Israel se apoya en los dos principales centros financieros de la UE, Irlanda y Luxemburgo, para financiar la guerra en Gaza

Israel se apoya en los dos principales centros financieros de la UE, Irlanda y Luxemburgo, para financiar la guerra en Gaza y, por tanto, los crímenes contra la población palestina que le han valido el rechazo internacional. Para ello utiliza los conocidos como bonos de la diáspora, que Israel lleva emitiendo desde 1951 y cuyo volumen amplía cada vez que necesita sufragar sus campañas bélicas, haciendo llamamientos a las comunidades judías repartidas por el mundo para que contribuyan. Son bonos de pequeña cuantía, por debajo de los 1.000 euros, pero tienen mucho éxito: recaudaron 2.410 millones de euros en 2024, según el informe anual de la Unidad de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas israelí.  

Para vender estos bonos en la Unión Europea, Israel necesita que un Estado miembro se convierta en país de origen de la emisión. Hasta el Brexit lo fue el Reino Unido. Desde 2021, ese papel lo desempeñó Irlanda. Hasta que Israel pidió al Banco Central irlandés que transfiriera a Luxemburgo la competencia para aprobar el folleto de sus bonos. El pasado 1 de septiembre, la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) del Gran Ducado lo autorizó. Las numerosas protestas ante la sede del Banco Central de Irlanda por servir de herramienta financiera a Israel se trasladaron entonces a Luxemburgo, tanto a la calle como al Parlamento. Los partidos de la oposición acusan al supervisor financiero y al Gobierno de "apoyar, como centro financiero" una política que al mismo tiempo el país estaba "condenando verbalmente". Luxemburgo reconoció el Estado de Palestina el pasado 22 de septiembre.

A resultas de las críticas cosechadas, la CSSF envió una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores donde le solicitaba su opinión sobre los bonos israelíes. También le pedía que le informara de cualquier cambio en la postura política oficial respecto a Israel, pues, en ese caso, podría revisar su decisión. Cuando estalló la polémica, el supervisor financiero esgrimió su independencia: "La CSSF no asume ningún compromiso respecto a la oportunidad económica o financiera de la operación ni a la calidad y solvencia del emisor". Lo mismo hizo el Gobierno luxemburgués: no podía intervenir en una decisión del organismo supervisor. La CSSF sólo puede rechazar el folleto de una emisión de bonos si éste no cumple los requisitos formales, si la UE ha sancionado al emisor o si se le han aplicado medidas nacionales restrictivas. "Se limita a determinar si la información contenida en el folleto es completa, coherente y comprensible", recordó el Ministerio de Asuntos Exteriores en el comunicado donde hacía pública la carta de la CSSF.

No se venden en España

Aun así, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, reconoció que la aprobación de los bonos puede contribuir "indirectamente" a la financiación de la guerra de Israel en la Franja. Sin embargo, una moción del Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP) para instar al Gobierno a calificar como crímenes de guerra y contra la humanidad las acciones de Israel en Gaza, de forma que la CSSF pudiera revocar la autorización del folleto de los bonos, fue rechazada en el Parlamento por 40 votos de un total de 60.

Ante el revuelo generado, el Ministerio de Finanzas de Israel se ha limitado a explicar que el traslado de Irlanda a Luxemburgo era un "paso natural", puesto que ya colaboraba con el Gran Ducado en su programa de deuda soberana negociable. "Esta medida garantizará que Israel mantenga un acceso continuo a inversores de todo el mundo", según indicaba un comunicado publicado por la agencia Reuters. Los bonos de la diáspora emitidos en euros se venden en Austria, Alemania, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. Ni en Irlanda ni en España. De todas formas, el traslado al Gran Ducado sólo es temporal. Irlanda ha delegado la aprobación del folleto de estos bonos a Luxemburgo por un año, hasta septiembre de 2026. Entonces, si Israel no solicita otra cosa, la emisión volverá a Irlanda. Porque, si quiere emitir bonos por un valor superior a los 1.000 euros actuales, podrá elegir otro Estado miembro para colocar su folleto. 

Irlanda reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, y lo hizo de forma coordinada con Noruega y España. La polémica por el apoyo financiero a Israel forzó al Banco Central de Irlanda a explicar por qué había transferido la competencia sobre el folleto a Luxemburgo. Según su gobernador, Gabriel Makhlouf, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que en julio de 2024 determinó que la ocupación de los territorios palestinos "no es una ley", por lo que no "obliga" al Banco Central. "No había ningún argumento razonable y proporcionado que justificara que rechazáramos la transferencia", explicó ante la Comisión de Finanzas del Parlamento irlandés el pasado miércoles.

Luxemburgo firmó la Convención sobre el Genocidio

No están de acuerdo los académicos que han elaborado una opinión jurídica sobre la acogida de los bonos israelíes en la UE para Law for Palestine, una organización sin fines de lucro de derechos humanos registrada en el Reino Unido y Suecia, y acreditada por el Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. La aprobación del folleto, a sabiendas de que permitirá a Israel acceder a los mercados de capital europeos para nutrir sus presupuestos, no sólo "activaría la responsabilidad internacional de Luxemburgo", sino que también lo convertiría en "cómplice" de "actos internacionales ilícitos". Según argumentan, la emisión de bonos constituye una "ayuda o asistencia prohibidas" por las leyes internacionales. Luxemburgo ha firmado la Convención sobre el Genocidio  –también suscribió la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024–, por lo que tiene el deber de "emplear todos los medios razonables a su alcance para prevenirlo". Y denegar la emisión de los bonos sería un "medio claro, disponible y poderoso de presión económica", concluyen.

También subrayan que "ningún otro interés estatal", ni siquiera el cumplimiento de la legislación interna u otros compromisos internacionales, puede justificar actos que contribuyan o asistan a la comisión de graves ilícitos internacionales.

A su juicio, Luxemburgo incurrirá en una "manifiesta falta de diligencia debida" si las actividades financiadas con esos bonos incluyen acciones que puedan ser consideradas un genocidio. Además, la CSSF incluso puede haber incumplido su obligación de proteger a las empresas y particulares que los compren ante "posibles responsabilidades futuras como facilitadores de las violaciones israelíes del derecho internacional", sentencian los juristas de Law for Palestine.