ZARAGOZA .- El juez de Calamocha (Teruel) ha ordenado la apertura del juicio oral contra Francisco Franco Martínez-Bordiú, el nietísimo del dictador, y contra N. S. R., empleado de una empresa de su familia, a los que ha impuesto una fianza de 4.220 euros bajo el apercibimiento de que serán embargados si no la depositan.

Esta resolución cierra la instrucción judicial iniciada tras la fuga de la Guardia Civil, y la posterior embestida al coche patrulla, que protagonizaron el 30 de abril de 2012 en la provincia de Teruel los ocupantes de un todoterreno propiedad de una empresa de los Franco.

La investigación señala a Francis Franco como el presunto conductor del Toyota Hílux que se dio a la fuga y a N. S. R. como el supuesto copiloto que exhibió a los agentes, con actitud amenazante, la funda de un arma larga antes de ser embestidos. Ambos han negado siempre que participaran en los hechos y reclaman su absolución.

El auto de apertura del juicio oral, fechado el 18 de julio pero notificado esta semana a las partes, concede a ambos acusados un plazo de diez días hábiles para que –ellos o Axa, compañía con la que estaba asegurado el coche- formalicen la fianza, “con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

La investigación señala a Francis Franco como el presunto conductor del Toyota Hílux que se dio a la fuga

El plazo para afianzar esa cantidad, cuya finalidad es “asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes“ en una eventual sentencia condenatoria, finaliza a primeros de septiembre, ya que se trata de una fianza de responsabilidad civil, y el mes de agosto no es hábil en esa jurisdicción.

El magistrado, que apunta que “no concurren en el presente caso” los supuestos que la ley contempla para decretar el sobreseimiento de la causa, reseña que el nieto del dictador se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad agravado por el uso de un instrumento peligroso –el coche-, otro de conducción temeraria –por la fuga-, otro de daños –por los desperfectos causados en el coche patrulla- y una falta de lesiones, mientras que N. S. R. únicamente lo hará por el primero de los delitos y por la falta.

Francis Franco se enfrenta a una condena máxima de seis años y un día de prisión, multas por 26.500 euros, indemnizaciones por 4.220 y seis años de retirada del carnet de conducir, que son las mayores peticiones de la Fiscalía y del agente que resultó lesionado, representado por el abogado turolense Carlos Muñoz. Su empleado afronta una pena máxima de cuatro años y un día de prisión.

La Abogacía del Estado, por su parte, no reclama penas de prisión para ninguno de los acusados pese a ejercer la acusación, ya que únicamente ejerce acciones civiles, según señala en su escrito de conclusiones provisionales.

El letrado del Gobierno se adhiere a la petición de la Fiscalía y reclama a los acusados y a la compañía de seguros una indemnización de 2.720 euros por los daños que sufrió el coche policial.

La Audiencia de Teruel ratificó tanto el procesamiento de los dos imputados como el posterior auto en el que el juez de Calamocha enumeraba, sin prejuzgar la causa, las seis pruebas por las que consideraba que el nietísimo debía sentarse en el banquillo.