Sumar tiene su última oportunidad para aprobar la ampliación de los permisos retribuidos de cuidados el próximo martes, 29 de julio. Los de Yolanda Díaz se comprometieron a que esta reforma vería la luz antes del parón vacacional de agosto, y el último Consejo de Ministros del calendario se celebrará en apenas unos días.

Sin embargo, a día de hoy las negociaciones entre este espacio y el PSOE continúan y, según ha podido saber Público, en este momento las posiciones de ambos socios del Gobierno están alejadas. 

Cuando los de Díaz pusieron encima de la mesa el decreto para regular los nuevos permisos, establecieron dos condiciones: que la norma se aprobara antes de que acabe julio, y que estuviera en vigor en el mes de septiembre, antes del inicio del curso escolar, un momento que siempre ha sido complicado para la conciliación de las familias.

Aunque en un principio en Sumar daban por hecho que no habría demasiadas resistencias para sacar adelante la iniciativa (en parte porque era una de las condiciones que habían puesto sobre la mesa en la última reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno que se convocó para abordar la crisis provocada por el caso Cerdán), lo cierto es que desde los ministerios de Hacienda y Economía han mostrado sus dudas.

Estas dudas residen en cuestiones como el impacto económico del decreto, o el riesgo de exclusión en el mercado de trabajo para las familias monomarentales que existiría, a juicio del departamento dirigido por María Jesús Montero, si se aprueba en los términos actuales.

Consejo del 29 de julio o Consejo del 26 de agosto

La iniciativa contiene tres reformas: la ampliación de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas (retribuidos); la retribución de cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados que se aprobó en 2023 y la aprobación de permisos de 34 semanas para las familias monomarentales (en la actualidad tienen 16 semanas, con la posibilidad de ampliarlo hasta las 26 tras dictaminarlo varias sentencias judiciales que sentaron jurisprudencia).

Precisamente este último punto es uno de los que genera dudas en Hacienda (ya que la duración del permiso podría provocar, en opinión de algunas voces de este departamento, riesgo de exclusión laboral a este colectivo, conformado en su gran mayoría por mujeres). 

En este momento las conversaciones continúan y, según fuentes conocedoras de las mismas, "de manera intensa". Los socialistas afirman que su intención no es la de bloquear el decreto, y que no se oponen de manera rotunda a que pueda aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque también recuerdan que podría ver la luz en el Consejo del día 26 de agosto (el primero del nuevo curso político), con el objetivo de comenzar con fuerza este ciclo mandando un mensaje a la ciudadanía sobre la apuesta del Gobierno por la agenda social.

En Sumar, en cambio, opinan que el mensaje más efectivo se mandaría con la aprobación del decreto el próximo martes porque si no, advierten, la ciudadanía se irá al parón vacacional con la sensación de que no se avanza en medidas sociales y con el debate y la conversación públicos regidos en su totalidad por la corrupción y los escándalos que salpican al PSOE y al PP.

De momento, si finalmente llega al próximo Consejo, no lo haría por los cauces habituales. El pasado lunes se celebró una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), encuentro que duró casi cuatro horas y que, según ha podido saber Público, fue especialmente intenso (precisamente por esta cuestión).

El pasado lunes tuvo lugar una intensa reunión de la CDGAE en la que Sumar logró desbloquear el denominado estatuto del becario

Economía (el departamento que dirige este órgano) decidió no incluir el decreto de permisos en el orden del día, pese a que la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lo habían solicitado, lo que causó un importante desencuentro. En esa reunión sí que se abordó, y se acordó que siguiera su tramitación en el seno del Ejecutivo, el Anteproyecto de Ley del Estatuto del personal en formación práctica en el ámbito de la empresa (conocido como estatuto del becario), aunque es poco probable que esta norma pueda aprobarse el próximo martes.

El debate en la CDGAE es uno de los pasos previos para que una norma que tenga impacto económico pueda ser remitida al Consejo de Ministros. Sin embargo, en Sumar insisten en que todavía queda la vía de llevar el decreto en mano al Consejo, una cuestión que depende de que haya acuerdo con el PSOE y de que el presidente del Gobierno quiera hacerlo.

En este sentido, hay una fecha clave anterior a la celebración del último Consejo antes de las vacaciones. El próximo lunes, Sánchez hará un balance del curso político en La Moncloa, y algunas voces del Gobierno apuntan a que el presidente podría realizar allí el anuncio de que el decreto para ampliar permisos retribuidos será aprobado por el Ejecutivo 24 horas después. Aunque para que esto suceda, primero debe haber un pacto entre los de María Jesús Montero y los de Yolanda Díaz.

Desde Sumar no quieren avanzar nada sobre el contenido de las negociaciones, aunque, lógicamente, es muy probable que, si finalmente hay pacto, el decreto sufra algunas modificaciones respecto a su redacción original y a las medidas que contiene en este momento.

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Los de Díaz han recordado en varias ocasiones que la ampliación de los permisos deviene de una directiva europea (la de conciliación) que España todavía no ha adaptado a su legislación, motivo por el que en este momento acumula una multa que, según el Ministerio de Trabajo, podría ascender a los 10 millones de euros si la directiva no se traspone antes del 2 de agosto.

El decreto plantea retribuir ocho semanas más de permisos (cuatro del de nacimiento y cuatro del de cuidados), mientras que para cumplir con la directiva sólo haría falta retribuir cuatro. El PSOE y Sumar apenas tienen unos días para tratar de alcanzar un acuerdo que impida que el broche del Gobierno a este curso político sea un conflicto.