El juez del accidente de Santiago no descarta volver a imputar al presidente de Adif

El juez Luis Aláez, que instruye la causa por el accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio en Santiago, ha criticado este jueves que los informes independientes aportados a la instrucción por Adif y Renfe se "hayan quedado en la causa más obvia del accidente" y guarden "silencio" sobre la "insuficiente" señalización en la zona. A tenor de esta cuestión, el magistrado pide a Adif nuevos informes relacionados con el sistema ASFA.

En un auto emitido este jueves, Luis Aláez acuerda incorporar a la causa los informes técnicos realizados por Renfe y Adif sobre el accidente. Sobre estos informes, el juez recuerda que su intención no era la de "buscar responsabilidades", aunque se muestra sorprendido por el hecho de que se "hayan quedado en la causa más obvia del accidente" —la distracción del maquinista—"sin entrar a examinar la existencia de otra posible causa ajena o extraña al maquinista", como "la insuficiencia de advertencia de peligro".

En esta línea, el magistrado reprocha que "ni siquiera se considere la posibilidad de las carencias apuntadas" en una zona que, recuerda, el tren debía reducir su velocidad desde los 200 hasta los 80 kilómetros por hora. "No es ilógico pensar que, si a pesar de la llamada hubiese otras advertencias de peligro más allá de la señalización del cambio de velocidad en el Libro Horario y Cuadro de Velocidades, la conducta de aquel podría haberse modificado a tiempo", indica el auto.

Adif y Renfe, cree el juez, "tienen el deber legal de investigar las causas del accidente y de colaborar con la Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios". Esta comisión, recuerda Aláez, "parece haber respaldado la posibilidad de la insuficiencia de la regulación de los cambios de velocidad" como causa secundaria del accidente.

Por ello, critica a Renfe y a Adif que, en sus informes, se hayan centrado en "la posible causa directa e inmediata" y no en "otras posibles causas subyacentes" para "poner en marcha aquellas medidas" necesarias para "minimizar la posibilidad de que se produzca otro accidente similar".

"Sorprende especialmente que no se haya realizado un análisis de esas posibles insuficiencias cuando las mismas, como se avanzaba, parecen haberse detectado sin grandes dificultades por la Comisión Investigadora y asumido por Adif", indica el juez, que recuerda que, tras el accidente, se incorporó un anexo al Manual de Circulación reforzando la señalización en zonas de reducción de velocidad importante, como en el caso de A Grandeira.

Asimismo, Luis Aláez recuerda que "no es novedoso en el sector la cuestión de los riesgos derivados de reducciones de velocidad", dado que, en el año 1997, "se afrontó el problema" por la Dirección de Protección Civil, que añadió al Manual de Circulación un anexo que reforzaba la señalización de anuncio y preanuncio para el sistema ASFA.

Este anexo recoge que, en aquellos trayectos de velocidad máxima superior a 160 kilómetros por hora, se relacionarán con el sistema ASFA mediante la dotación de balizas las señales de anuncio de velocidad limitada temporal, cuando la limitación sea inferior a 100 kilómetros por hora; y las señales de preanuncio de velocidad limitada temporal, cuando la limitación sea igual o inferior a 60 kilómetros por hora. Este cambio, recoge el anexo, se realizó para "ayudar al maquinista" en la "observación y cumplimiento" de las señales en los tramos en los que, temporalmente, la reducción de velocidad fuese significativa.

Para Aláez, para quien la "gravedad del accidente y sus resultados exige una investigación exhaustiva", es importante conocer "cuáles fueron las razones" de la incorporación de estos dos anexos a la normativa del ASFA. Del más reciente, adoptada este mismo año, "tendrán posibilidad de ofrecerlas los técnicos o expertos de la Comisión", mientras que reclama a Adif que aporte a la causa los informes, análisis de incidentes, accidentes y evaluaciones de riesgo que llevaron en 1997 a dictar la norma de ampliación de señales Asfa en zonas de reducción temporal drástica de la velocidad.

En el auto, el juez rechaza llamar en calidad de testigos al actual presidente de Adif, Gonzalo Ferre, y al responsable de la Seguridad en la Circulación en el momento de la apertura de la línea, Andrés María C.L., algo que había sido solicitado por la defensa del maquinista.

En concreto, Luis Aláez considera que llamarlos en calidad de testigos es algo "prematuro" y "contradictorio" con el hecho de que puedan "ser imputados". En este sentido, explica, no "descarta definitivamente" su imputación, anulada en su momento por una sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial —al igual que la imputación de los restantes cargos de Adif—.

"No es que no tengan interés para la causa sus declaraciones, sino que se posponen para el momento en el que se disponga de elementos suficientes para que su llamada al procedimiento se haga conforme al estatuto procesal más adecuado", recoge el auto, en el que el juez deja abierta "la posibilidad de una nueva atribución de posible responsabilidad" a estos dos responsables de Adif.

Finalmente, el juez da a la defensa del imputado cinco días para que aporte los comprobantes que acrediten la admisión de un perito solicitado por los abogados del maquinista. El perito propuesto, Ángel Luis D.C., deberá acreditar su experiencia profesional y su carácter como experto en conducción ferroviaria.