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El Govern fía la estrategia del fondo para los avales del Tribunal de Cuentas a la luz verde del Consell de Garanties Estatutàries

Los afectados agotan las últimas horas del plazo que expira la medianoche de este lunes para depositar las fianzas. El dictamen favorable del órgano de control estatutario reforzaría al Govern, podría facilitar la participación de un banco y evitaría el recurso del Gobierno español. El ente fiscalizador evaluará el aval del Institut Català de Finances y se prevé un rechazo.

El presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés, en una reunión semanal del Govern. EFE/ Quique Garcia
El presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés, en una reunión semanal del Govern. Quique Garcia

La treintena de ex altos cargos de la Generalitat afectados por las multas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas en el caso de la Acció Exterior, 5,4 millones de euros en total, han agotado las últimas horas para depositar los avales antes de que la media noche de este lunes expire el último plazo fijado. Entramos pues en una semana decisiva para este polémico caso que tendrá su punto de máxima atención en la resolución sobre el aval aportado por el Institut Català de Fiances (el ICO catalán) en base al fondo de riesgo de diez millones de euros creado por el Govern para casos como este. En primer lugar, el propio Tribunal de Cuentas tiene que dictaminar si acepta el aval del ICF como procedente o lo rechaza. En este último caso, los afectados que han solicitado el aval del ICF –la mayoría- tendrían que responder con patrimonio particular o serán embargados. Y en segundo lugar será fundamental la evaluación que haga el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat respecto a la constitucionalidad del decreto de creación de dicho fondo de riesgo. 

El Consell de Garanties Estatutàries tiene de plazo hasta el jueves para dictaminar si el decreto de creación del fondo de riesgo de 10 millones se enmarca dentro de las competencias que el Estatut da a la Generalitat y del marco constitucional. Aunque sus resoluciones no son vinculantes para el Govern, en este caso es un dictamen que impactará fuertemente en el caso. Y des de la presidencia de la Generalitat se fía la estrategia del aval del ICF a una resolución positiva del ente de control estatutario. Una estrategia que ha fijado el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, frente a las dudas expresadas por su propio conseller de Economia, Jaume Giró. 

Según fuentes del departamento de la Presidència que dirige Laua Vilagrà, "nuestro cometido es garantizar que el decreto tenga toda la viabilidad jurídica mediante los Serveis Jurídics de la Generalitat que dependen de nuestro departamento. Y estamos convencidos de que así se ha hecho. El decreto es totalmente legal, estamos convencidos". En esta misma línea se expresa el propio president Aragonès: "No hay ningún motivo por el que los instrumentos de aval sean rechazados. Son plenamente legales, de acuerdo con un decreto ley del que todo el mundo reconoce su solidez jurídica". Cabe recordar que el propio PSC se ha mostrado favorable a la legalidad del decreto".  

Los propios afectados por las multas son escépticos sobre si finalmente se podrá hacer efectivo el aval del ICF que permitiría provisionalmente, a la espera de una resolución judicial, evitar el embargo de su patrimonio. "Todos lo vivimos con incertidumbre. Este fondo creo que es una buena solución, al menos para ganar tiempo y encontrar una solución al problema de fondo, pero no sé si será aceptado" declaraba el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, en esta entrevista reciente para Público. Porque será el Tribunal de Cuentas, con una mayoría impuesta por el PP, quién decida si lo acepta o lo rechaza. 

Y lo hará con el mandato de sus miembros caducado, aspecto que incrementa las críticas a la parcialidad de este organismo. El mandato de nueve años de los vocales del Tribunal de Cuentas expiró el pasado viernes. Sus 11 miembros actuales (eran 12, pero el catalán Lluís Armet renunció por motivos personales en 2018) actúan desde 2012, cuando Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaron la composición de este órgano basándose en el equilibrio entre PSOE y PP entonces en el Congreso. Su renovación está atascada de la misma manera que lo están las del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y el Defensor del Pueblo por la negativa del PP a facilitar el proceso. La elección de los nuevos miembros requiere 3/5 partes de la cámara, imposible de alcanzar sin los populares. 

Pero desde el Govern se considera que un dictamen positivo del Consell de Garanties Estatutàries sería una gran victoria. Según explican fuentes próximas a Aragonès, la luz verde de este organismo al decreto del fondo de riesgo supondría un refuerzo de la posición del Govern frente al Tribunal de Cuentas que tendría que explicar de forma clara la denegación de un fondo que cumpliera todos los requisitos legales e incluso no se descarta que pudiera tener que hacer frente a una querella por prevaricación por rechazo indebido del aval. 

En segundo lugar, el apoyo del Consell de Garanties podría facilitar que algún banco sustituya al ICF al frente de los avales. Hasta ahora ninguna entidad financiera ha querido hacerse cargo. 

y finalmente, el dictamen positivo evitaría un peligroso recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español que podría tensar y mucho las relaciones entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de la resolución del Consell de Garanties Estatutàries para tomar una decisión al respecto, tal y como argumentó la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. 

Con todos estos argumentos, la decisión del organismo se espera con inquietud, pero con una cierta esperanza –"estamos convencidos que las cosas se han hecho bien", aseguran desde Presidència- tanto por parte de los exaltos cargos afectados como desde el Govern. 

La participación del Institut Català de Fiances como avalador de los ex altos cargos de la Generalitat ha generado también fuertes tensiones en el interior del organismo. Tres miembros de la dirección del ICF dimitieron antes de la votación sobre la concesión del aval de 5,4 millones para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. El Departament d’Economia confirmó la renuncia, al tiempo que explicó que su mandato había expirado el 1 de julio. Concretamente, se trata de Francisco Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, todos ellos independientes. 

La Junta del ICF está integrada por 11 miembros, de los que 6 son independientes y 5 nombrados por el Govern. Estos últimos son el Secretari d’Empresa y presidente del ICF, Albert Castellanos; el director general d’Innovació, Lluís Juncà que no pudo asistir a la reunión; la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, la actual Secretària General de Salut, Meritxell Masó, y el consejero delegado, Víctor Guardiola, que se abstuvo. Esto llevó a Castellanos a tener que usar su voto de calidad, dado el empate a tres, para forzar la participación del ICF en el aval frente al Tribunal de Cuentas.

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