La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma de la Constitución que busca borrar el término "disminuido" ha arrancado este jueves su andadura en el Congreso con el rechazo de las enmiendas a la totalidad de Vox y PP, aunque los grupos han instado a no bloquear el éxito final de la iniciativa.

El rechazo del PP y Vox pone en riesgo la aprobación definitiva del proyecto, ya que una reforma constitucional exige el apoyo de tres quintos de la Cámara en un votación final y no se logrará si ambos mantienen su oposición.

Durante el debate en el pleno del Congreso los portavoces de los grupos han adelantado que votarán en contra de las enmiendas del PP y Vox, si bien la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria en ponencia, comisión y regresará al pleno, donde precisará de esa mayoría de tres quintos para salir adelante.

"Un paso adelante" 

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido que esta reforma supone "un paso adelante" para consagrar los derechos de las personas con discapacidad y ha asegurado que "no es fruto de la voluntad del Gobierno", sino que su "origen y destino" está en este colectivo, que en España aglutina a 3,8 millones de personas.

"El paso del tiempo ha hecho envejecer a ese artículo 49 de la Constitución y no está en línea con el enfoque actual de la discapacidad", ha subrayado Bolaños, que ha remarcado que "las constituciones no pueden estar al albur de cambios ideológicos y partidistas, pero tampoco pueden ser inamovibles".

No concibe -ha remarcado- que esta reforma no se apruebe con una mayoría "casi unánime": "no se me ocurre ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca a las personas con discapacidad el respeto y la dignidad que merecen", ha incidido.

El Gobierno aprobó ya un anteproyecto de reforma del artículo 49 el 7 de diciembre de 2018, el día siguiente del 40 aniversario de la Constitución, al entender que el término "disminuido" referido a las personas con discapacidad es "obsoleto e injusto", pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral.

Tras insistir en que el "único objetivo" del Gobierno es "adaptar y mejorar" el texto constitucional, Bolaños ha reclamado consenso a los grupos para que "no den la espalda" a estas personas pese a que el clima político diario haga que "las diferencias parezcan insalvables".

"La Cámara no tiene la legitimidad moral necesaria"

Un consenso que parece difícil de alcanzar a tenor de las intervenciones de las portavoces del PP, Isabel Borrego, y de Vox, Macarena Olona, para quienes no es el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional. "Ni el actual Gobierno ni esta Cámara tienen la legitimidad moral necesaria para abordar un debate de una reforma constitucional. Disponemos de la legitimidad política, parlamentaria, legal y constitucional pero no de la legitimidad moral", ha censurado Olona.

A su juicio, si sale adelante esta modificación "ningún derecho se está reconociendo" a las personas con discapacidad, que continúan en la misma situación de desamparo" y "sólo tienen como opción la eutanasia". Ha hecho hincapié también en el "durísimo dictamen" del Consejo de Estado, que, según ha dicho, califica esta reforma de "perturbadora", y ha instado al Ejecutivo a retomar la "senda" constitucional.

Desde el PP, Borrego, que también ha reprochado que "se ignore" al Consejo de Estado, ha recriminado al Gobierno que haya emprendido este camino de manera unilateral y sin el "espíritu de pacto y sosiego político" logrado hace más de 40 años y le ha acusado de querer "sacar rédito político". "Estamos ante una reforma planteada sin consenso, de manera irresponsable y sin rigor jurídico", ha aseverado la diputada popular, que ha defendido, no obstante, la necesidad de eliminar el término "disminuido".

Pero no como plantea el proyecto del Gobierno, que, a su juicio, eleva a rango constitucional preceptos "que no son propios" de la Carta Magna, contiene "agravios comparativos" y una redacción "confusa". "¿Saben qué melón han abierto? ¿Cómo lo van a cerrar?", ha planteado Borrego, que ha sostenido que su objetivo es avanzar en la implementación efectiva y real de los derechos de este colectivo: "ahí siempre nos van a encontrar", ha avanzado.

La mayoría de los portavoces del resto de grupos han lamentado las enmiendas a la totalidad del PP y Vox porque esta reforma tiene que echar a andar ya.
Desde el PSOE, Joan Ruiz i Carbonell ha dicho entender la enmienda de Vox porque "utilizan" la Carta Magna "como parapeto para cualquier avance" y se convierten "en un Tribunal Constitucional bis", pero "cuesta más entender" la postura del PP, al que ha invitado a cambiar su criterio.

"No utilicen como excusa la teoría de no abrir el melón, aquí no hay ningún melón", ha asegurado el diputado socialista, mientras Ismael Cortés (Unidas Podemos) ha acusado a los dos partidos de "mimetizarse": "todo es válido con tal de hacer oposición", ha añadido. "Dejemos los colores políticos a un lado", ha exigido Sara Giménez (Cs) tras pedir al PP "que rectifique", al tiempo que Josep Pagès (Junts) ha censurado las ideologías basadas en "prejuicios trasnochados"

.Para Joan Baldoví (Compromís) ambos grupos están "en la edad del no" y les ha pedido que pierdan el miedo a reformar la Constitución.