Así incumplen los países las obligaciones que fijan la ONU y La Haya para frenar el genocidio

El eventual fin del genocidio palestino llama a la puerta tras el acuerdo sellado por el Gobierno de Netanyahu y Hamás para la primera fase del plan de paz de Donald Trump en la Franja de Gaza, que incluye el intercambio de prisioneros y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave palestino.    

El pacto llega apenas dos años después de los ataques de Hamás que sirvieron de excusa a Israel para justificar una respuesta militar desproporcionada en la Franja de Gaza. Y es que la masacre perpetrada a lo largo de estos dos años por el Gobierno de Netanyahu ha dejado más de 66.000 palestinos muertos.   

Horas antes de este acuerdo, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de septiembre, contiene el embargo de armas, la denegación de la solicitud de tránsito por España para los combustibles con posible uso militar en Israel y la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, entre otras cuestiones.

Esta acción se suma al reconocimiento del Estado de Palestina en mayo de 2024 (este paso abrió la puerta a que otros países hicieran lo propio más tarde), y a la petición de la ruptura del acuerdo de asociación de la UE con Israel, que recientemente fue suspendido de manera "parcial". En un contexto marcado por la tibia y lenta respuesta de la comunidad internacional, así como las limitaciones de los tribunales internacionales a la hora de juzgar el genocidio israelí en Gaza, los partidos a la izquierda del PSOE exigen más acciones al Gobierno para tratar de frenar al Gobierno de Netanyahu.

Obligación de  “prevenir y sancionar” el genocidio

A la espera de que el alto al fuego en Gaza se materialice (está contemplado que entre en vigor 24 horas después de que el Ejecutivo israelí dé el visto bueno), el genocidio perpetrado por Israel ha puesto contra las cuerdas la actuación de los diferentes países a la hora de afrontar esta situación, desoyendo incluso resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Llegados a este punto, cabe recordar que, además de las obligaciones legales, la comunidad internacional tiene en sus manos herramientas diplomáticas y económicas para evitar, frenar o, al menos, no contribuir a colaborar con el genocidio israelí.

Algunas de ellas fueron introducidas de manera concisa por la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, quien afeó a finales de julio la "absoluta incapacidad de los líderes occidentales para hacer cumplir la ley internacional en lo que respecta a Israel". 

"Ministros, primeros ministros, presidentes de la República: no hacer nada, desviar la atención, sancionar a ministros individuales NO ES hacer cumplir la ley internacional que se desarrolló después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para prevenir otro Holocausto y otra Segunda Guerra Mundial", dijo en X. En este contexto, recordó la obligación de los países de acometer las siguientes acciones que se detallan a continuación:

• 1. Sancionar a Israel. Por ejemplo, la UE impuso sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania, como la prohibición de entrada en el territorio de la Unión Europea para las personas, el embargo de bienes para las personas y entidades y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

•  2. Imponer un embargo total de armas, es decir, "no comprar, no vender, no transferir, directa o indirectamente". 
  

• 3. Romper el asedio: enviar armadas en lugar de arrojar comida sobre las cabezas de los sobrevivientes hambrientos del genocidio.

• 4. Suspender todos los acuerdos comerciales con Israel "hasta el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid".

• 5. Investigar y procesar a las personas y organizaciones que han cometido crímenes en los Territorios Palestinos Ocupados.

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La propia Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU tras el Holocausto ocurrido durante de la Segunda Guerra Mundial, lo deja claro. Este instrumento, que consta de 19 artículos, proporciona la primera definición jurídica internacional del término "genocidio". 

En lo relativo a la responsabilidad de los Estados, les obliga a “prevenir y sancionar” el genocidio (artículo I)  y les invita a acudir a la Corte Internacional de Justicia (artículo IX). "Las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la presente Convención, incluidas las relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio o por cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, se someterán a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia", señala este último precepto. 

Desde finales de 2023, la Corte de La Haya tiene un proceso abierto tras la denuncia de Sudáfrica contra Israel por "genocidio" en Gaza. A la demanda del país africano se han unido 14 países, de los cuales solo dos son de la UE (España se encuentra entre ellos), una cifra que dista del apoyo sustanciado a la petición de Ucrania contra Rusia ante este mismo órgano. La CIJ aceptó hasta 32 declaraciones de intervención, entre los que figuran 26 de los 27 miembros de la UE (menos Hungría). También, EEUU hizo lo propio, pero su petición fue inadmitida por razones técnicas. 

Por otro lado, los diferentes países han desoído la orden consultiva de la CIJ dada a conocer en julio de 2024, en la que exigió “el fin de la presencia de Israel” en los Territorios Palestinos Ocupados. En su apartado de Consecuencias jurídicas para otros Estados, el principal órgano judicial de la ONU llamó a "abstenerse de entrar en tratos económicos o comerciales con Israel relativos al Territorio Palestino Ocupado que puedan afianzar su presencia ilegal y adoptar medidas para impedir relaciones de comercio o de inversión que ayuden al mantenimiento de la situación ilegal”.

Por otro lado, los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, entre los que no están ni Israel ni EEUU, tienen la obligación de acatar las resoluciones dictadas por la Corte Penal Internacional. Precisamente, este órgano adoptó el 21 de noviembre de 2024 una decisión de gran calado: emitió una orden de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la nueva ofensiva iniciada tras el 7 de octubre de 2023.

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El artículo 27 de esta herramienta constitutiva de la Corte Penal Internacional da potestad a los países miembros para actuar en caso de que Netanyahu acceda a su territorio, ya que el precepto elimina la idea de inmunidad de un jefe de Gobierno al establecer el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Existen precedentes de países miembros del Estatuto de Roma que han desobedecido esta orden. Fue el caso de la Hungría de Viktor Orbán, que invitó a Netanyahu en cuanto se emitió la orden de la CPI y anunció su retirada de la Corte Penal Internacional durante la visita del primer ministro israelí el pasado mes de abril. Esta decisión sin precedentes por parte de un Estado miembro de la Unión Europea supuso un grave revés para la justicia internacional, que no dispone de instrumentos reales para imponer el cumplimiento de sus resoluciones.