El protocolo antiaborto que Vox ha intentado imponer al PP en Castilla y León como parte de su acuerdo de gobierno y que el partido de Feijóo ha tardado tres días en rechazar, ante las críticas desatadas por una medida tan reaccionaria, difícilmente se habría podido aplicar al contravenir la ley vigente en materia de aborto y ante la maquinaria jurídica que prevé la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional para casos de rebeldía de las comunidades autónomas.

Si el protocolo hubiera acabado publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Gobierno de Pedro Sánchez lo hubiera impugnado ante el Constitucional, como anunció este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y hubiera quedado suspendido hasta que el tribunal de garantías se hubiera pronunciado sobre su legalidad, para lo que tiene cinco meses de plazo en esos casos de conflicto de competencias, según indica el artículo 161 de la Constitución.

El Ministerio de Sanidad envió este domingo un requerimiento (medida previa al requerimiento de competencias que prevé la Ley Orgánica del TC para estos casos) al Ejecutivo del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco exigiéndole que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" ante el plan antiabortista anunciado a bombo y platillo por su vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox. 

El día antes, el sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo alusión a este asunto en un acto del partido en Sevilla en el que se refirió a una "coalición del miedo" de PP y Vox. 

Desde que el jueves pasado por la tarde García Gallardo desveló sus planes reaccionarios contra el derecho al aborto, que pasaban por obligar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a escuchar el latido fetal y a someterse a una ecografía 4D, el silencio del Partido Popular sólo se ha roto este lunes al mediodía, cuando Mañueco ha comparecido ante la prensa, sin opción a ser preguntado, y ha negado la existencia de un nuevo protocolo antiaborto en Castilla y León. 

"En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada", ha dicho el presidente de Castilla y León, desmintiendo así a su socio de gobierno, que horas seguía insistiendo en el citado protocolo 'provida', que incluía derivar a las embarazadas "que lo requieran" a los servicios de Salud Mental. 

El esperpento ha sido mayúsculo durante estos tres últimos días. Mientras Mañueco, que no se atrevía a dar un paso adelante, negaba en Twitter el fin de semana alguna "vulneración de derechos" de las mujeres en relación al protocolo antiaborto, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha permanecido en el más absoluto de los silencios. 

Este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León por fin ha negado, sin despojarse de la tibieza que le caracteriza en lo referente a Vox, la implantación de semejante cercenamiento de los derechos de las mujeres, pero en una declaración confusa y sin dejar hacer preguntas a los informadores, Alfonso Fernández Mañueco ha querido sofocar la polémica y justificar el anuncio de su vicepresidente de Vox refiriéndose a unas nuevas supuestas medidas para fomentar la natalidad en la región.  

El PP tira balones fuera

Por su parte, Génova esperó a que terminase la declaración institucional de Mañueco para iniciar la habitual rueda de prensa posterior al comité de dirección de cada lunes. Conscientes de que el protocolo antiaborto anunciado por la extrema derecha en Castilla y León iba a centrar todas las preguntas, Borja Sémper, nuevo portavoz electoral del partido, ha puesto en práctica la que parece que va a ser la nueva estrategia de los 'populares' para intentar ignorar al partido de Abascal. Así, ha situado al PP en medio de una guerra entre el Gobierno y Vox. "Vox acude al rescate mediático de Sánchez" y "es un chollo para el Gobierno de Sánchez y de Podemos", dijo. 

No obstante, Sémper ha abroncado a Mañueco al recriminarle que "la polémica suscitada desde el jueves en Castilla y León nunca se debería haber producido". El portavoz del PP ha asegurado que los gobiernos "tienen que ser responsables y sensatos" y que lo que se ha visto en Castilla y León "no es eso". "Por tanto nuestra valoración no puede ser positiva", zanjó Sémper. 

El Senado tramita la nueva ley del aborto

La actual legislación sobre el aborto indica que las mujeres podrán interrumpir el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación siempre que se cumplan dos únicas condiciones. Por un lado, que la mujer reciba un sobre con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Y, por otro, que guarde tres días obligatorios de reflexión desde que haya sido informada. No existe legalmente ningún otro requisito.

Durante los últimos dos años, el Gobierno de coalición ha elaborado una amplia modificación de la ley que ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que está a la espera de ser ratificada en el Senado en los próximos días. La nueva ley elimina los dos requisitos anteriores y deja a las mujeres la decisión de abortar sin ninguna condición adicional durante las primeras 14 semanas de embarazo. Además, el Gobierno ha convertido en delito las amenazas y presiones que reciben las mujeres por parte de grupos 'provida' a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo.

El protocolo fantasma de Vox no podría haberse aplicado, ni aunque finalmente el Gobierno del PP en Castilla y León lo hubiera defendido. En primer lugar, porque la ley vigente del aborto, que no es competencia autonómica, no contempla ni el 'latido fetal' y la ecografía 4D obligatoria en el primer trimestre de embarazo. 

En segundo lugar, el proyecto regresivo de Vox para las mujeres se topa con todo un mecanismo descrito en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. El Gobierno puede impugnar las normas autonómicas que vulneren la legislación española, dejándolas en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto.