El caso Pegasus, el escándalo de espionaje a decenas y decenas de personalidades independentistas, ha vivido un inesperado salto de escala este lunes, después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya anunciado que pueden confirmar que el software israelí también se ha utilizado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunos de los principales dirigentes de los partidos independentistas también se han pronunciado, mostrando en algunos casos dudas sobre los hechos, mientras que en algún caso se han solidarizado con Sánchez y Robles. El nexo de unión entre los distintos actores del movimiento es la exigencia de una comisión de investigación para esclarecer "todos" los hechos -una demanda que se mantiene desde que la revista New Yorker reveló el escándalo de espionaje-, así como la depuración de "responsabilidades políticas".

Las reacciones de ERC y Junts han sido claramente distintas, hasta el punto de que Esquerra plantea que el anuncio es una "cortina de humo". Paralelamente, esta mañana se han presentado las primeras querellas contra la empresa israelí NSO -propietaria del software Pegasus- por el espionaje a independentistas, en concreto por parte de Òmnium Cultural y la CUP.

El expresidente catalán Carles Puigdemont -cuyo entorno fue espiado con Pegasus- ha lamentado que la Moncloa "ha tenido que esperar a que hubiera una infección con Pegasus en los móviles del presidente y de la ministra para considerar que es un asunto de extrema gravedad y por investigarlo". "Cuando lo denunciábamos los catalanes, no merecíamos tanta consideración", ha añadido en Twitter.

También ha comentado que la "violación de la intimidad de Sánchez y Robles es un crimen gravísimo que amenaza la democracia", por lo que ha expresado su "solidaridad con ellos, como víctimas, y la máxima exigencia hacia ellos, como responsables de no haber hecho nada hasta el estallido del 'Catalangate'".

El secretario general de Junts, Jordi Sánchez, ha subrayado lo siguiente en la misma red: "que Pedro Sánchez haya sido espiado no quita ningún motivo para seguir pensando que las cloacas del Estado español se encuentran detrás del 'Catalangate'". Para añadir que "en cualquier caso, hoy queda certificado el espionaje contra el independentismo" y concluir que "más que nunca, comisión independiente de investigación".

Más distancia han marcado ERC y la CUP. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reaccionado en Twitter diciendo que "Moncloa dice que Moncloa ha sido espiada por la Moncloa con el Pegasus que tiene la Moncloa. Ahora, las responsabilidades políticas no las tomará la Moncloa".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado la "máxima transparencia para esclarecer los hechos" y ha avisado de que anuncios como el de hoy no deben servir de "posibles coartadas", sino que su partido sigue exigiendo "responsabilidades políticas".

En la misma red, el president del Govern, Pere Aragonès, ha añadido que "todo espionaje político es de extrema gravedad" y ha recordado que "hace días que se denuncia" desde el independentismo "sin obtener explicaciones del gobierno español". "Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y disculpas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya". También ha insistido que "continua siendo urgente una investigación a fondo con una supervisión independiente y la asunción de responsabilidades. El gobierno español va tarde".

El diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran, ha comentado lo siguiente sobre el anuncio de este lunes: "¿Cortina de humo para convertir verdugos en víctimas? ¿Desviar la atención hacia el extranjero? ¿O bien el propio CNI espiando 'por la unidad de España'?", se pregunta el diputado. En cualquier caso, dice en el tuit, "es necesaria una comisión de investigación urgente para esclarecer todos los hechos.

Fuera del independentismo, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado como "el mayor escándalo de espionaje" en la historia de España el realizado con el sistema Pegasus, después de que el Gobierno estatal haya asegurado que también afectó a Pedro Sánchez y Margarita Robles.

"Que aumente la lista de espiados", tras conocerse hace unas semanas el supuesto caso de espionaje a líderes independentistas, "sólo confirma que estamos ante el mayor escándalo de espionaje de nuestra historia", ha manifestado en Twitter y ha añadido que la postura de su grupo "sigue siendo investigar y depurar responsabilidades".

Primeras querellas

Por otro lado, este lunes Òmnium Cultural y la CUP han presentado las primeras querellas para el caso de espionaje Pegasus en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, ​​que ya investiga el espionaje al conseller y expresidente del Parlament Roger Torrent así como al líder de ERC en Barcelona, ​​Ernest Maragall.

En cuanto a Òmnium, con la querella en representación de Marcel Mauri, exvicepresidente y portavoz de la organización, Elena Jiménez, responsable del área de internacional, y Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart, la entidad pretende demostrar la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados.

La CUP ha presentado la querella por el espionaje al diputado en el Parlament Carles Riera, el diputado en el Congreso Albert Botran y el exdiputado David Fernàndez por un delito contra la intimidad, concretamente de descubrimiento y revelación de secretos. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha declarado que "el Catalangate, el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia".

"Volvemos a ver que el Estado no tiene ningún límite a la hora de detener la lucha por la autodeterminación", ha añadido. Según él, "atacar a Òmnium significa atacar a la sociedad civil" y considera que la aceptación de estas prácticas por parte de la justicia puede suponer un precedente para toda la sociedad europea.

Las querellas, que se dirigen nominalmente contra la empresa israelí NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespionaje de teléfonos Pegasus, pone de relieve la vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, como el derecho al secreto de comunicaciones y la intimidad, y que tiene como efecto también la vulneración indirecta de otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa, que son consecuencia de las circunstancias en las que se ha producido el ataque, perpetrado por supuestas prácticas ilegales del Estado español.

El objetivo principal de las querellas se centra en tres acciones concretas. Éstas pasan por facilitar e investigar toda la documentación vinculada al Catalangate, para que sean de conocimiento de toda la opinión pública; una Orden Europea de Investigación para esclarecer el origen de la financiación y determinar las responsabilidades penales de la compra y el uso ilegal de Pegasus; y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aplicada ya en Bulgaria, Hungría o Rusia, unos mecanismos que la legislación española no contempla de forma clara.