Ministros del nuevo GobiernoIsabel Celaá tiene una nueva oportunidad de derogar la Lomce fuera de la portavocía del Gobierno

Isabel Celaá continúa al frente del Ministerio de Educación, lo que le ofrece una segunda oportunidad para derogar la Lomce, aunque no seguirá como portavoz del Gobierno, un cargo que asumirá la hasta ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Celaá, licenciada en Filología inglesa y Derecho y catedrática de Bachillerato de inglés, ha sido durante este año y medio la carta visible del Gobierno y ha tenido que dar cuenta de la acción del Ejecutivo en asuntos tan controvertidos como la crisis en Cataluña o la exhumación de Franco.

Criticada por la oposición por, entre otras cosas, hacer uso de la portavocía del Gobierno para hacer campaña, el pasado octubre la Junta Electoral Central (JEC) estimó parcialmente la denuncia de Ciudadanos contra las "valoraciones políticas" por hablar en nombre del PSOE y lanzar consignas electorales en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La JEC instó a la entonces a la portavoz en funciones a que maximizara "su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas que puedan quebrantar la estricta neutralidad que han de mantener los poderes públicos a lo largo de todo el proceso electoral". Sin embargo, no interpuso medidas sancionadoras.

En primera línea política desde los años noventa

En primera línea política desde los años noventa y antes de llegar al Ejecutivo de Sánchez, su papel fue el de una especialista en educación, con peso entre socialistas vascos por su alto dominio de la materia y su nivel intelectual, pero centrada en su sector, sin tanta relevancia en la línea política general del partido.

Con tantos años de trayectoria, estuvo en el gobierno vasco y en la oposición numerosas veces, y en los dos lados se comportó con seriedad y cierta dureza en defensa de sus argumentos, y, a la vez, capaz de negociar con los sindicatos y tejer complicidades con otros partidos.

Desde este próximo lunes, ya sin la responsabilidad de la portavocía del Gobierno, Celaá podrá centrar todos sus esfuerzos en la reforma educativa, cuyo proyecto de ley no se pudo aprobar durante los diecinueve meses de su anterior mandato en los que no cesó de defender la educación como el "verdadero ascensor social".

De hecho, en su cuenta de Twitter tiene escrita la frase "La educación es el eje del cambio personal, social y económico".

Desde el 7 de junio de 2018 en que tomó posesión del Ministerio con sede en la madrileña calle de Alcalá, Celaá ha querido impulsar la escuela pública y la Formación Profesional o atajar el abandono educativo.

Oportunidad para derogar la ley Lomce

Licenciada en Filología inglesa y Derecho y catedrática de Bachillerato de inglés, Isabel Celaá (Bilbao, 1949) no ha tenido tiempo de derogar la Lomce pero deja el proyecto de Ley Orgánica de Educación (Lomloe), también conocida como "ley Celaá" como pasó con su antecesor, José Ignacio Wert, y la "ley Wert".

Su texto coincide con muchas de las propuestas del reciente acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos como apostar por la educación integral, impedir la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos o eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y que la calificación de esta materia puntúe.

Unos puntos por los que ha tenido enfrente a las escuelas concertadas y católicas así como a la mayoría de los centros de educación especial, pero sin tener que sufrir huelgas o manifestaciones como las vividas por Wert con la marea verde, quizá por haber pertenecido a un Gobierno en funciones varios meses.

Celaá tiene otras muchas tareas pendientes, desde fijar una carrera docente -"los mejores profesores tienen que ser los que están en las aulas"- a garantizar el 5% del PIB para Educación y universalizar la educación gratuita de 0 a 3 años.

Durante los meses que ha permanecido al frente del Ministerio, Celaá no dejado de animar a las niñas a estudiar carreras tecnológicas y científicas (STEM) y de recordar que el mismo derecho tiene a estudios de calidad un alumno de una gran ciudad que el de "un pequeño pueblo con campanario"