"El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid". Éstas eran las palabras de Cristina Cifuentes 11 días después de que Ignacio González ingresara en prisión por su implicación en el Caso Lezo. Sin embargo, la corrupción sigue salpicando a miembros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y no todos parecen tener tan claro como la presidenta los caminos para erradicarla. La prueba es que en la presente legislatura de Cifuentes sólo cuatro de los nueve imputados o investigados por corrupción han abandonado su cargo. No obstante, de los 48 diputados que obtuvo en las autonómicas de 2015, un total de 20 parlamentarios, casi el 42%, han tenido que renunciar al acta por diversos motivos.

El código ético del PP a nivel nacional obliga a renunciar "voluntariamente al cargo o responsabilidad" a aquellas personas que "sean investigadas formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social". Las normas del Partido Popular también obligan a dejar su escaño a aquellos que cooperen con "una organización, sociedad o entramado societario, con la finalidad de carácter criminal de cometer fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos económicos, delitos de corrupción o cualquier otro delito contra la Administración Pública".

El código ético del PP madrileño, al que suscribieron todos los parlamentarios al inicio de esta legislatura, implica la renuncia "inmediata" al acta en el caso de que el diputado sea investigado formalmente por un caso de presunta corrupción.

A pesar de estas prescripciones de los conservadores en el Partido Popular de Madrid no siempre es así. En las filas del partido que preside Cristina Cifuentes hay nueve personas salpicadas por algunos de los casos de corrupción de los últimos tiempos: la Trama Púnica, el caso Gürtel, Mercamadrid, Lezo o el caso Teatro. En cambio, tan sólo tres han presentado su dimisión, una ha renunciado a su condición de diputado y otro ha sido destituido. 

Los que ya no están en el PP de Madrid 

Josefa Aguado ha sido la última en abandonar su carga en el PP madrileño. La diputada regional del PP en la Asamblea de Madrid, dimitía este jueves por su implicación en el caso Gürtel. El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal, de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha aceptado la competencia para conocer los hechos investigados por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por la gestión de Aguado en las X Olimpiadas Escolares celebradas ese año en Arganda del Rey, cuando era jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de dicha localidad.

El Juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió el pasado mes de abril un exposición al TSJM en la que apreciaba que Aguado "habilitó los trámites administrativos" que hicieron posible que se abonara a las empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, las facturas de la celebración de dichas olimpiadas.

Unos días antes dejaba su cargo Miguel Ángel Ruíz, viceconsejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, por su implicación en la Operación Púnica. El Juez Velasco investiga las funciones que desempeñada Ruíz en la empresa pública Arpegio, de la que fue consejero delegado, durante la etapa de Esperanza Aguirre. 

El pasado mes de julio, el instructor de la Púnica solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.

Además, Francisco Granados pidió recientemente la declaración de varias personas relacionadas con Arpegio, entre ellas Miguel Angel Ruíz. 

En julio del año pasado Daniel Ortiz tomaba la "decisión irrevocable" de renunciar a su acta de diputado por su participación en la Púnica. El diputado autonómico del Partido Popular, concejal del ayuntamiento de Mostoles y presidente del PP de Mostolés fue imputado por tráfico de influencias, fraude a la administración pública, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.

La investigación apuntaba a que presuntamente, cuando era alcalde de Móstoles en 2014, se mensajeó con Sánchez del Rey, que era el edil responsable de promover el contrato de eficiencia y mantenimiento energético. De esta forma buscaba  actuar en favor de Cofely, empresa investigada en la trama Púnica. Cofely lograría un contrato de suministros y servicios energéticos de 73 millones de euros a cambio de comisiones por 746.000 euros.

Ortiz, que dejó su cargo tras una reunión con Cifuentes, afirmó que se marchaba "con el apoyo y el respeto"  de su presidenta y de sus compañeros.

Asimismo, Borja Sarasola, diputado que iba en las listas de Cifuentes, decidió renunciar a su cargo de diputado tras conocerse su implicación en la Trama Púnica en el año 2015. En un primer momento la Audiencia Nacional le llamó a declarar en calidad de imputado, pero esta citación fue desconvocada al haber sido elegido diputado y por tanto pasar a ser aforado. Más tarde Sarosola dejó sus cargos. 

El 20 de julio de 2016 se conocía la implicación del exasesor de Cristina Cifuentes. Miguel Garzón, en el 'caso Teatro'. Este caso investiga los presuntos amaños de contratos e irregularidades que se habrían dado en la construcción de un teatro en Getafe. Tras conocer su imputación fue cesado de inmediato. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe llamó a declarar en calidad de investigado a Miguel Garzón Andrés, por aquel entonces asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el amaño de contratos en el marco de la investigación del 'caso Teatro'.

Junto a Garzón se investigó a otros cinco ediles del Ayuntamiento de Getafe Antonio José Mesa, Fernando Lázaro, María Paz Alvárez , Pablo Martínez ,e Inmaculada Concepción Lázaro, actual concejal del PP en Getafe. 

La mitad de los investigados continúan en el partido

El nombre de Jesús Gómez figura en el sumario de la Púnica por supuestas extorsiones a un periódico de Leganés durante su etapa como alcalde de la localidad madrileña. Actualmente es diputado autonómico del Partido Popular.

El sumario de la Púnica desvela que Jesús Gómez extorsionó con 1.000 euros a un periódico de la localidad de la que era alcalde. Este sumario recoge una carta del director de este medio, Enrique Riobóo de la Vega, remitida a Esperanza Aguirre en la que denuncia este chantaje. Según las investigaciones, Riobóo abonó mil euros a las cuentas del Partidos Popular a cambio de recibir información judicial del caso "Facturas". 

Un informe de la Guardia Civil desvelado en septiembre del año pasado situaba al actual diputado de la Asamblea de la Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González al borde de la imputación en el caso Púnica. Los investigadores concluyeron que había "indicios suficientes" de que González recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que regía, según informó eldiario.es 

Cifuentes salió al paso de las informaciones y dijo confiar en que el diputado regional del PP "dimitiría si finalmente era imputado". En la actualidad es miembro de la comisión de Sanidad y vicepresidente de la comisión de Juventud del PP de Madrid. 

La Policía acusó al senador del PP Juan Soler de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe. El actual diputado del PP fue investigado por la policía por participar activamente en los amaños e irregularidades que se habrían dado en la construcción de un teatro en Getafe. 

El sumario judicial refleja las sospechas de la Policía de que varios contratos asociados en 2012 a la construcción de este teatro fueron gestionados de forma irregular, adjudicados a dedo y con los contratistas sabiendo de antemano que iban a ser contratados.

Además, la Cadena Ser desveló que un día antes de dejar su puesto de alcalde dio la orden a su equipo más cercano de borrar su rastro de los ordenadores del Ayuntamiento. 

Enrique Núñez, actual director general de seguridad del Partido Popular, está siendo investigado por el caso Mercamadrid. El pasado 10 de mayo un juez abrió diligencias contra 13 personas por un presunto delito societario relacionado con Mercamadrid, entre ellos Concepción Dancausa, Pablo González y el propio Enrique Núñez. 

En este caso el miembro del Gobierno de Cifuentes se aferra al código ético del partido para mantener su puesto. Se le está investigando por un presunto delito societario y no por delitos relaciones con la corrupción por lo que según la ética del partido no está obligado a renunciar.