La situación en Oriente Medio y el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza contra la población palestina es un asunto que ha atravesado toda la actual legislatura de Pedro Sánchez. El día de los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, Sánchez todavía ejercía en funciones. Hoy en día la situación ha copado gran parte del debate político nacional. 

"Seguimos con consternación el ataque terrorista contra Israel y nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares. Condenamos rotundamente el terrorismo y exigimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil. España mantiene su compromiso con la estabilidad regional". Esa fue la primera reacción de Sánchez justo hace dos años tras los ataques de Hamás en suelo israelí. 

La condena a los "atentados terroristas de Hamás", la "liberación de los rehenes" y el combate contra el antisemitismo ha sido una formulación constante en los pronunciamientos y comunicados del Gobierno, especialmente a través del Ministerio de Exteriores, durante todo este tiempo. Unos mensajes que ya desde el inicio fueron acompañados de la defensa del alto al fuego y la aplicación de la solución de los dos Estados. 

Desde aquel 7 de octubre la situación humanitaria para la población palestina no ha dejado de empeorar. En lo que respecta a las relaciones de España con Israel, estas pasan probablemente por su peor momento de la historia. Se han producido cruces de comunicados, retiradas de embajadores y, finalmente medidas de presión emprendidas por el Ejecutivo como las anunciadas hace escasas semanas por Sánchez. Entre medias, una serie de puntos clave e iniciativas emprendidas por el Gobierno de manera progresiva. 

Visita a Netanyahu y Abbas

Sánchez fue investido el 16 de noviembre de 2023. Solo una semana después, el día 23, viajó a Jerusalén. Una buena muestra, según recuerdan en Moncloa, de la relevancia que le ha dado Sánchez a la cuestión. Allí se reunió, acompañado por el primer ministro de Bélgica Alexandre De Croo, con Benjamin Netanyahu. En el encuentro reiteró su condena a Hamás. Pero transmitió ya que "la respuesta no debe implicar la muerte de gente inocente en Gaza, incluidos miles de niños". Unas palabras que no gustaron en el Gobierno de Israel. 

El líder socialista viajó también ese mismo día a Ramallah para reunirse con Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y al día siguiente visitó el paso de Rafah, en la frontera de Egipto y Gaza. En ese marco apuntó ya a la necesidad de que los países de la UE reconocieran de manera oficial al Estado de Palestina. "España tomará su propia decisión", añadió al respecto. En el mismo viaje Sánchez se reunió también con el secretario general de la Liga Árabe, una organización con la que el Gobierno ha tenido mucho contacto fluido. 

Incluso antes del viaje Sánchez ya había puesto encima de la mesa otra iniciativa de la que Moncloa saca pecho por haber sido de los primeros en hacerlo. El 26 de octubre, en Bruselas con motivo de una cumbre de líderes europeos, propuso la celebración de una "conferencia internacional de paz" que desembocara en la solución de los dos Estados. La UE y varios países fueron recogiendo el guante de manera gradual. A finales de septiembre se celebró en el marco de la ONU aunque sin la presencia de EEUU ni el propio Israel. 

Presión en la UE 

El objetivo de Sánchez ha sido prácticamente desde el principio implicar a la UE en su conjunto. Otro hito relevante que recuerdan de manera reiterada en el Gobierno es el hecho de que España fuera de los primeros en pedir que se revisara el acuerdo de asociación de la UE con Israel. Fue en febrero de 2024 mediante una carta enviada junto a Irlanda a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen. Meses después ya se pedía directamente la ruptura inmediata. La Comisión Europea finalmente ha propuesto de momento, hace escasas semanas, una "suspensión parcial". 

Reconocimiento Estado de Palestina y primera cumbre

Sin duda la iniciativa que más suele destacar Sánchez en este camino es el reconocimiento del Estado de Palestina. "No estábamos solos, fuimos los primeros", ha dicho recientemente el presidente del Gobierno. Durante este mes de septiembre han dado este paso países como Francia, Reino Unido, Australia, Canadá o Bélgica. La idea de Sánchez era lograr que este reconocimiento se hiciera de manera lo más amplia posible dentro del marco de la UE. Tras varios meses decidió dar el paso únicamente junto a Irlanda y Noruega. Concretamente el día 28 de mayo de 2024. Días después se unía Eslovenia. 

A nivel simbólico tras este reconocimiento se celebró la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) en Moncloa durante el mes de septiembre de 2024. Contó con la visita de Abbas y varios encuentros interministeriales. Además, esa misma semana Madrid acogió la primera reunión del Grupo de Contacto árabe-islámico sobre Gaza junto a varios países europeos. 

Pasos judiciales, humanitarios y en la ONU 

España ha dado también algunos pasos en el ámbito judicial internacional, más allá del diplomático. Nuestro país se adhirió en junio de 2024 al proceso de demanda iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el genocidio de Israel. También ha asegurado el respaldo a la sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu y ha efectuado una contribución adicional de 1,6 millones de euros a este organismo.    

Desde el Gobierno de Sánchez se ha puesto mucho el foco en la necesidad de entrada de ayuda humanitaria para la población palestina. En el Ejecutivo han defendido el papel de la UNRWA, agencia de la ONU para la población refugiada. No solo no han cortado su financiación, como hicieron algunos Estados en un primer momento, sino que han aumentado las contribuciones económicas. Según las cifras que manejan en Exteriores se ha aportado más de 60 millones de euros en los últimos dos años. 

La defensa de la ONU y sus entidades ha sido otra de las características de la acción política de Sánchez. El Gobierno llevó de manera conjunta con Palestina una resolución a la Asamblea General de la ONU en el mes de junio de este año. El texto salió adelante con una abrumadora mayoría de 142 votos a favor y diez en contra, entre ellos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría. 

El embargo de armas y otras medidas 

Los últimos pasos dados por Sánchez en el conflicto han sido los más concretos y directos respecto a la acción de Gobierno. El pasado 8 de septiembre, en una declaración institucional realizada desde Moncloa, anunció nueve medidas "de presión" a Netanyahu. Entre ellas se encontraba la plasmación sobre el papel del embargo de armas a Israel. Una medida que, defendía el Gobierno, se venía aplicando ya desde el 7 de octubre de 2023 pero que ha tenido diferentes brechas, ha provocado tensiones internas e incluso la anulación a posteriori de varios contratos de armamento con el país hebreo. 

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También se ha incluido la prohibición de importaciones de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino.  El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy investigará por su parte a empresas que "publicitan en España servicios prestados o productos hechos en territorios palestinos ocupados por Israel".

Otras medidas que se incluyeron fueron las prohibiciones de tránsito de combustible destinado a Israel, la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes o la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio. El decreto, en todo caso, se vota este martes en el Congreso con cierta incertidumbre por si saldrá adelante.

Los anuncios de estas medidas han provocado una escalada de la tensión diplomática. Israel no cuenta con embajadora en España desde mayo del pasado año. Y nuestro país en estos momentos tampoco. El ministro de Exteriores José Manuel Albares llamó a consultas a nuestra representante diplomática en Tel Aviv y todavía no tiene fecha de regreso. Fue la respuesta diplomática al anuncio de prohibición de entrada a Israel de Sira Rego y Yolanda Díaz, así como las "calumniosas acusaciones" del Gobierno de Netanyahu. España a su vez ha prohibido la entrada de dos ministros israelíes. 

La presión social y los movimientos activistas han sido clave para entender algunos de los posicionamientos de Sánchez. El líder socialista abrazó las protestas civiles en La Vuelta por la presencia del equipo Israel-Premier Tech, ha pedido la expulsión del país de las competiciones deportivas y culturales y ha avalado la misión de la Global Sumud Flotilla. El Gobierno envió un buque marítimo para proteger los barcos pero no impidió que Israel detuviera a todos los integrantes. En Moncloa barajan qué tipo de acciones legales emprender contra Israel por estas detenciones. 

Las críticas y lo que queda por hacer 

El papel del Gobierno no ha estado exento de críticas desde la izquierda. Sumar o Podemos le han reclamado mayor ambición y en algunos casos consideran que se ha llegado tarde, así como los colectivos sociales. Una de las peticiones principales es la ruptura total de relaciones comerciales, diplomáticas y culturales con Israel. Una opción que en Exteriores no contemplan porque consideran que el país hebreo debe ser parte de la solución, para lo que ven necesario mantener contactos. 

Respecto al decreto de embargo de armas, organizaciones como el Centro Delàs de Estudios por la Paz han denunciado que puede ser un "colador" por diferentes motivos. Uno de los más criticado es la cláusula de excepcionalidad por la que el Consejo de Ministros se reserva la potestad para levantar este embargo por "intereses generales". 

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Tampoco ha sido bien recibido desde la izquierda la reacción de Sánchez al "plan de Paz" propuesto por Donald Trump para Gaza. Sumar se desmarcó de la posición del presidente y del ala socialista del Gobierno y afeó que situarse con la propuesta estadounidense "desaprovecha la oportunidad que abre la movilización social". La vicepresidenta Díaz acusó la semana pasada de "tibieza" al PSOE y pidió "desmontar la economía del genocidio" por completo.