El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como la tasa Google, continuará con su tramitación en el Congreso, después de que este jueves la Cámara haya rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Ciudadanos. La Cámara ha rechazado las enmiendas de los grupos de la derecha con 198 votos en contra, 148 votos a favor y ninguna abstención

La encargada de defender el proyecto de ley del Gobierno ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Tenemos una fiscalidad analógica en una economía digital", ha asegurado y ha apelado a la necesidad de actualizar los sistemas de tributación para adaptarlos a estructuras económicas "intangibles" que operan en el entorno digital.

"Existen compañías cuyo modelo de negocio se basa en intangibles y en datos. Hay empresas que pueden prestar servicios digitales en un país sin tener presencia física en ese país; la economía es cada vez más digital, y a esta economía no se le ha construido una fiscalidad acorde", ha asegurado Montero.

La ministra también ha insistido en la necesidad de alcanzar una tributación justa y progresiva con la que financiar los servicios públicos, sobre todo después de las consecuencias que ha dejado la emergencia sanitaria del coronavirus. "Este impuesto es una necesidad y un primer paso para acercar de forma progresiva los niveles de tributación de nuestro país a los países de la Eurozona. Tenemos que contribuir a hacer pedagogía impositiva, que la ciudadanía genere una conciencia fiscal".

En este sentido ha apelado a "no engañar a los ciudadanos cuando abordamos la fiscalidad: sin un sistema tributario justo no hay educación, sanidad ni prestaciones sociales". Parte de la defensa del PP, Vox y Ciudadanos de sus enmiendas pasaba por advertir que el impuesto afectaría a pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios en el ámbito digital, algo que la ministra ha rechazado de facto, criticando duramente que estos grupos siembren la sospecha en estas empresas.

El impuesto afectaría a las empresas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España. "No tendrá impacto para pequeñas y medianas empresas, salvo que alguna de sus señorías crea que 750 millones puede ser la facturación de una pequeña o mediana empresa".

La oposición duda de la capacidad recaudatoria de la tasa

Las otras dos críticas de los grupos que presentaron enmiendas se basaban en las dudas sobre la capacidad de recaudación real del impuesto y sobre la armonización con la legislación europea, que en estos momentos también estudia la posibilidad de impulsar una reforma para gravar a las grandes tecnológicas. El Gobierno había previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros que posteriormente rebajó a unos 968 euros antes de la pandemia, debido a una cierta ralentización de la economía, por lo que tras la emergencia sanitaria la recaudación podría ser aún menor.

"Creemos que se deben crear estos impuestos, pero ahora no tiene cabida. Antes de la crisis, sí, pero hay que hacerlo con consenso internacional. Nos preocupa la unilateralidad de España, una posible ralentización de la digitalización y la falta de valoración del impacto en consumidores y empresas, así como los irreales objetivos de recaudación que se ha fijado el Gobierno. Al impuesto decimos 'sí', pero no ahora y de forma unilateral", ha defendido la diputada de Cs María Carmen Martínez.

La naturaleza de este impuesto es razonable, pero no es oportuno ahora y de esta manera. Este impuesto corresponde desarrollar y acordarlo en organismos internacionales, como la OCDE o la Unión Europea. Ustedes mismos reconocen que posteriormente tendrá que adaptarse a lo que se acuerde en estos organismos, lo que puede provocar distorsiones fiscales entre países que perjudicarían la competitividad de nuestras empresas", ha asegurado Javier Bas, diputado del PP, que ha acusado al Gobierno de crear "un enorme escudo fiscal".