Igualdad se niega a modificar el consentimiento en la ley del 'solo sí es sí', pero se abre a endurecer algunas penas

El Ministerio de Igualdad está dispuesto a elevar alguna penas mínimas de los delitos más graves en la ley del solo sí es sí, pero se niega rotundamente a tocar o modificar en la norma el concepto de consentimiento, ni a añadir ninguna cláusula que vuelva a introducir en el Código Penal la violencia y la intimidación a la hora de valorar las penas tal como hacía el texto anterior, tal como propone el Partido Socialista.

Las propuestas fueron desveladas por Igualdad este martes en un encuentro con medios de comunicación después de que se conociera el contenido de la propuesta de reforma que proponen sus socios de Gobierno y que el ministerio que dirige Irene Montero ya había rechazado.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, ha explicado que el Ministerio no se ha quedado parado, puesto que desde que se produjeron las primeras rebajas de condenas a violadores han estado trabajando "sin descanso". Desveló también que en diciembre pasado presentaron varias propuestas al Ministerio de Justicia. Entre ellas un decálogo de actuaciones urgentes, que Igualdad ha hecho público este mismo lunes, así como al menos tres propuestas de modificación del Código Penal para intentar acotar la interpretación de los jueces sobre las penas.

Rodríguez comparó la situación actual de la ley del solo sí es sí con el momento en el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la ley contra la violencia de género en 2004, que supuso un cambio de paradigma en la forma de juzgar estos delitos. Entonces, recuerda, "se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por parte de distintos juzgados, que hicieron que muchas mujeres tuvieran que esperar años para ver que sus casos se resolvieran, se incrementaron en un 158% los sobreseimientos, e hizo que se plantease un debate en el ámbito jurídico sobre si esa ley era o no constitucional". Rodríguez resaltó que entonces, lejos de retroceder en los avances, la decisión de los socialistas fue acertada y desarrolló una lista de medidas para implementarla. Algo que ahora se pretende hacer desde Igualdad con la ley del sólo sí el sí. 

"Recordemos que lo que nos estamos jugando aquí es que a las mujeres se les vuelva a preguntar si se resistieron y que esa resistencia es lo que demuestra que sufrieron una agresión sexual", ha sentenciado la secretaria de Estado

Tal como han comentado diversos juristas a Público, no existe ninguna medida que pueda frenar la bajada de penas que se han producido hasta la fecha ni las que se puedan producir, incluso si otra nueva norma entrara en vigor de forma exprés. Desde Igualdad afirman que no es un problema de la norma, sino de la mala interpretación de la misma que están haciendo algunos tribunales y audiencias provinciales, que aplican la pena mínima sin tener en cuenta el resto de la norma, que impone nuevas agravantes a los delitos. 

Desde el ministerio que dirige Irene Montero no se ve necesaria esta reforma legal y explican que preferirían dejar las penas tal y como están, pero que, en aras de llegar a un acuerdo con su socios de Gobierno, han planteado el endurecimiento de algunas penas mínimas.

"El PSOE nos hizo una propuesta que volvía al modelo anterior y que por tanto exigía ese calvario probatorio para las víctimas. Trabajamos en propuestas de modificación del Código Penal. Desde diciembre del año pasado hemos hecho hasta tres propuestas de reforma que pueden ayudar a evitar una menor interpretación a futuro y que no van a resolver el problema de la rebaja de penas, pero que van a dar menos margen interpretativo a los jueces y aliviar la preocupación social", ha afirmado Ángela Rodríguez.

Una reforma impulsada por sectores conservadores

La secretaria de Estado ha puntualizado que la propuesta socialista está impulsada por la presión de los sectores más conservadores, que quieren volver al Código Penal anterior a la esta ley, una actuación por la que "estamos muy preocupadas", puesto que la propuesta del PSOE es prácticamente igual a la que presentó el Partido Popular hace unas semanas. 

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, también ha criticado la propuesta del PSOE. "No se trata de un problema de penas, porque estas no han bajado. La ley propone un cambio de sistema que contiene nuevas agravantes, penas nuevas y nuevos delitos antes no definidos" y ha criticado el automatismo de algunos jueces en mirar sólo las penas mínimas y aplicar una revisión de penas de forma automática. "La mayoría de jueces aplican la ley correctamente, pero unos pocos no", afirmó esta domingo Irene Montero.

Para Rosell, meter en el Código Penal el concepto de la necesidad de probar si la víctima sufrió violencia e intimidación, como propone el PSOE, "es volver a meter dentro del esquema algo que se carga el sistema basado en el consentimiento libre como eje de los delitos de la libertad sexual. Es lo que propuso el Partido Popular y no debería ser la propuesta del Partido Socialista".

La voluntad de Igualdad es negociar una solución hasta el final y afirman que no cejarán en este empeño. Desde el PSOE han afirmado este lunes que su propuesta será aprobada con Unidas Podemos, pero advirtieron que si no hay acuerdo con sus socios de Gobierno, seguirán adelante. El Partido Popular ya ha anunciado que le prestará los votos.