Nervioso, con el discurso aprendido del político capaz de negar sus propias palabras, a Ignacio González le ha traicionado el subconsciente en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que indaga sobre la corrupción durante los años de Gobierno de Esperanza Aguirre. 

Tocaba abordar el conocido caso del espionaje, cuya existencia fue confirmada en noviembre por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Pero González se ha encargado de negarlo vehementemente ante las preguntas de los diputados Miguel Ongil (Podemos), César Zafra (Ciudadanos) y Encarnación Moya (PSOE): "No ha existido el caso del espionaje, la única víctima de espionaje he sido yo".

Por la también denominada gestapillo, están imputados dos guardias civiles y un ordenanza que denunciaron las órdenes que les daba el director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, siguiendo el mandato de González y la presidenta Aguirre. La misión era clara, seguir al entonces vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, al alcalde Alberto Ruiz Gallardón y a su segundo, Manuel Cobo, entre otros políticos del PP o trabajadores del Canal de Isabel II que habían denunciado las prácticas de sus jefes. 

La materia se centraba en las consejerías de Interior y de Justicia, de las que dependían las direcciones de Seguridad, pero un lapsus del exvicepresidente le ha hecho desligarse de las actuaciones de los "consejeros de Sanidad". Precisamente ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de documentación sobre los hospitales hechos en los gobiernos de Aguirre y González, en el marco de la Operación Púnica. 

Amigos que cuentan "mentiras"

Antes de González ha prestado testimonio Manuel Cobo, uno de los espiados y teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid que regía Alberto Ruiz Gallardón. Él es la única víctima que ha seguido adelante con las acusaciones contra los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, además de contra José Manuel Pinto –quienes denuncian un montaje contra ellos para encubrir el verdadero espionaje llevado a cabo por policías de confianza y agencias de detectives–. 

Según Cobo, el espionaje existió pero porque "se le fue la olla a determinadas personas, pero ni a nivel de partido ni a nivel de Gobierno". Apunta el dirigente del PP de Madrid a los vicepresidentes Ignacio González y Francisco Granados y a que, "aunque Esperanza Aguirre confirmó que había existido espionaje" a estos dos cargos, cuando estalló el escándalo en 2009 "el Gobierno comenzó diciendo que no se enteraba y luego negando que existiera. No estoy cargando contra la señora Aguirre, lo negaba, no es que tuviera interés en investigarlo, es que lo negaba". 

El exvicepresidente Alfredo Prada también confirmó anteriormente que había sido espiado y que se había negado a acusar porque las personas imputadas sólo cumplían órdenes, sin que los tribunales hayan llegado a un final que señala, según los afectados, a la cúpula de la expresidenta madrileña. En ese ambiente, Prada contó que desde el Gobierno le "habían ofrecido unos teléfonos prepago que se cambiaban cada dos semanas" y además se gastaron 117.000 euros en un programa de cifrado telefónico comprado por la Comunidad de Madrid a Indra. 

Sin embargo, González ha dicho que lo que cuenta Prada "es mentira" y que a su "amigo Cobo" lo que le ocurre es que "tiene la sensación de que le han espiado, pero no es cierto, porque no le han espiado". 

La víctima, su ático y los policías de confianza

Lo que sí ha quedado claro gracias a las preguntas de Podemos y Ciudadanos es que el director de seguridad, Sergio Gamón, era una persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Había sido jefe de escoltas de ella mientras fue ministra de Cultura, su segundo ocupaba una subsecretaria de Estado y, según Prada, a él "le fue impuesto" por la presidenta. 

González ha querido diferenciar –una línea abierta también por Manuel Cobo– entre el espionaje que pudo llevarse a cabo por los adscritos a la dirección de Seguridad de la CAM –que "no existió", según él, o fue producto de "personas a las que se le fue la cabeza", según Cobo–, al sufrido por él en su viaje a Colombia y que corrió a cargo de dos agencias de detectives, según se investiga en el Juzgado de Instrucción Nº 47. 

Estas agencias de detectives son Método 3, de Francisco Marco, y Detectives Mira, de José Luis Diez, quien también ha declarado y ha reconocido que conocía al policía de confianza de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, quien fue director de Seguridad de la Justicia. Fue Prada quien le llevó con un sueldo de 6.000 euros mensuales, cobró una indemnización de más 100.000 cuando su jefe abandonó el puesto y fue contratado al día siguiente con el mismo salario. 

Ese dossier fue pagado con facturas falsas que después le abonaban a las empresas la Comunidad de Madrid, según ha esgrimido la diputada socialista, y fue publicado por diferentes medios que apuntaban a la adquisición de un ático por González y su esposa, Lourdes Cavero, en la localidad malagueña de Estepona. 

Preocupado por ese motivo, González se reunió con los comisarios de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en la cafetería La Mallorquina en 2011. Pero a preguntas del diputado Miguel Ongil no ha querido explicar ni quién le concertó la entrevista ni si eran ciertas las acusaciones de chantaje contra ellos. Es más, gritando ha repetido en varias ocasiones: "No hay ningún dossier, no hay ningún dossier", contradiciendo el argumentario que traía preparado y ya había expuesto: "La única víctima de espionaje he sido yo".