Los incendios cuestionan el modelo de gestión forestal de Feijóo y Rueda en Galicia
La comunidad ha visto arder más del 15% de su superficie forestal en los últimos 16 años de gobiernos del PP, pese a las partidas en prevención y extinción que suman más de 1.231 millones desde 2017.
Oposición, sindicatos y ecologistas critican la ausencia de una ordenación territorial racional, la apuesta por la eucaliptización y la precariedad de medios humanos y materiales en los servicios forestales.
A Coruña--Actualizado a
La oleada de incendios que está asolando Galicia desde hace más de una semana, unida a los episodios similares que se suceden casi todos los años en la comunidad, está poniendo en cuestión, a juicio de la oposición, los sindicatos y las asociaciones ecologistas, el modelo de gestión forestal que la Xunta ha desarrollado bajo los gobiernos del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo desde 2009 hasta 2022 y con Alfonso Rueda desde entonces hasta ahora.
Sólo en los últimos nueve años, desde 2017, la Administración autonómica ha invertido más de 1.231 millones de euros en financiar la ejecución de sus competencias en materia de acciones preventivas y gestión de la infraestructura forestal destinada a prevenir los incendios, reducir el peligro de que se produzcan y a combatirlos. Sin embargo, desde 2009, y a falta de evaluar lo que se está quemando este verano, en lo que semeja la peor oleada de los últimos años, han ardido, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), más de 290.000 hectáreas. Es decir, que en apenas 16 años y sin contar lo que va de 2025 –el cálculo provisional de la Xunta son otras 59.000 hectáreas–, casi el 15% de la superficie forestal de la comunidad y el 10% de los 29.600 kilómetros cuadrados que ocupa todo su territorio se ha convertido en humo y cenizas.
"Aunque ahora estamos viendo las consecuencias en toda su virulencia, nosotras llevamos años denunciando que éste es un modelo fracasado”, afirma Zeltia Burgos, agente forestal y responsable de Administración pública de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el mayor sindicato de Galicia, también entre los funcionarios autonómicos. Burgos señala como déficits de la estrategia de la Xunta la falta de planificacion y de intervención preventiva sobre el territorio; la apuesta por la eucaliptización –cuyo ejemplo más reciente es el apoyo al proyecto de la celulosa de Altri–; la ausencia de control, vigilancia y limpieza de los montes; la precariedad y falta de medios del personal encargado de cuidarlos, así como la carencia de un servicio forestal 100% público y con gestion única, y de una política de educación ambiental de la ciudadanía y de los profesionales del sector.
"Lo que pone en riesgo a nuestro país es el modelo forestal del Partido Popular", apunta la portavoz de la CIG, quien, en relación a la actual ola de incendios, también lamenta "el ejercicio de escapismo del Gobierno de la Xunta por responsabilzar de la situación a dos meses de sequía y a la ola de calor provocadas por el cambio climático, obviando y eludiendo su papel en la gestión del territorio".
Acciones preventivas e infraestructura forestal
En el capítulo 551b de los presupuestos autonómicos para 2025, titulado "Acciones preventivas e infraestrutura forestal", el Gobierno de Rueda contempla un gasto de 181.588.000 euros en esa materia. Se trata de la mayor partida destinada hasta ahora al "objetivo estratégico" que el documento que recoge las cuentas públicas para este año define como "gestión de los riesgos ocasionados por incendios forestales, mejorando la defensa contra los mismos y aumentando la resiliencia a través de una adecuada planificación y prevención".
Es un 14% más que los 159,32 millones de 2024 y casi un 80% más que los 101,2 millones de 2017 –un 10% y un 30%, respectivamente, si se aplica el incremento de la inflación en esos años–. En la suma de sus seis últimos ejercicios al frente de la Xunta, Feijóo destinó al citado capítulo 730,16 millones de euros contabilizados en precios corrientes –es decir sin aplicar la corrección de la inflación– u 873,85 millones en euros constantes –aplicándola–. En ese mismo período, según el IGE, se quemaron en incendios forestales cerca de 152.000 hectáreas.
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), una de las organizaciones ambientalistas más activas de la comunidad y que está a punto de cumplir 50 años desde su constitución legal en 1976, también denuncia la "falta de voluntad política" de la Administración autonómica para afrontar "la problemática recurrente de los incendios forestales". Adega propone "cambios estructurales, acciones concretas y medidas transversales”, entre las que cita una nueva política forestal adaptada al cambio climático, un ordenamiento territorial que evite la despoblación, una moratoria indefinida para las nuevas plantaciones de eucalipto con programas de reducción progresiva de esa especie, una gestión "pública y democrática de los montes" y un único servicio de prevención y extinción de incendios "público, profesional y adecuadamente formado".
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Público se ha dirigido a la Consellería de Medio Rural de la Xunta, a la que compete su estrategia en materia forestal y, por tanto, la gestión del gasto citado, para reclamar una valoración de las críticas sobre la supuesta ineficacia de esa inversión. A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, el departamento que dirige la conselleira María José Gómez no había ofrecido respuesta. Este diario también se interesó por las denuncias de los trabajadores forestales de la Administración autonómica sobre el hecho de que la plantilla de 2.430 personas que forman los servicios de prevención y extinción no estuviese operativa al completo al inicio de la temporada de riesgo, porque, en su versión, no se habrían cubierto las bajas médicas ni las vacantes por jubilación. La Consellería de Gómez no ha confirmado si esa afirmación es verdad y tampoco si el pasado jueves tuvo que recurrir a 81 trabajadores temporales para que acudieran a los incendios de Ourense, y si preveía hoy mismo realizar un llamamiento similar para cubrir bajas de su operativo que ya se conocían.
Falta de medios y descoordinación
En cuanto a la oposición, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que el lunes visitó una de las zonas más afectadas por el fuego en el municipio de A Mezquita, en Ourense, alertó de que Galicia enfrenta "los mayores incendios" de su historia y que, aunque "la prioridad absoluta tiene que ser apagarlos cuanto antes", el Gobierno de Rueda estaría, en su opinión, "desbordado y sin capacidad de anticipación", por no haber preparado a tiempo un dispositivo suficiente para hacer frente a la emergencia. "Lo que hay es falta de medios y una grave descoordinación, cuando lo fundamental sería tener todos lo recursos disponibles y una organización eficaz para evitar que el fuego siga avanzando", dijo Pontón, según un comunicado difundido por el BNG.
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Por su parte, la diputada socialista Carmen Rodriguez Dacosta apeló en otra nota de prensa a la "unidad política y social" para enfrentar los incendios, instó a Rueda a sumarse "al pacto de país sobre la emergencia climática" propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y adelantado por su secretario general en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y reclamó planes de ayuda a los damnificados por la catástrofe y una intervención urgente en las zonas afectadas.
Ana Pontón (BNG): "Lo que hay es falta de medios y una grave descoordinación, cuando lo fundamental sería tener todos lo recursos disponibles y una organización eficaz para evitar que el fuego siga avanzando"
En ese sentido, el presidente de la Xunta anunció en una comparecencia este lunes por la mañana que su Gobierno aprobará ayudas para los damnificados en la reunión extraordinaria que celebrará la semana que viene en Ourense, y garantizó que, en cuanto los incendios estén controlados, "tocará cuantificar los daños para, de inmediato, resarcir a los damnificados para que recuperen todo lo que perdieron".
Según otro comunicado de la Xunta, Rueda insistió en que esas ayudas, que cubrirán la reconstrucción de infraestructuras locales, viviendas afectadas y los gastos de alojamiento provisional de sus ocupantes, se extenderán también a los propietarios de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas; a los titulares de cotos de caza; y a los dueños de establecimientos comerciales, turísticos o deportivos.
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