El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, será interrogado como investigado (antiguo imputado) por el supuesto delito de administración desleal que habría cometido al aprobar una serie de créditos de Caja España en favor del propio presidente de la entidad, Santos Llamas, cuando el político formaba parte de su consejo de administración.

La acusación popular que ejerce Ecologistas en Acción e Izquierda Unida tienen previsto solicitar este viernes la citación de Martínez Maillo como investigado, junto con los otros quince imputados que conformaban la excúpula de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero entre los años 2009 y 2012, según confirman fuentes jurídicas.

La Fiscalía estima en casi 60 millones de euros el perjuicio económico ocasionado a la entidad fusionada al conceder estos créditos fallidos a su entonces presidente, créditos que debían ser aprobados por el consejo de administración investigado en el que Martínez Maillo formaba parte.

La causa fue abierta en el juzgado de instrucción número 5 de León en el año 2013 a instancia de la Fiscalía tras investigar una denuncia interpuesta por Izquierda Unida.

Este viernes declaran ante la juez de instrucción del caso, Rocío González Boñar, los inspectores del Banco de España que realizaron un informe pericial sobre estos créditos ventajosos y de dudoso cobro aprobados por el consejo de administración de la entidad de ahorros en beneficio de las constructoras del entonces presidente de Caja España, Santos Llamas.

Los consejeros aprobaron estos créditos en favor de Santos Llamas, a pesar de las advertencias recibidas del Banco de España de que estaban infringiendo la ley.

Rescate de 1.200 millones públicos

Las pérdidas afectaron a los “intereses generales” de Caja España, fusionada después con Caja Duero y luego Banco Ceiss, según la Fiscalía. La entidad precisó de un total de 1.129.000.000 euros públicos para evitar la quiebra y fueron aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

Martínez Maillo fue elegido coordinador general del PP el pasado 12 febrero, cuando el 9 de enero anterior la Audiencia Provincial de León había confirmado la imputación del político por supuestos delitos societarios al igual que el resto de los miembros del consejo de administración de Caja España.

Las operaciones de refinanciación o reestructuración de deudas vencidas en favor del Grupo Santos Llamas que se investigan se centran en especial entre los años 2010, 2011 y 2012 y fueron otorgadas por Caja España y Caja Duero.

En el año 2010 entró en vigor la Ley de Cajas que prohíbe expresamente a los presidentes mantener u obtener créditos, avales o garantías de la entidad que presiden para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales.

Santos Llamas Llamas fue presidente de Caja España desde julio de 2006 hasta el 1 de octubre de 2010, cuando pasó a ser consejero de Caja España-Duero, de nueva creación tras la fusión de la entidad con Caja Duero, hasta que cesó en octubre de 2012.

Fernando Martínez Maillo formó parte del consejo de administración de Caja España entre los años 2006 y 2010 en su condición de presidente de la Diputación de Zamora (2003-2015).

El resto de los exconsejeros imputados son: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT), Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL), Francisco Fernández Álvarez (ex alcalde de León, PSOE), Javier García Prieto (PP), Olga Palacio García (PSOE), María Begoña Núñez Díez (PSOE), Marcos García González (PSOE), Zeón Rodríguez Ridruejo (PSOE), Artemio Domínguez Fernández (PP), Alejandro Menéndez Moreno (catedrático), Juan Elicio Fierro Vidal (PP), Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica) y José Antonio Turrado Fernández (Asaja).

58 millones de euros de 'agujero'

El informe pericial del Banco de España analiza 29 operaciones concedidas por Caja España y otras 17 concedidas por Caja Duero, entre los años 2007 y comienzos de 2012, a las empresas de Santos Llamas (Construcciones Carriegos, S.A; Construcciones Llamas Gil, S.L.; Sotabán, S.L. y Soliciones Inmobiliarias de León, S.L.).

Los créditos ascendieron a 67,5 millones de euros desde Caja España –con un riesgo vivo de 55 millones de euros- y de otros 8,8 millones desde Caja Duero, donde el riesgo vivo asciende a 3 millones de euros.

¿Refinanciación trampeada?

En la investigación destaca también una operación de reestructuración de deudas realizada el 8 de enero de 2009 en Caja España y aprobada por el consejo de administración del que formaba parte Maillo y a favor de Santos Llamas.Esta operación debió de haber sido clasificada como dudosas por morosidad y no como una reestructuración normal, conforme establece el Banco de España (Circular 4/2004), según los peritos.

En la refinanciación de esta morosidad se habría aumentado la tasación del valor de los inmuebles que el presidente de la Caja había puesto como aval, sin aportar más garantías para aumentar el crédito en 30 millones de euros, según la investigación a la que ha accedido Público.

La prejubilación de ‘Paco Raquetas’

En la causa figura también la denuncia por una prejubilación a favor del consejero Francisco Fernández, ex alcalde socialista de León y conocido con el apodo de ‘Paco Raquetas’.

El dirigente socialista fue promovido desde un escalón bajo –auxiliar administrativo- a un puesto de alta dirección de Caja Duero cuando estuvo 12 años en excedencia por cargo político.

‘Paco Raquetas’ se prejubiló en base a un ERE mientras se encontraba en excedencia, se postulaba como candidato al Congreso de los Diputados y era miembro del consejo de administración de la entidad. Recibió 420.000 euros, según la documentación que obra en la denuncia.

La prejubilación fue firmada por el presidente Santos Llamas y su director general, Ignacio Lagartos. El escándalo desatado en 2011 provocó la dimisión de 'Paco Raquetas' como secretario general del PSL-PSOE, portavoz y concejal socialista en León.