Sumar ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE en el seno del Gobierno de coalición para retribuir más permisos de cuidados, y ha exigido al socio mayoritario del Ejecutivo que se apruebe este mismo martes en el Consejo de Ministros.

Ambos socios han negociado en las últimas semanas, y de manera muy intensa este fin de semana, después de que los de Yolanda Díaz exigieran ampliar los permisos retribuidos de manera urgente tras estallar el denominado caso Cerdán, con el objetivo de "dar un giro social a la legislatura". 

Desde los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales se elaboró un decreto que contenía la ampliación de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas; la retribución de cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados aprobado en 2023; y la aprobación de permisos de 34 semanas para las familias monomarentales (en la actualidad tienen 16 semanas, con la posibilidad de ampliarlo hasta las 26 tras dictaminarlo varias sentencias judiciales que sentaron jurisprudencia).

Después de haber alcanzado un acuerdo con el PSOE, avanzan desde Sumar, la ampliación se quedaría en lo siguiente: una semana más de permisos de nacimiento hasta que el niño o niña tenga 12 meses (de las 16 actuales hasta las 17, con entrada en vigor inmediata, aseguran los de Díaz); dos semanas más de permisos de cuidados retribuidos hasta los 8 años (estas dos semanas se aplican retroactivamente desde agosto de 2024, que era cuando España tenía la obligación de transponer la directiva de conciliación que contenía la remuneración de más permisos). 

En el caso de las familias monomarentales, tendrían 32 semanas de permisos de nacimiento y cuidados, cuatro de ellas disfrutables hasta que el hijo cumpla ocho años. Además, explican desde Sumar, se ha alcanzado el "compromiso político" de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas.

En total, de aprobarse este decreto, los trabajadores tendrán derecho a 19 semanas de permisos de nacimiento y cuidados, dos de ellas parentales hasta los ocho años de edad, retribuidas al 100%, que se sumarían a las 8 semanas no retribuidas que actualmente reconoce el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores (y también a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia, que ya se reconoció el pasado año por el Ministerio de Trabajo como un derecho).

Sin embargo, pese a haber alcanzado este acuerdo en la negociación con los socialistas, no está claro que el decreto vaya a aprobarse este martes, 29 de julio, como exigían los de Yolanda Díaz. De hecho, desde Sumar han pedido que se lleve a esta reunión ya que, a su juicio, "no existe ningún motivo para no aprobar el Real Decreto-ley inmediatamente, toda vez que el acuerdo ya se ha alcanzado".

La pasada semana, los departamentos de Trabajo y de Derechos Sociales pidieron incorporar este decreto al orden del día de la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno (CDGAE), el órgano que debate sobre las medidas con impacto económico y las remite al Consejo de Ministros. Sin embargo, el Ministerio de Economía no incluyó este punto, por lo que la única posibilidad de que se aborde en el Consejo de este martes es que se lleve en mano.

Díaz recuerda la multa de la Justicia europea

Las exigencias de Sumar en este caso eran dos: aprobar el decreto antes de que acabe julio (la última oportunidad es la de este martes, cuando se celebra el último Consejo antes del parón vacacional); y que la medida estuviera en vigor en septiembre, antes del inicio del curso escolar (un momento complicado para la crianza y la conciliación en las familias). En el PSOE han deslizado que el decreto también podría aprobarse en el primer Consejo del próximo curso político, que tendrá lugar el 26 de agosto.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha advertido al PSOE de que no aprobar el decreto este martes supondría "tamaña irresponsabilidad", ya que, a partir del 2 de agosto, la sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por no tener retribuidas más semanas de permisos (como exige la directiva europea de conciliación) podría ascender a los 10 millones de euros.

Durante una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco, Díaz ha dicho que "nadie entendería que por no aprobarlo ahora destinemos los recursos que tienen que ser para las familias a pagar una multa. El 1 de agosto tenemos un requerimiento del TJUE para que, si no corregimos la política de permisos, se nos va a sancionar y la multa ascendería a 43.000 euros diarios, 10 millones en total tirados a la basura por no aprobar el decreto ahora", ha zanjado.