El diputado del PP que salvó la reforma laboral apoya por error investigar las 'cloacas' durante el Gobierno de Rajoy

El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, cuyo error al votar de forma telemática permitió al Gobierno salvar por la mínima la reforma laboral el pasado mes de febrero, se ha vuelto a equivocar este jueves en una votación en el Congreso. Y no ha sido precisamente en una votación cualquiera.

Se trata de la creación de una tercera comisión sobre las presuntas actuaciones irregulares del Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, una iniciativa registrada por ERC, Junts, PdeCat, la CUP, Bildu y el BNGz, y que ha sido aprobada con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y el resto de socios habituales.

Tras las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas, este tercer órgano encargado de indagar sobre las supuestas tramas parapoliciales no solo abrirá pesquisas sobre la conocida como Operación Cataluña; también ampliará las llevada a cabo el pasado año sobre la Operación Kitchen.

De este modo, la comisión tendrá por objeto "investigar las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, así como su relación con posibles entramados privados o lobbies de presión, la posible intromisión en la soberanía de otros países y las conexiones de esta trama con la denominada Operación Catalunya".

La comisión de investigación parlamentaria ha sido aprobada por 191 votos a favor, 153 en contra y una abstención, por lo que en esta ocasión, el nuevo error del diputado Casero no ha sido determinante en el resultado, aunque el sentido del voto emitido de forma telemática ha vuelto a ser diferente al del resto de su bancada, que ha rechazado abrir esta investigación parlamentaria.

Cabe recordar además que el Congreso está a la espera de recibir el suplicatorio del Tribunal Supremo para proceder penalmente contra Alberto Casero al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.