Trabajo aspira a aprobar el Estatuto del becario en 2025 y aparca la reforma del despido para 2026

Hace prácticamente un año que el Ministerio de Trabajo se encuentra inmerso en la aprobación de la ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin rebajar los salarios. Durante 2024, los de Yolanda Díaz se volcaron en la mesa de diálogo social que dio forma al texto legislativo y en la que el Gobierno buscó, sin éxito, un acuerdo tripartito con las patronales y con los principales sindicatos, CCOO y UGT.

A principios de este año, el proceso continuó con un conflicto en el seno del Ejecutivo para aprobar esta reforma por el trámite urgente. Y ahora, una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto, el foco está en su tramitación parlamentaria y en las complejas negociaciones que el Gobierno afronta para tratar de armar una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice el éxito de la ley.

Toda vez que la reducción de la jornada ha entrado en el carril parlamentario, los de Yolanda Díaz comienzan a recuperar la agenda de las iniciativas pendientes que constituyen su plan normativo para esta legislatura. A la vez que se centran en las negociaciones en el Congreso, el Ministerio de Trabajo tiene previsto desatascar algunas leyes que ya habían puesto en marcha e iniciar los trámites para comenzar a dar forma a nuevos proyectos.

Desde este departamento avanzan que la norma que reactivarán primero es la que aspira a regular las prácticas extracurriculares de estudiantes universitarios, conocida como el estatuto del becario. En junio de 2023 Trabajo logró cerrar un acuerdo con CCOO y UGT al que no se sumó la patronal; la vicepresidenta decidió entonces darse más tiempo para tratar de atraer al empresariado y lograr su apoyo al texto, pero finalmente no fue posible.

La iniciativa busca acabar con los falsos becarios, estudiantes en prácticas que hacen la misma labor que un trabajador pero sin percibir el salario correspondiente, y reconocer nuevos derechos en este ámbito. Al principio de la negociación se barajó un documento (que contaba con el consenso de Trabajo y de los sindicatos) en el que directamente se acababa con las prácticas extracurriculares (las que no forman parte de los planes de estudio y que se llevan a cabo de manera voluntaria).

De eliminar las prácticas extracurriculares a limitarlas

Sin embargo, en un intento (finalmente fallido) por parte de los de Díaz para atraer a la patronal se sustituyó el modelo que eliminaba estas prácticas por uno que las limitaba. La fórmula de la limitación no terminaba de convencer a los sindicatos, pero finalmente firmaron un texto en el que las prácticas extracurriculares se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o a un máximo de 480 horas.

El estatuto del becario contempla otras medidas para mejorar la calidad de las prácticas y ampliar derechos de los estudiantes, como limitar el número de becarios que puede tener una empresa a un 20% de la plantilla (con el objetivo de que no se puedan cubrir con becarios las tareas de producción que corresponden a la plantilla de trabajadores). Aunque todas las empresas podrán disponer de un mínimo de dos personas en prácticas para garantizar que los pequeños negocios también puedan participar de estos procesos.

Además, se deberán compensar los gastos que le genere al estudiante la actividad formativa, como los que tienen que ver con el desplazamiento al lugar de trabajo, el alojamiento o la manutención, siempre que no reciba ninguna beca o ayuda destinada a este fin. La persona que curse prácticas en empresas tendrá derecho a vacaciones, se respetarán los límites y descansos, incluidos días festivos, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables a las personas trabajadoras que prestan servicios en la empresa.

Desde Trabajo se ha deslizado en los últimos meses que el anteproyecto de ley del estatuto del becario se encuentra estancado en el seno del Gobierno por el PSOE, aunque la vicepresidenta segunda y ministra del ramo ya ha avanzado que su intención es la de que se reactive el trámite en el seno del Ejecutivo más pronto que tarde.

El blindaje del salario mínimo interprofesional (SMI) es otra de las iniciativas que el Ministerio de Trabajo ya ha puesto en marcha mediante una mesa de diálogo con patronales y sindicatos que inició su andadura a finales de marzo. Tanto desde el Gobierno como desde las organizaciones sindicales se apunta a que, de momento, no ha habido grandes avances en este foro.

El papel de los complementos y pluses en los salarios

Los cambios en esta materia llegarían por dos vías. La primera, la trasposición de la directiva de salarios mínimos de la UE con el objetivo de blindar por ley que el SMI se sitúe siempre en el 60% del salario medio.

La segunda, fruto de un acuerdo con los sindicatos en la negociación sobre la última subida del salario mínimo, es abordar una fórmula para que los complementos y los pluses salariales no puedan absorber los incrementos del SMI. El compromiso entre ambas partes era el de tener conclusiones en dos meses, aunque el ritmo al que avanza la negociación apunta a que se podría incumplir el plazo.

Aparcada queda hasta el 2026 la otra gran reforma que aspira a marcar la legislatura del Ministerio de Trabajo, junto a la reducción de la jornada laboral: la del despido. El objetivo de los de Díaz es eliminar el modelo actual de despido improcedente para avanzar hacia el denominado modelo restaurativo que recoge la Carta Social Europea.

En primer lugar, se busca evolucionar el modelo de cálculo de la indemnización de los despidos improcedentes para dejar atrás el sistema de días por año trabajado y pasar hacia un sistema basado en el cálculo del daño real que le ha provocado ese despido al trabajador en función de elementos como su edad, su formación o los años que ha estado en la empresa.

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También se buscará reforzar la causalidad para que los despidos deban tener una justificación adecuada y no se utilicen de forma arbitraria ni como primer recurso. Con estas reformas, entre otras, se pretende garantizar que el modelo es disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores (tal y como fija la Carta Social Europea).

Trabajo aspira a sustituir el actual modelo de despido improcedente por el denominado despido restaurativo

Desde el departamento liderado por Díaz asumen que no abordarán esta reforma hasta el próximo año, entre otros motivos porque gran parte de sus esfuerzos estarán centrados en garantizar el éxito de la reducción de la jornada laboral, el principal desafío que Trabajo tiene encima de la mesa en este momento.