En las últimas horas, la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho públicas hasta cuatro sentencias en las que rebaja condenas por agresiones sexuales. Estos tribunales justifican la reducción de las penas, amparándose en la nueva ley 'sólo sí es sí' que entró en vigor hace poco más de un mes.

Entre las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid se encuentra la reducción de condena de ocho a seis años de un hombre que agredió sexualmente a su hijastra. Según los jueces del caso, la nueva norma obliga a fijar la condena mínima en los seis años de cárcel.

Sin embargo, tal y como explican desde el Ministerio de Igualdad, el juez no ha considerado que la Ley de Libertad Sexual, en su artículo 181.2, establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años. Además, según señalan, no se puede rebajar un grado cuando concurre prevalecimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco, como es el caso. 

Parece evidente que el cuestionamiento de la ley responde en todo caso a una campaña del poder judicial más reaccionario, que ha optado por utilizar la ley en su interpretación más dañina para las víctimas y menos lesiva para los agresores para torpedear los avances feministas. 

Recordemos que la principal innovación que introducía la ley 'sólo sí es sí' consistía en eliminar la distinción entre agresión sexual y abuso, situando el consentimiento libre de las mujeres en el centro de la norma. Es decir, se trata de una ley concebida esencialmente para ampliar la protección de las víctimas y reducir la impunidad de los agresores, ya que todo lo que antes se penaba como abuso sexual ahora se pena más gravemente.

Son muchos los casos que ejemplifican este sesgo machista de la judicatura. El ejemplo más sangrante, y que motivó la reacción del movimiento feminista, fue la sentencia de la Manada, que juzgaba la violación grupal de una chica durante los San Fermines de 2016. La sentencia de la Audiencia de Navarra, que condenaba a nueve años de cárcel a cada uno de los acusados, contó además con el voto particular de uno de los magistrados, que pidió directamente la absolución de los acusados, argumentando que todo sucedió en un "ambiente de jolgorio y regocijo" y que los gestos de la víctima le sugerían "excitación sexual". 

Otro ejemplo fue el duro interrogatorio al que el fiscal de otro caso de violación grupal, el de la Manada de Sabadell, sometió a la víctima. 

O la que fuera titular del juzgado de violencia sobre la mujer nº1 de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, interrogando a una víctima de violación. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dependiente de las Naciones Unidas, en su recomendación número 33, advierte sobre los riesgos de una justicia machista. Cito textualmente: "Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa". Esto tiene consecuencias en el derecho penal, ya que, tal y como aseguran desde el comité, "dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad".

En cuanto a las reacciones, no parece que el ala derecha del Gobierno tenga una postura clara. Por un lado, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado partidaria de revisar la ley 'sólo sí es sí'.  

Desde La Base hemos querido preguntar directamente al Ministerio de Igualdad sobre si efectivamente la norma sirve para rebajar condenas o se trata de un bulo. Hemos preguntado a Rosell sobre si, conociendo la existencia del sesgo reaccionario de la judicatura, la Ley no ha sido capaz de limitar el margen a las posibles interpretaciones machistas que pudiera tener.