Pesa a haber aprobado dos oposiciones, Jesús hace 15 años que es interino. Primero seis a la Diputación de València, en una plaza que, a pesar de haber sido creada nueva y ser estructural, nunca salió a concurso, vulnerando la legislación. Ahora hace nueve años que es ujier a las Cortes, en una plaza, la titular de la cual se encuentra trabajando en una categoría más alta en otra plaza que tampoco ha podido consolidar, en una dinámica llamada en el argot ‘efecto cascada’ y que cronifica esta temporalidad a todos los estamentos. Durante toda esta década no se han convocado nuevas oposiciones, negándole a Jesús el derecho a poder estabilizar su situación. Si ahora se convocaran y no aprobara el examen se iría a la calle, sin ninguna indemnización por despido.

Este caso es solos un ejemplo de una situación que tiene tantas casuísticas como personas afectadas, pero sirve para entender como la precariedad y la temporalidad se han ido solidificando en la administración en las dos últimas décadas, si bien el proceso se ha acelerado y masificado en los últimos años, a causa de la limitación de las tasas de reposición y los recortes. En el País Valencià hay que sumar la llamada "administración paralela" que el PP fue edificando para limitar el peso del funcionario, mucho más independiente, en favor de un trabajador público en precario con menos derechos y mucho más controlable.

Si bien no hay cifras exactas y estas pueden cambiar mucho por administraciones y, incluso, por departamentos, desde el sindicato STAS calculan que un 35% de la plantilla de la Generalitat se encuentra en una situación de temporalidad, un porcentaje que se puede duplicar en colectivos como el de la educación especial. En el Ayuntamiento de València, Interinos en Acción asegura que pueden representar la mitad de la plantilla efectiva si se descuentan los cuerpos de bomberos y policías, donde todos son funcionarios. En toda España se da por buena la cifra de 800.000 interinos.

"En el País Valencià, la temporalidad a la administración es una herencia que el Botànicoha recibido del PP, pero la valentía para enfrentar el problema y resolverlo es cosa suya", resume Salva Sanmartín, responsable de acción sindical de la STAS. Sanmartín apunta la gravedad de la situación de gente que "lleva veinte o treinta años trabajando a base de encadenar contratos temporales, a veces con menos derechos laborales, y que si ahora suspende un examen, se puede encontrar, no ya sin trabajo, sino directamente abocada en la exclusión". Es por eso que desde su sindicato piden un sistema de acceso diferenciado por aquellos interinos que se encuentren en fraude de ley como "una forma de reconocer los méritos prestados, porque hay gente que se ha dejado la piel en el servicio público, y más en el último año, y por no dejar nadie atrás". Sanmartín recuerda que en Catalunya el Parlamento está tramitando por ley, a propuesta de la CUP, la estabilización de todos los trabajadores públicos.

Desde la plataforma Interinos en Acción del Ayuntamiento de València –uno de los muchos grupos similares que existen- han pedido en diferentes catedráticos en derecho un dictamen sobre la viabilidad jurídica de su propuesta. "Nuestra propuesta pasa por un concurso excepcional de méritos que tendría que ser aprobado por una ley exprés y única, una opción que incluso está prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado público (EBEP) y que permitiría hacer fijos decenas de miles de trabajadores públicos precarios", explica Diana Vázquez, portavoz de la plataforma. Una ley, en este caso, de competencia estatal.

Ultimátum europeo

Tanto la propuesta de la STAS como la de Interinos en Acción están encontrando con muchas resistencias, tanto políticas como también sindicales. Ni CCOO ni UGT han querido hacer bandera de esta reclamación –si bien este segundo empieza a flexibilizar su postura-, el impulso de la cual ha quedado en manos de las plataformas autónomas de interinos y de sindicatos más pequeños. Detrás esta postura hay, además de cálculos contables en una época de austeridad y control de la deuda, el miedo que una solución excepcional pudiera dañar los principios de igualdad, mérito, oportunidad y publicidad que la Constitución marca para acceder a la función pública.

"Nosotros accedimos al trabajo cumpliendo con las condiciones de mérito e igualdad y no es culpa del interino si su plaza no han salido a concurso –argumenta Vázquez-. Y en todo caso todos estos trabajadores estamos en fraude de ley, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay una sentencia europea que así lo indica. Ahora es el momento de acabar con esta anomalía".

La sentencia a la cual hace referencia Vázquez es la que falló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado 19 de marzo, donde condena el estado español por el abuso de la temporalidad en el sector público y deja patente el fraude de ley del encadenamiento perpetuo de contratos. La sentencia, pero, no impone ninguna sanción ni obliga a ninguna solución concreta. Las diferentes administraciones pueden optar por el despido con indemnización o para estabilizar las plantillas con la fórmula que decidan.

"La solución no es sencilla, la casuística de los interinos es enorme y no es el mismo aquel que está cubriendo una baja que el que está en fraude de ley desde hace veinte años porque nunca se ha convocado su plaza", explicar el senador de Compromís Carles Mulet, que este jueves ha presentado una propuesta en el Senado para que se abrieron procesos de selección extraordinarios en la línea que defienden los Interinos en Acción de València. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos excepto PSOE, PNB y PÁR. "Pienso que esta fórmula es la más justa para la más grande cantidad de gente, pero seguro que no cubre todos los casos", admite el senador.

Otra alternativa es la judicial. En junio, pocas semanas después de la sentencia del TJUE, un tribunal condenó al Ayuntamiento de Alacant a hacer fija una interina que llevaba 13 años encadenando contratos. El fallo estipula que el consistorio deberá hacerla fija "como si fuera funcionaria". Un centenar de interinos del Ayuntamiento de València también han acudido a los tribunales en busca de una solución similar. Un movimiento que podría desencadenar un auténtico tsunami que amenazaría con colapsar los tribunales de lo social.