parte socialista del Gobierno ha decidido que el gasto en defensa compute en el procedimiento de déficit excesivo, ya que deja menos margen inversor.

"Si no imputas el gasto militar al déficit tienes un margen para gastar en políticas sociales. Si nos acogiésemos (al plan de escape fiscal) tendríamos más margen en el déficit. Si no, nos estamos comiendo una parte del procedimiento de déficit excesivo, del esfuerzo que tienes que hacer de gasto neto (gasto menos ingresos). Sería importante que lo hiciéramos, de esta manera habría más margen para elevar los gastos sociales", trasladan.

Santiago Carbó: "La fortaleza que tiene un Presupuesto no la tienen otras herramientas"

En cualquier caso, aunque hay vías alternativas para impulsar inversiones en políticas sociales sin la concurrencia de unos Presupuestos actualizados, algunos expertos precisan que lo más deseable sería hacerlo en el marco de unas nuevas cuentas.

Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, explica que "siempre hay recursos como reales decretos, ampliaciones de crédito… Pero la fortaleza que tiene un Presupuesto nuevo no la tienen otras herramientas. Opciones, probablemente las hay y se están utilizando, por ejemplo, para las compras e inversiones en materia de defensa y de seguridad, pero no es tan fácil y tienen menos capacidad cuantitativa".

En este escenario y con todos estos factores a tener en cuenta, en Sumar trasladan que seguirán insistiendo a su socio de Gobierno, el PSOE, acerca de la necesidad de aprobar medidas sociales, incluso este mismo año, se impulsen o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.