Las irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de l’Hospitalet tensan el PSC

El caso de la imputación de la alcaldesa de L’Hospìtalet de Llobregat, Núria Marin, y del resto de implicados en presuntas irregularidades en la gestión de una entidad dedicada a la promoción del deporte escolar ha dejado abiertas serias incógnitas sobre el futuro, porque ha dañado la imagen y el liderazgo de una de las figuras más valoradas dentro del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

Marín, que además de gobernar la segunda ciudad de Catalunya, es presidenta del PSC y de la Diputació de Barcelona, fue detenida el pasado día 10, declaró durante tres horas ante agentes de la unidad de la Policía Nacional especializada en delincuencia económica y fiscal (UDEF) y quedó en libertad a la espera de la citación a declarar en sede judicial.

Un concejal, también del PSC, Jaume Graells, había abierto una caja de truenos con efecto retardado. Lo hizo el pasado 3 de febrero, cuando pidió una reunión con la alcaldesa para explicarle que había detectado graves irregularidades en la gestión del dinero del Consell Esportiu de la ciudad. Desde entonces lo que un dirigente como Miquel Iceta valoró como una simple "irregularidad administrativa" ha tomado cuerpo en forma de presunto caso de corrupción. En aquel momento, el denunciante, Graells, era teniente de alcalde y responsable de las áreas de Educación, Deportes y Juventud.

Las cuatro denuncias que destaparon el caso

La reunión con Núria Marin tuvo lugar al día siguiente y Graells explicó las irregularidades que había detectado:

1. Directivos del Consell Esportiu de l’Hospitalet falsificaron actas de asambleas nunca realizadas, en las cuales se detallaban presupuestos muy inferiores a los que se liquidaban con la Generalitat de Catalunya, con un desfase superior a los 400.000 euros en algún ejercicio.

2. La entidad llevaba una contabilidad paralela y gestionaba una caja interna con la cual se realizaron "centenares de pagos en efectivo por todo tipo de servicios, sin declarar en ningún caso a Hacienda", por lo menos durante cuatro años.

3. El Consell Esportiu se hizo cargo de "gastos personales totalmente injustificados", como "pagos por servicios sin concretar", sobresueldos, compras de libros de autoayuda, dietas desproporcionadas, multas y consumiciones en bares.

4. Y uno de los implicados en tales prácticas, Cristóbal Plaza, que fue director del Consell Esportiu recibió una "indemnización" de 47.000 euros, que no había sido aprobada por ningún órgano de dirección, porque había abandonado el cargo voluntariamente. Pocos meses más tarde fue contratado como "asesor" por el Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Núria Marin explicó que inmediatamente después de conocer estas denuncias puso el caso en conocimiento del equipo de gobierno municipal y de la junta de portavoces. Fuentes del consistorio también señalan que se informó a la secretaría general del Ayuntamiento y que reclamaron la revisión por parte de la Intervención general de la documentación sobre subvenciones. La alcaldesa, ha podido saber este diario, ordenó al presidente del Consell Esportiu que pidiera la elaboración de una auditoría. El pasado 25 de febrero el estudio se encontraba en marcha, señalaron fuentes cercanas a la alcaldía, pero más allá de lo que denunció Graells no se dan a conocer más detalles sobre nombres, número de implicados, subvenciones, pagos y/o beneficiarios.

Nadie duda a estas alturas que se trata de un caso evidente de gestión irregular de una entidad estrechamente relacionada con el equipo de gobierno municipal. Algunos consideran que se trata de simples chapuzas administrativas, propias de tiempos pasados, pero el caso se encuentra en manos de la justicia.

Primeras detenciones

El pasado 10 de junio, la Policía Nacional registró la sede del Consell Esportiu y detuvo también a su director, Eduard Galí, al segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, y al concejal Cristóbal Plaza.

Desde el Ayuntamiento explican que desde entonces el conjunto de la documentación sobre el caso se encuentra bajo secreto sumarial y que por ese motivo no disponen de más información.

La alcaldesa, que ha sido acusada de haber mirado hacia otra parte cuando pusieron en su conocimiento información alarmante sobre la gestión del dinero del Consell Esportiu, explicó que no pensaba dimitir. "No hay motivo", dijo, al tiempo que manifestaba su disposición y voluntad para colaborar cuanto antes con la justicia. Posteriormente realizó las gestiones necesarias para personarse en la causa. Podrá tener acceso de esta manera a la información del sumario.

Ella misma confirmó que se la investiga por los delitos de prevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito, pero aseguró que desde el primer momento había trabajado para esclarecer el caso.

Aun así descartó la destitución de dos concejales imputados, porque según dijo, la investigación judicial está en marcha y cree en la presunción de inocencia.

Uno de ellos, Cristóbal Plaza, que ejercía como responsable de deportes y que fue quién cobró presuntamente una indemnización indebida cuando dejó la dirección del Consell Esportiu, presentó su dimisión el pasado día 12 de diciembre. El Ayuntamiento justificó la renuncia como un paso para "facilitar" la investigación.

El Ayuntamiento actuará como acusación particular

El pasado miércoles 23, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en favor de que el Consistorio se presente en el caso como acusación particular.

La moción contó, claro está, con los votos favorables de los concejales del PSC, aunque en junio pasado lo hicieron en contra.

“Una red clientelar”

Pero lo que hay o había en torno al Consell Esportiu, según Graells, es una "red clientelar". Catalunya Informació señaló que un candidato a la sucesión de Cristobal Plaza en su responsabilidad municipal era Àlex Porqueras, que ocupaba el cargo de asesor de Deportes en el Ayuntamiento y habría cobrado "en negro" cerca de 4.000 euros por la publicación de un libro y por participar en charlas, según consta en la documentación intervenida por la UDEF. La dimisión de Plaza se formalizó el pasado miércoles y fue sustituido finalmente por una dirigente del PSC de L’Hospitalet, Imán Aisa Abdellaoui.

El otro concejal imputado, Cristian Alcázar, que es el primer secretario del PSC de L’Hospitalet, sigue en el Consistorio.

Fuentes del partido, consultadas por Público, precisaron que Plaza y Alcázar habían puesto sus cargos a disposición y que la eventual suspensión de su militancia se produciría cuando se abriera el juicio oral. El código ético del partido así lo contempla. Pero si se produce tal suspensión, el PSC de l’Hospitalet deberá sustituir al primer secretario, en un contexto de seria división entre dirigentes. Una tormenta que viene de lejos, llena de acusaciones personales, agravada por el caso del Consell Esportiu y durante la cual algunos han llegado a discutir entre sí sobre si Núria Marin se encontraba detrás de la operación de la UDEF.

Por lo que se refiere a la alcaldesa, dirigentes del PSOE y del PSC y fuentes del propio Ayuntamiento aseguraron que "había dado todas las explicaciones", insistieron en la idea según la cual el Consell Esportiu es una entidad de carácter privado y que la auditoría que habían encargado sólo quedó paralizada cuando se puso en marcha la investigación policial.

Efectivamente se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción del deporte escolar, pero seis de sus consejeros los nombra el Ayuntamiento, el Consell lo preside el concejal de Deportes y buena parte de su financiación la consigue de la propia Administración municipal y de la Generalitat de Catalunya.

"Lo que ha pasado en l’Hospitalet no es excepcional"

El concejal que destapó las irregularidades, Jaume Graells, lamenta que "nadie de la dirección del PSC se haya interesado" durante todos estos meses ni por lo que había denunciado ni por las pruebas que había aportado. Considera que su partido "vulnera gravemente los protocolos de cumplimiento normativo aprobados en su último Congreso", cuando se votó a favor de una resolución para "facilitar a sus afiliados, sean o no cargos públicos, poder denunciar malas prácticas". Para ello decidieron crear el Òrgan de Control Intern (OCI), que debería "garantizar atención y protección a los militantes que se decidan a denunciar indicios de delito", recuerda.

"En tres ocasiones me he dirigido al OCI y al gabinete externo asociado. Han pasado más de cinco meses desde que dirigí el primer escrito y todavía no se me ha dado ninguna respuesta efectiva", explicó Graells a Público. "Han fallado todas las instancias de control" y eso es grave según él, "porque lo que ha pasado en L’Hospitalet no es excepcional".

"Existe una componente de carácter interno que también obligaría al PSC a actuar de inmediato", señaló el concejal denunciante, y es el de las "repercusiones económicas que esto puede comportar si las autoridades reclaman cantidades no pagadas al fisco, cobros indebidos, retorno de subvenciones... Más las sanciones que se deriven". "El PSC es corresponsable de la más que previsible quiebra del Consell Esportiu", aseguró Graells.

"Dejar en manos exclusivamente de la justicia la depuración de responsabilidades políticas mientras se mira hacia otro lado es una mala práctica en la que todos los partidos han caído y que denota una falta de voluntad y de compromiso para combatir la corrupción de raíz". "Ocultar los hechos para preservar la imagen de cualquier institución es la base de la corrupción sistémica que tanto daño ha hecho a este país", concluye.

El pasado día 18, el Parlament de Catalunya aprobó una resolución a instancias de ERC en la que se reclama a Núria Marin que sea "radicalmente transparente" ante las acusaciones de malversación y omisión del deber de perseguir un delito. El texto, en el que se insta a la alcaldesa a tomar las "medidas necesarias" para aclarar los hechos y a la "asunción de las responsabilidades necesarias", fue aprobado con el apoyo de Cs, ERC, CatECP, PPC y CUP-CC. El PSC votó en contra y JxCat, que apoyó a Marin para su elección como presidenta de la Diputació, se abstuvo.