CatalunyaLos hechos probados de la sentencia del 'procés' obvian la aparición pública del rey tras el 1-O

Los hechos probados de la sentencia del procés independentista que ha dado a conocer este lunes el Tribunal Supremo no hacen ninguna mención a la aparición pública que hizo el rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum ilegal, para exigir el cumplimiento de la Constitución, al contrario de la Fiscalía, que hizo mucho énfasis en este aspecto para defender que los hechos enjuiciados encajan en el delito de rebelión.

La sentencia del alto tribunal dedica 36 páginas a detallar todos los hechos que consideran probados en el juicio por el proceso independentista en Catalunya, por la que han sido condenados los 12 acusados, nueve de ellos por el delito de sedición.

Los siete magistrados que han integrado el tribunal que ha juzgado el procés independentista han descartado incluir en los hechos probados algunos de los episodios reseñados por las acusaciones anteriores al otoño de 2017.

En este sentido, no se hace referencia alguna a las anotaciones de la agenda Moleskine sobre reuniones en las que habrían participado los acusados, que se encontró en el domicilio de Josep Maria Jové, el que fuera la mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, o el 'Libro Blanco de la transición nacional', considerado como una 'hoja de ruta' para la consecución de la independencia, que fue presentado en 2014 por el expresidente catalán Artur Mas, que fue investigado en esta causa.

Pero tampoco se hace alusión al hecho de que el Rey Felipe VI hiciera una comparecencia pública dos días después del 1-O para exigir el cumplimiento de la Carta Magna, tal y como destacó la Fiscalía en su escrito de acusación.

La Fiscalía lo subrayó en el juicio

El Ministerio Público subrayó que "ante este levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", el Rey Felipe VI dirigió "un mensaje a la Nación" en el que lamentó el "quebrantamiento de los principios democráticos de todo el Estado de Derecho, la profunda división y fractura que se estaba produciendo en la sociedad catalana", así como el "enorme riesgo" que se había generado en la economía catalana y nacional.

El fiscal recordó que el rey pidió que se "respetara el orden constitucional, no la paz pública".

Esto mismo fue reiterado por el fiscal Fidel Cadena durante su exposición de conclusiones finales en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, en el que defendió que en el procés hubo la violencia necesaria que requiere el delito de rebelión, que ataca "el ordenamiento constitucional y no contra el orden público".

En esta línea, el fiscal recordó que el rey tuvo que pedir públicamente que en Catalunya se "respetara el orden constitucional, no la paz pública", para exigir el "cumplimiento de las obligaciones constitucionales".

Leyes de desconexión y reparto de funciones

Los magistrados comienzan reseñando como hecho probado que en septiembre de 2017 se aprobaron en el Parlament de Catalunya las conocidas como 'leyes de desconexión' y que el día 8 de ese mes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat.

También relatan el reparto de funciones que llevaron a cabo los acusados para desarrollar su estrategia independentista, así como la desobediencia reiterada a las advertencias del Tribunal Constitucional, el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 para impedir el trabajo de la comisión judicial que registraba el edificio.

Asimismo, se destaca la reunión que los responsables de Mossos y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el que fuera su 'número dos' Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn mantuvieron el 28 de septiembre de 2017, en la que la policía autonómica advirtió de posibles "graves incidentes" si se mantenía la jornada de votación, declarada ilegal.