Illa exige al Tribunal Supremo que aplique la amnistía "con diligencia"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido al Tribunal Supremo que aplique "con diligencia" la ley de amnistía. Lo ha dicho en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley este jueves.

"Me duele que haya todavía personas que no se hayan podido beneficiar de la ley de amnistía. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Supremo, que se les aplique esta ley con diligencia", ha asegurado, sin mencionar el expresident Carles Puigdemont o el líder de ERC, Oriol Junqueras, que justamente son los principales dirigentes independentistas que todavía no se han beneficiado de la amnistía.

Illa ha reiterado que la amnistía es "una ley plenamente constitucional" y ha avisado a los jueces que "no tiene sentido obstaculizar su aplicación". Durante su discurso, el president ha subrayado que la democracia es "sólida y llena de garantías institucionales" porque todo el mundo pueda "defender sus ideas y su proyecto político”.

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 Aval del Constitucional  

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del procés independentista catalán que tuvo su clímax en el 1-O. La corte de garantías ha resuelto la cuestión en tres jornadas de deliberación y una de confirmación.

Queda desactivado así el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular, que atacaba todo el texto legal. De este modo, los magistrados, con Cándido Conde-Pumpido al frente, han resuelto que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y, más en concreto, que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 también es válida.

Es importante tener en cuenta que esta sentencia no implica que el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont pueda regresar inmediatamente al Estado porque se arriesgaría a ser detenido al no haberse pronunciado todavía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay discrepancias entre las fuentes jurídicas sobre cuál será la interpretación de los magistrados europeos.