El Gobierno ha hecho un requerimiento formal al Ejecutivo de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" ante el plan antiabortista anunciado a mediados de esta semana por Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y que ha sido asumido por su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

En un comunicado difundido a los medios, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente". 

La Junta de Castilla y León anunció el pasado jueves que implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad autónoma como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Ante esto, el Ejecutivo central ha asegurado que "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna".

En este sentido, el Gobierno español informa que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, y establecer las medidas pertinentes.

El Gobierno central pide a la Junta de Castilla y León que se abstenga de aprobar y aplicar medidas que vulneren o menoscaben lo establecido en la actual ley del aborto y advierte que en caso de haber sido ya adoptada, cese "de inmediato" de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o

recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.

Asimismo, el Gobierno central "exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas" y que se comunique al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por parte de la Junta autonómica, el Gobierno "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

Finalmente, el Ejecutivo estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".

La Junta defiende su "autonomía" para aplicar "cualquier protocolo" a embarazadas

El Gobierno de la Junta de Castilla y León, integrado por PP y Vox, ha contestado en la noche de este domingo a través de un comunicado en el que asegura que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier "protocolo" que "establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas" y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desmintió este sábado a su vicepresidente y aseguró que las medidas antiabortivas anunciadas por Juan García-Gallardo no serán obligatorias. "La mujer que solicite lo podrá escuchar", aseguró Mañueco en relación al latido fetal. "Lo tiene que solicitar la mujer y tiene que haber una situación de criterio médico", insistió.