La Inspección de Trabajo aflora más de 25.000 contratos discontinuos fraudulentos en nueve meses

Llevaban razón los expertos en asuntos laborales que con la entrada en vigor de las nuevas normas de contratación derivadas de la última reforma laboral señalaban al formato del fijo discontinuo como el principal candidato a convertirse en el refugio de los fraudes relacionados con la temporalidad: la Inspección de Trabajo ha obligado a transformar en indefinidos 25.593 contratos de ese tipo en lo que va de año tras detectar que las empresas los estaban utilizando para enmascarar empleos estructurales, para reducir sus costes y para imponer a sus empleados una dosis de precariedad que no tenían por qué soportar.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, el nivel de acierto de los inspectores ha llegado a cotas del 66% de los contratos revisados en Aragón, del 63,2% en Asturias y del 59% en Catalunya, unos niveles que, por su magnitud, resultan indicativos de la desmesura que está alcanzando el fraude con este tipo de contratos tras la entrada en vigor de la nueva reforma laboral.

Las cifras no contemplan de manera segregada los resultados de la campaña específica iniciada por la Inspección de Trabajo en mayo, que arrancó con el envío de requerimientos a 14.601 empresa en las que una revisión documental previa arrojó indicios de la existencia de este tipo de fraude en 54.006 puestos de trabajo, para los que proponían la regularización, y que incluía la supervisión de las plantillas de otras 69.018 compañías con fijos discontinuos.

"Sorprende que haya una bolsa de fraude tan grande y unos porcentajes tan elevados", señala Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, quien, no obstante, anota que "conociendo la estructura productiva del país podíamos maliciarnos que este tipo de contrato fuera a ser utilizado para realizar las prácticas abusivas de siempre y para tratar de camuflar ocupaciones estructurales como eventuales".

"Algunas empresa están haciendo un uso abusivo"

El uso del contrato fijo discontinuo, en el que el trabajador permanece en activo mientras así lo requieren las necesidades de la empresa para pasar a situación de desempleo (con prestación o no en función de su carrera de cotización) y permanecer en una bolsa a la espera de un nuevo llamamiento, estaba restringido a las ocupaciones estacionales o de temporada, caso de las campañas agrarias o las turísticas, hasta la entrada en vigor de la última reforma laboral, cuando pasó a incluir las actividades intermitentes y las periódicas.

Las nuevas reglas obligan a la empresa a reseñar en los contratos la duración de la actividad y sus elementos esenciales y a facilitar a los comités de empresa y a los delegados de personal calendarios anuales o semestrales con las previsiones de llamamiento.

"Antes de la reforma laboral este contrato se utilizaba muy poco, pero ahora se ha abierto a empleos de duración cierta pero indeterminada", explica el profesor, partidario de "no demonizarlo, pese a que algunas empresas estén haciendo un uso abusivo de él como antes se hacía con los de obra y servicio y con los de fomento del empleo".

Solo en julio y agosto fueron formalizados 411.637 contratos de ese tipo

Con un volumen de en torno a trece millones de asalariados, los fijos discontinuos no superaron la barrera de los 300.000 contratos hasta 2016, para mantenerse en el siguiente lustro en una horquilla que tuvo su límite superior en los 372.800, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), que también recogen cómo su número se disparó hasta alcanzar una media de 500.100 entre abril y junio de este año, nada más acabar el periodo de transición de la reforma. 

Y su uso continuó creciendo, ya que solo en julio y agosto fueron formalizados 411.637 contratos de ese tipo, una cadencia que elevaba hasta 1,38 millones los registrados en los ocho primeros meses de este año para situar este formato como uno de los más utilizados.

"Hay fraude cuando las necesidades son estructurales"

Lafuente señala dos motivos que explican la mayor frecuencia de su uso. Por una parte, "supone una especie de enlace entre lo que eran los antiguos eventuales y los indefinidos". Y, por otra, las nuevas normas de contratación "obligan a justificar por qué se recurre a un contrato temporal, ya sea por oscilaciones de la demanda de la empresa o por otras causas, y eso a veces resulta complicado".

Es decir, que el contrato de fijo discontinuo se convierte para los empresarios tramposos en una vía de escape para camuflar la temporalidad fraudulenta, aunque los tribunales han comenzado a acotar su uso: "consideran que las empresas cometen un fraude cuando sus necesidades son estructurales y no intermitentes" y utilizan para cubrirlas este tipo de contratos, explica el profesor.

Eso incluye, entre otros supuestos, el solapamiento de temporadas o labores en la agricultura con contratos o llamamientos distintos, la inactividad durante un par de meses cuando las temporadas altas alcanzan la decena restante como ocurre en algunas zonas turísticas y, también, los tramos de actividad de 11 meses por el evidente fraude con el restante de vacaciones que suponen.

Esos 25.593 contratos de fijos discontinuos transformados en indefinidos ordinarios vienen a incrementar la intensa actividad contra el fraude en la contratación que viene desarrollando la Inspección de Trabajo que el año pasado, en vísperas de la entrada en vigor de la reforma laboral, ya forzó la transformación de 370.409 contratos eventuales fraudulentos en indefinidos.

Esa cifra supuso un hito en los resultados de la Inspección, ya que en toda la década anterior el volumen de conversiones solo había superado las 100.000 en dos ocasiones, con los 169.252 de 2019 y con los 193.946 de 2018.