El juez Jaime Serret Cuadrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha acordado archivar la causa respecto a cinco de los seis policías acusados de un delito de allanamiento de morada por acceder con un ariete en una fiesta ilegal que se celebraba en un piso de la calle Lagasca, manteniendo la acusación solo sobre el subinspector policial al mando del operativo.

El juez Serret Cuadrado alude al "carácter jerárquico de la organización de la Policía Nacional" y señala que, que en este caso, se concreta con la existencia de "un jefe de operativo al que estaban subordinados los otros cinco agentes".

"Está claro que la intervención de estos cinco agentes se realizó única y exclusivamente en el cumplimiento de las órdenes del jefe del operativo. Es decir, la actuación de estos cinco agentes, fue en el ámbito del cumplimiento de una orden emanada de un superior jerárquico competente, y todo ello con independencia de las dudas sobre la ilicitud de esta orden emitida", apunta.

El archivo se produce a instancias de la Fiscalía de Madrid. En la audiencia preeliminar celebrada el pasado 8 de octubre para la solicitud de pruebas de cara al juicio que se realizará por jurado popular, las partes solicitaron si procedía o no la apertura de juicio oral.

En la vista, el fiscal pidió seguir el procedimiento solo respecto al subinspector al mando de la operación policial llevada a cabo el pasado 21 de marzo. Las partes solicitaron además la práctica de diligencias, entre ellas la acusación particular solicitó la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta por el morador y a instancias de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ordenaran investigar los posibles excesos policiales llevados a cabo en la intervención policial realizada el pasado 21 de marzo.

Deniegan la testifical de Marlaska

El letrado Juan Gonzalo Ospina solicitó la testifical del ministro en aras de acreditar que "el Ministerio del Interior no autorizó de manera previa la actuación de los agentes de la Policía Nacional para infringir el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se cometan infracciones administrativas".

En la resolución, el juez deniega las diligencias solicitadas por el letrado, dado que a su juicio "no van dirigidas como exige el artículo 27 de la LOTJ antes citado, a comprobar la existencia de los hechos denunciados, sino que tratan sobre la opinión (jurídica o no) de terceros sobre estos hechos".

"En este sentido, es indiferente la opinión de una Academia de Policía, el Ministro del Interior, un periódico o un Catedrático de Derecho Penal. La prueba no es sobre opiniones jurídicas. La prueba es sobre hechos", asevera.

En cambio, sí acepta algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de los agentes, defendidos por la Abogacía del Estado y por un sindicato policial.

De este modo, cita el próximo 19 de noviembre a vecinos y al casero, ya que "tiene por objeto acreditar si el piso 2ºC del número 18 de la calle Lagasca, era una vivienda donde vivía el denunciante o bien era un piso donde no vivía nadie y se utilizaba como discoteca clandestina durante el confinamiento".

De igual modo, el juez oficia al Ayuntamiento de Madrid para que remita el certificado de empadronamiento de la vivienda, así como que informen si el querellante se encuentra empadronado en la ciudad de Madrid.